Cuando las carreras políticas dependen de los de arriba, la disciplina acaba sustituyendo al debate y se prima la lealtad al mérito
En estos momentos de conmoción por la reaparición de ostentosos casos de venalidad política, conviene revisitar, como diría un anglosajón, el libro de Javier Pradera Corrupción y política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg). Se publicó en 2014, veinte años después de haber sido escrito, el lapso que medió entre su redacción y la aparición del manuscrito entre el copioso legado de textos, notas y papeles que el autor dejó tras su muerte. Solo se puede especular sobre por qué no lo publicó en su día. De lo que estoy seguro es que no fue, como se ha sugerido, por no perjudicar al PSOE. Tal afirmación significa ignorar las durísimas columnas que dirigiera a ese partido durante ese mismo periodo y desconocer el talante personal y ético del personaje.
Pero bajemos al texto, que es lo que importa. Antes que nada, conviene atender tanto al contexto en el que fue escrito como al de su publicación. El primero abarca el largo proceso de implantación de la democracia en nuestro país, con la profusión de escándalos que afectaban sobre todo al PSOE en el gobierno; el segundo, sitúa la aparición de estas reflexiones justo cuando estábamos tratando de asimilar casos tan mediáticos como la trama Gürtel, Nóos/Urdangarin, el caso Bárcenas o los ERE de Andalucía.
Ambos hitos temporales remiten, pues, a dos momentos de especial sensibilización frente al fenómeno de la corrupción, algo que los vincula inevitablemente a nuestra situación presente. Es como si la irrupción pública de estos escándalos y la atención que les prestamos fuera por olas, ciclos de tormenta mediática a los que luego sigue un periodo de calma. Pasamos, así, de la hipersensibilización a la indiferencia. Pero, como vemos, el cáncer siempre estuvo y seguirá estando ahí, haya o no nuevos rebrotes de gran resonancia pública. Esto es precisamente aquello sobre lo que advertía Pradera, como bien dice el subtítulo del libro: la venalidad política es una externalidad negativa de la democracia, tanto más propensa a hacer su aparición cuanto mayor sea la pasividad a la hora de atajarla y la debilidad de la armadura legal e institucional encargada de combatirla.
Ese fue el caso del primer periodo referido, aquel sobre el que Pradera se explayó con especial detalle, caracterizado por una expansión creciente del Estado y el gasto público y el progresivo asentamiento de los partidos en la todavía joven democracia, con sus progresivas necesidades de financiación y la correlativa tolerancia hacia conductas de dudosa rectitud ética. Porque, para empezar, cuando hablamos de corrupción nos referimos a un amplio abanico de conductas que comparten un rasgo común: la obtención de algún beneficio privado gracias a la posición que se ocupa en la estructura de poder, el desempeño de algún cargo público. Y, como es lógico, ofrece una variedad de supuestos pasmosa: desde aprovechar lucrativas puertas giratorias cuando se abandona el cargo —y gracias a él, claro está— hasta meter la mano directamente en la caja, como hicieron algunos responsables del Ministerio del Interior con el dinero de los fondos reservados. Sin olvidar la imprescindible complicidad de la sociedad civil, ese amplísimo campo del tráfico de influencias, donde suelen hacer su aparición los siempre escurridizos y siniestros intermediarios, siempre atentos al botín de los contratos de obras y servicios, las recalificaciones urbanísticas u otros actos administrativos con claro beneficio privado.
Hasta que no fueron aflorando los escándalos, ramificados por todo el territorio nacional, en todas las escalas de decisión y casi sin distinción de partido, no acabamos de tomar conciencia de sus múltiples formas y del desafío que supusieron para la propia deslegitimación de la democracia. Con el agravante de que la sensibilidad hacia estas formas de venalidad y su denuncia solo parecía importar a nuestros agentes políticos cuando quienes se veían inmersos en ellos pertenecían al partido contrario. Las llamadas a la dimisión desde las bancadas de la oposición cada vez que se producía un escándalo se tornaban en tozudos aferramientos al cargo cuando a esta le tocaba ejercer el gobierno. Y esa flagrante contradicción entre discurso público y acción real acabó teniendo un corrosivo impacto sobre la confianza en la política.
Tanto la presión social como la verificación empírica de que los casos de corrupción poseían un efecto electoral claramente negativo para los partidos implicados, condujo a un progresivo desarrollo del sistema inmune del Estado de derecho. Pronto se fueron introduciendo reformas, que afectaron sobre todo al control de la financiación de los partidos políticos y de la discrecionalidad administrativa, las principales fuentes de la caída en este tipo de prácticas; una apuesta explícita por hacer gobernar la transparencia en la gigantesca red de decisiones que caracteriza al Estado contemporáneo y otros medios para anular cualquier abuso de poder. El objetivo era disolver cualquier incentivo para caer en los tradicionales amaños. Creo que ese objetivo se logró. Hoy poseemos en España un entramado legal dirigido al control de la corrupción que no se diferencia en prácticamente nada al de cualquier otra democracia avanzada.
¿Por qué entonces siguen apareciendo los escándalos? No, desde luego, porque —como señalaba Pradera— exista una “propensión ontológica a la corrupción” por parte de los políticos profesionales. La causa, nos dice, es más estructural o, si prefieren, “sistémica”. Tiene que ver fundamentalmente con la concentración del poder en los partidos, que acaban siendo los usufructuarios de todo el entramado estatal, que lo ocupan en hasta en sus últimos alveolos. Ad intra, sin embargo, no pueden evitar sus tendencias oligárquicas, favorecidas por el propio diseño vertical de las listas electorales o, a partir de la elección de su líder por los afiliados, el giro cesarista de su dirección. Y cuando las carreras políticas dependen de los de arriba, la disciplina acaba sustituyendo al debate y se prima la lealtad al mérito. Bajo esas condiciones, las llamadas a “prietas las filas” cuando asoma algún caso de corrupción impiden la exigencia de responsabilidades internas con el consiguiente intento de encubrir —cuando no banalizar— los escándalos.
Con todo, aquello que no le dio tiempo a ver a Pradera, la fiera polarización en la que ha caído nuestro sistema de partidos, ha introducido un elemento nuevo cuyo impacto potencial sobre la evolución del enjuiciamiento popular de la venalidad política es todavía imprevisible. Me refiero a la sospecha de falta de imparcialidad e independencia del sistema de la justicia, ya se trate de aquella parte más subordinada al poder ejecutivo, la fiscalía general, como de los propios jueces, acusados —sin apenas entrar en matices o distinción de personas—, de una politización flagrante. La encuesta publicada el pasado lunes en este periódico solo puede llamar al desánimo y exige una reflexión colectiva en profundidad. Tanto por parte de quienes lanzan irresponsables acusaciones interesadas, como por los propios miembros del poder judicial, sin excluir, claro está, a los medios de comunicación.
La acusación es de una seriedad meridiana. Todo nuestro sistema de controles de la actividad delictiva de los agentes políticos pivota al final sobre los presupuestos del Estado de derecho. Eso no tiene por qué excluir las críticas a sentencias puntuales, pero trasladarlo al sistema como un todo acabaría reduciendo la aplicación de la ley a cargos políticos a mera opinión interesada. El paraíso para quienes se ven afectados por las pesquisas y el infierno para quienes seguimos creyendo en la justicia. No aclarar este problema en una conversación pública serena y responsable acabará por retrotraernos a los tiempos más oscuros de la democracia. Si es que no estamos ya en el más preocupante de todos.
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Réquiem por el votante de centro ,,, 6.7.26
Los grandes partidos fían más su victoria a la confrontación con el otro que a una estrategia de entendimiento
El centro puro no existe, al menos si lo comparamos con las categorías de izquierda o derecha, que suelen tener un carácter más identitario. En ellas se es de una cosa u otra sin necesidad de tener que preguntarse por qué; es un atributo que permite orientarnos en el mundo de la política a partir de una visión binaria que cada cual rellena después del contenido que buenamente desee. Aun así, cuando se pregunta al ciudadano dónde se ubica en el eje izquierda/derecha —el clásico baremo del 1 al 10—, la media se sitúa ahora en torno al 4,8, algunas décimas a la derecha de lo que venía siendo la pauta de las últimas décadas, más cercana al 4,5. Es decir, que el votante medio se sitúa en el centro; o, mejor, es “moderado”. Moderado con una ligera inclinación a la izquierda, eso sí.
A la hora de la verdad, sin embargo, esa limpieza que ofrece el dato estadístico tiende a emborronarse. Existe una marcada tendencia a desplazarse a posiciones más extremas cuando el liderazgo del partido de referencia empuja en esa dirección a sus votantes. Y, no lo olvidemos, es un eje que en nuestro país convive con el de los sentimientos nacionales.
En esta capacidad del liderazgo debió de pensar Alberto Núñez Feijóo al suscribir sus sorprendentes y ominosos pactos con Vox: me aseguro el gobierno en las autonomías donde fui el más votado y, de cara a las generales, el antisanchismo visceral que impera entre mis votantes hará el resto. Riesgo cero. De modo especular, es la misma confianza que sostiene al Gobierno, solo que ahora por la razón inversa: un PP abrazado a Vox es el revulsivo que necesitan sus votantes para volver al redil, tanto los desmoralizados por los escándalos como los críticos con los pactos con otros partidos. No es para menos. A la vista de las cesiones hechas en Andalucía, imaginar un gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente no resulta un escenario fácil de digerir. Si eso ocurre en el bastión del líder más moderado del PP, ya cualquiera cosa parece posible.
En la batalla de las próximas generales sobrarán los programas o, en el caso del partido del Gobierno, la ponderación del rendimiento de cuentas. Asistiremos más bien a un choque de fobias que arrastrará hacia los extremos. Bloque contra bloque. La animadversión más intensa dirimirá la contienda. ¿Qué pesa más, el rechazo a Sánchez, por simplificar, o imaginar a Abascal en el Consejo de Ministros? El horizonte está bien claro, acabaremos teniendo de nuevo o bien un “gobierno Frankenstein”, por que me entiendan, u otro sustentado por la ultraderecha. Dicho de otro modo, el país del 4,8 de media en autoubicación ideológica, se tragará a los del 1 y 2 más independentistas —por incorporar al otro eje— o bien a los que se sitúan del 8 en adelante y ni siquiera creen en el Estado de las Autonomías. Todo dependerá, desde luego, de las concesiones que los dos grandes partidos hagan a sus extremos. Pero ya sabemos que obtener el poder o mantenerse en él no atiende a esas minucias.
El resultado es que la mayoría de los votantes, que son de centroizquierda o centroderecha, quedarán huérfanos de representación. Por no hablar de los de centro-centro, el 20-25 % que se ubican en el 5. El votante moderado está secuestrado por la polarización. Acabará en la abstención o votando por quien le produzca menos rechazo, sin el menor entusiasmo. Pero, sobre todo, seguirá preguntándose por qué el PSOE no concedió esos dos votos que le faltaban a Juan Manuel Moreno en Andalucía, por ejemplo, o por qué este ni siquiera se los pidió. Pues porque cada uno de los grandes fía más su victoria a la confrontación con el otro que a una estrategia de entendimiento. El interés del partido por encima del de el propio país. Esto es lo que nos pasa.
Corrupción y fin de ciclo político ,,, 7.7.26
Un claro hilo conecta venalidad política y cambio de era, y conduce a la erosión de los partidos afectados
Desconfianza creciente hacia quien gobierna, escepticismo ante la posible alternativa, polarización, problemas de gobernabilidad… Parece que hablo de España, ¿verdad? Pues no, hablo de cualquiera de las democracias europeas. A todo lo anterior, en nuestro caso habría que añadir un elemento del que no es para sentirse orgullosos: la corrupción. Fue la causa del final del Gobierno de Rajoy y probablemente arrastrará también a Sánchez, aunque de esto último me ocuparé más adelante. Ahora me interesa reafirmar la idea. Tenemos la ética pública hecha unos zorros, pero esta solo tiende a resultar escandalosa cuando afecta al adversario. Fue la razón fundamental para entronizar al actual presidente; ahora es la espada que se blande para acabar con él.
Con esto no quiero abundar en el ya casi mítico “y tú también”, que merece figurar como uno de los latiguillos favoritos de nuestra política, sino detenerme en el deterioro que significa para nuestra cultura cívica el hecho de que no sean los propios partidos quienes acometan una drástica limpieza interna cada vez que asoma el más mínimo indicio de conductas de ese tipo. Tampoco asumen, con rapidez y determinación, las responsabilidades políticas que les corresponden, sino que se parapetan tras estrategias de justificación o esperan las sentencias judiciales. Al final, casi todo acaba saliendo a la luz, y entonces es cuando han de aceptar las consecuencias.
Después de ser desalojado del poder, el PP de Rajoy atravesó un calvario de luchas intestinas y sufrió el abandono de la política de muchos de sus cuadros más experimentados hasta llegar a la más bien insulsa paz introducida por Feijóo. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, fueron los escándalos que afectaron al felipismo los que abrieron las puertas a Aznar. Hay, pues, un claro hilo que conecta venalidad política a cambio de ciclo y también conduce a la propia erosión interior de los partidos afectados. En estos momentos es la losa más pesada que pende sobre el Gobierno, hasta el punto de hacer casi imposible hablar de cualquier otra cosa. Más aún si se tiene en cuenta que el ciclo sanchista se construyó sobre el relato de la superioridad moral, su coalición parlamentaria aparece cada vez más fragmentada y escéptica sobre la continuidad de la legislatura, y la maquinaria judicial sigue implacable.
Con todo, nadie cree que se convoquen pronto nuevas elecciones, salvo que no salga adelante el ya anunciado proyecto de Presupuestos. Me parece un error, porque supone encubrir los escándalos bajo el argumento de la ingobernabilidad. Pero ahora parece que toca cerrar filas para minimizar los daños; para empezar, reajustando el discurso recurriendo al acoso judicial, que recuerda a las críticas que en su día dirigió el PP contra el juez De Prada a raíz de la sentencia que condenó a este partido. Lo que necesitamos, por el contrario, es una verdadera catarsis que purifique un mal que tanto ha marcado nuestro devenir democrático, esa fea mancha que todo lo ensucia. Y ello exige ir más allá de los partidos; también requiere, entre otras cosas, evitar la filtración de los sumarios, defender la presunción de inocencia y eludir los juicios mediáticos paralelos, pero, sobre todo, establecer las garantías legales necesarias para eliminar cualquier posibilidad de caer en estas prácticas. No asumidas otras responsabilidades políticas, el elemento catártico fundamental es, obviamente, convocar elecciones, sujetarse al juicio de los ciudadanos. Pero estas no tardarán en llegar en todo caso, así que, bien pensado, quizá fuera preferible una moción de censura. No triunfaría, pero al menos nos permitiría saber en qué consiste la alternativa que ofrece la oposición, el eventual paisaje después de Sánchez.
Votos y vetos
Apoyar en las urnas a cualquiera de los dos grandes partidos equivale a aceptar parte sustancial de las posiciones de las demás formaciones de su bloque
Núñez Feijóo ha desvelado que no descarta un Gobierno con Vox si fuera necesario para formar una nueva mayoría. La doctrina anterior era que confiaba obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario o, de no conseguirlo, recurrir a pactos puntuales con dicha fuerza política. Todo indica, pues, y así lo han hecho saber, que pactar con Vox no tiene el coste electoral que antes se le atribuía. O sea, quien vote al PP implícitamente tendrá que asumir algunas de las posiciones de la ultraderecha; entre ellas, la tan traída y llevada “prioridad nacional”. En el bloque de izquierdas estaríamos ante algo parecido, aunque la eventual alianza se articula aquí entre el PSOE y una amplia constelación de partidos, muchos de ellos con principios antagónicos. Como es lo que ha venido ocurriendo en esta legislatura, ya sabemos cómo funciona y no es preciso insistir en ello.
El resultado es que votar a cualquiera de los dos grandes partidos, algo que hará más del 60% de los españoles, equivale a aceptar una parte sustancial de las posiciones políticas de las demás formaciones de su bloque. O, dicho de otro modo, a asumir también sus vetos. En la práctica significa que nuestra oferta política queda reducida a la elección entre bloques más que entre partidos políticos específicos. Desde luego, la fuerza relativa de los partidos pequeños dependerá de sus resultados, pero eso no quita que no puedan ejercer vetos decisivos, en algunos casos incluso desfigurando los principios o posiciones básicos del partido hegemónico de cada bloque. Esta es la principal diferencia entre nuestro tradicional bipartidismo imperfecto y el nuevo bibloquismo.
La consecuencia fundamental es que casi nadie obtiene exactamente lo que desea, ni siquiera cuando el partido de su preferencia forma parte del bloque ganador. Satisfacen, eso sí, lo que parece ser la aspiración más extendida entre importantes sectores de la población: que pierda el bloque contrario. Es decir, se impone la lógica del partidismo negativo. Algunos lo manifiestan mediante el lema de “echar a Sánchez”, venga quien venga; otros, a través de la consigna de “impedir que entre la ultraderecha”. Esto ayuda a explicar lo que señalábamos al principio, que Vox haya dejado de percibirse como algo tóxico. O, en el otro extremo, Bildu o Junts.
Esta disonancia de nuestro sistema político es una de tantas manifestaciones de la crisis de representación: los ciudadanos no se sienten representados por quienes en teoría deberían hacerlo, los propios partidos políticos. O, dicho de otro modo, y como ocurre en nuestro país, que estos acaban siendo elegidos más por consideraciones identitarias y emocionales que por una evaluación racional de sus programas electorales. Bajo las actuales condiciones de polarización extrema, resulta casi inevitable que el voto se sustente más sobre el rechazo al adversario que en preferencias racionales o en un juicio político apoyado sobre la rendición de cuentas. Y el efecto es igualmente previsible: disminuyen las exigencias hacia el propio partido y se amplía el umbral de tolerancia frente a conductas que, en otras circunstancias, nos habrían parecido inaceptables.
Este es el trasfondo que ahora mismo sustenta las esperanzas de Sánchez, a pesar de los casos de corrupción, o las de un Feijóo abrazándose a Vox. Los incentivos siguen estando en abundar en el enfrentamiento entre bloques en vez de recurrir a otras posibles opciones de colaboración política más acordes con las preferencias ciudadanas. Por eso apenas cabe hacerse ilusiones sobre un recambio en el titular del Gobierno: seguiremos practicando la política de trincheras en vez de otra más dirigida al entendimiento y la colaboración transversal. Es lo que hay.
La política de la sospecha
Una democracia no puede admitir la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos judiciales
La posverdad nos ha instalado en el escepticismo: ya apenas nos creemos los discursos políticos porque sospechamos que son puro relato, un escaparate diseñado para disfrazar intereses o racionalizar posiciones políticas. Sin embargo, ante la imposibilidad de vivir al margen de ese mundo y no paralizarnos ante tanta complejidad, muchos renuncian a buscar la verdad y terminan refugiándose en la trinchera política con la que sienten más afinidad. Optan por un atajo cognitivo: en lugar de evaluar los hechos, se adscriben ciegamente a las narrativas del bando con el que comparten una mayor identificación emocional. Si es que, en efecto, nos sentimos asociados a algún bando de forma casi existencial. Si este no el caso, si carecemos de trinchera, quedamos excluidos de ese reparto de racionalizaciones. O sea, sospechamos de todas ellas y nos vemos obligados a elaborar, con todos sus costes, un juicio político propio. Creo que ahí es donde algunos estamos.
Cualquier observador diría que, al creernos solo el relato de los nuestros y sospechar por defecto del contrario, hemos dinamitado el terreno común indispensable para el entendimiento mutuo. Lo vemos operar de forma mecánica en las sesiones de control parlamentario, que han dejado de ser un espacio para la rendición de cuentas, convirtiéndose, por el contrario, en un concurso de zascas destinados a cosechar el aplauso de la propia tribu. Uno pregunta sobre los escándalos del PSOE, por ir a un ejemplo reciente, y otro le recuerda los anteriores del PP. Ya no hay debate, solo la escenificación de la sospecha: tú sospechas de mí, pero tú también estás bajo sospecha de los míos. Tú me ofreces tu visión del mundo y yo te devuelvo la mía.
Lo de las sesiones de control tiene mala solución, y tampoco es tan lesivo para la convivencia democrática. A pesar de haberse convertido en un simulacro ante los medios, es parte del sinuoso juego Gobierno/oposición. La peor consecuencia de esa sospecha selectiva se produce, sin embargo, cuando no se dirige al adversario, sino que se extiende al propio sistema. Es lo que ocurre hoy con el señalamiento que desde algunas voces de la coalición de gobierno se hace a la UCO o al poder judicial, aludiendo de forma más o menos explícita a la existencia de un complot sincronizado en el enjuiciamiento de los casos por todos conocidos. Cada una de estas diligencias puede ser susceptible de críticas, desde luego, e iremos viendo cómo progresan. Pero que ese recelo se genere antes de pronunciamientos definitivos resulta, cuando menos, sorprendente. En definitiva, el control judicial es el único medio de que disponemos para aproximarnos a algo parecido a la verdad, respetando al mismo tiempo las debidas garantías a la presunción de inocencia. Una sentencia no es un mero relato, como aquellos de los que hablábamos antes; es la aplicación del derecho.
La política puede permitirse vivir de relatos; el derecho no. Su función consiste precisamente en anclar la discusión pública a los hechos y obligar a que las afirmaciones sobre la realidad se sometan a procedimientos de prueba y verificación conforme a reglas previamente establecidas. Que los jueces tienen sesgos políticos, sin duda; que caben distintas interpretaciones de las normas, también. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema que ofrezca mayores garantías. Por eso mismo conviene distinguir entre la crítica legítima a una decisión concreta y la sospecha deslegitimadora general de quienes deben adoptarla. Una democracia puede soportar sentencias discutibles; lo que no puede admitir es la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos del Estado de derecho. Si no, se convierte ya en otra cosa.
Prevost, el Papa de la sociedad postsecular
El Pontífice llega a España con un mensaje que, en el contexto actual, no es únicamente religioso sino también político
A raíz del fallecimiento de Habermas, hubo un aspecto de su obra que pasó casi desapercibido, pero que había consumido buena parte de sus reflexiones desde comienzos de siglo: el concepto de postsecularización. La semántica de este término remite a lo que él consideraba un hecho, el fracaso de la profecía ilustrada que anunciaba la desaparición progresiva de la religión en las sociedades contemporáneas. En ellas siguen rigiendo como verdad pública los enunciados científicos, pero esto no significa que los discursos religiosos se hayan convertido en algo obsoleto o quedaran confinados al ámbito privado. Al contrario, reaparecen continuamente en el espacio público cuando se suscitan cuestiones de tipo moral. Lo vemos en discusiones tan de actualidad como las migraciones, la investigación biomédica, el problema de la pobreza/desigualdad, la guerra o, más recientemente, incluso la IA.
Lejos de inquietarle, para Habermas era una buena noticia que en una época marcada por la “naturalización” del mundo y por la tendencia a describir la realidad en términos científico-técnicos, siguieran vivos determinados recintos capaces de preservar una valiosa energía moral. Eso sí, siempre que quienes defendieran principios morales inspirados en convicciones religiosas estuvieran dispuestos a “traducirlos” a un lenguaje accesible para todos los ciudadanos. Es decir, que los presentaran no como artículos de fe, sino como argumentos susceptibles de ser sometidos a una discusión pública que propiciara una discusión y aprendizaje mutuos.
Es muy posible que el Papa que desde ayer nos visita sea el primero que ha tomado plena conciencia de esta condición postsecular de nuestras sociedades. Basta observar las reacciones a su encíclica Magnifica Humanitas para advertir cómo, en efecto, está diseñada con una ambición que desborda ampliamente el ámbito de los fieles católicos. Se dirige a todos. Y aunque se sustente sobre el núcleo normativo de la tradición cristiana, logra articularlo con el lenguaje moral de la Ilustración: el respeto de la dignidad humana y la universalización de los principios morales que de ella se derivan. No es casual que la encíclica invoque nociones como la justicia social, el bien común o la responsabilidad compartida y advierta contra la subordinación del hombre a la máquina o la concentración del poder tecnológico en manos de unos pocos.
A donde quiero llegar es a que el papa Prevost viene a España con un mensaje que, en el contexto actual, no es únicamente religioso sino también político. Sus desencuentros con Trump, su desconfianza hacia la concentración del poder económico y tecnológico, su preocupación por el trato a los migrantes y a los más vulnerables, o su denuncia de la crueldad de las guerras que presenciamos convergen de manera natural con los discursos de resistencia a la actual glorificación del poder y la violencia como único fundamento de la acción política neoimperial de las grandes potencias, el predominio del cinismo y la mentira en la esfera pública o la deshumanización de la posición nacionalpopulista ante las migraciones. La auctoritas del Papado, siempre asociada a posiciones conservadoras en lo doctrinal, se desplaza así hacia perspectivas que hoy no tendríamos reparo en considerar progresistas. Que yo recuerde, será la primera vez en la que tanto la izquierda como la derecha —con la obvia excepción de Vox— querrán beneficiarse de la figura de un Papa. Una, por su indudable sintonía con sus principios de justicia social; otra, por su tradicional vínculo con la tradición católica. El acto de mañana en Las Cortes promete ser revelador. En nuestro momento más bajo de religiosidad, elevaremos al Pontífice a una posición de autoridad moral reconocida por amplios sectores de la ciudadanía. ¡Qué magnífica metáfora de nuestra condición postsecular!
Democracia tóxica
Convocar elecciones sin un proyecto partidista transversal de regeneración democrática solo puede conducirnos a más de lo mismo
En las estrategias de defensa frente a acusaciones de corrupción suelen prevalecer algunas pautas casi ineludibles, algo similar a las conocidas fases del duelo. Tienden a ser las siguientes: 1) negación: “Todo es falso” y/o “habrá que esperar hasta que haya sentencia firme”; 2) Si comienzan a aparecer evidencias, se pasa a minimizarlo: “Son hechos aislados y afectan a personas concretas, no al partido o al gobierno”, lo cual implica un reconocimiento parcial; en consecuencia, 3) apartamiento de los responsables; y, por último, 4) promesa de regeneración: “Hemos tomado nota y vamos a impulsar un mayor control de la corrupción”, que viene a ser una suerte de penitencia por el pecado cometido. Si aun así el escándalo persiste, cabe añadirle otras dos fases alternativas: 5) externalización de la responsabilidad mediante el recurso al “y tú más”; o, de modo alternativo, 6) victimización: la denuncia de una supuesta “conspiración mediático-judicial” (Óscar López) dirigida contra el partido o el Gobierno “por medios no democráticos” (Óscar Puente).
Si observamos lo ocurrido desde el estallido del caso Ábalos/Koldo, que enseguida afectó a Cerdán, se siguieron casi al pie de la letra las cuatro primeras fases. El caso Leire, ocurrido casi al mismo tiempo que el que afecta a Zapatero, en ambos casos a cargo de jueces de reconocido prestigio, ha conducido de modo directo al punto 6. Como sucede con toda teoría de la conspiración promovida desde el ámbito partidista, el objetivo parece ser ante todo mantener la cohesión de sus seguidores, ofrecerles un paliativo frente al impacto de los acontecimientos. Comparte con otras teorías de la misma naturaleza el presuponer que existen poderes ocultos perfectamente coordinados, así como una notable resistencia a su refutación. ¿De qué evidencias disponen quienes sostienen estas acusaciones para afirmar que tal conspiración existe en realidad?
Lo peor, sin embargo, es que es la forma de defensa más peligrosa para un sistema democrático, ya que pone en cuestión la integridad misma del sistema de control judicial como un todo. Recordemos que es la acusación favorita de los gobiernos populistas, poco inclinados a aceptar límites efectivos al ejercicio del poder derivado de la mayoría. Es, además, contradictoria, porque junto al gobierno de la mayoría existe otro fundamento igualmente democrático, el sometimiento de los gobernantes a la ley. Y ya que hablamos de democracia, las más avanzadas son aquellas en las que se adoptan medidas distintas de la externalización o la victimización. Allí suele imponerse otra opción: alguna dimisión relevante, la asunción de eso que llamamos responsabilidad política. Como en nuestro país no suele ejercerse, ni siquiera la he mencionado, pero es una opción siempre abierta.
Luego está, como es lógico, el reset completo del escenario político: la convocatoria de elecciones generales. Puede entenderse como una variante del ejercicio de responsabilidad política, someterse al juicio de los ciudadanos, aunque en nuestro caso va asociada también al envenenamiento general de la atmósfera política provocada por esta sucesión de escándalos. Bajo esas circunstancias, las razones que abonan el cierre en plazo de la legislatura, la consecución de objetivos específicos, no parecen realistas. Todo indica que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno ya la dan por agotada. Con todo, convocar elecciones sin un proyecto partidista transversal de regeneración democrática solo puede conducirnos a más de lo mismo. Y ahora no me refiero solo a la corrupción, sino a la polarización descarnada, la histeria mediática, el arrinconamiento del parlamento y todo ese conjunto de circunstancias que impiden una serena reflexión y discusión colectiva sobre nuestros problemas. Necesitamos una democracia que respire, no una democracia tóxica.
El fuste torcido
Me es imposible reconciliar al José Luis Rodríguez Zapatero que conocí en su día con quien ahora mismo está siendo imputado
Lo digo ya desde el principio: pertenezco a quienes la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero nos ha dejado perplejos. Y lo digo porque creo que lo conocí bien y no dudé en aceptar el cargo que en su día me ofreció, la presidencia del CIS. Si lo hice fue porque participaba de su entusiasmo por crear una democracia mejor en este país. Mucho se comentó entonces su discurso inspirado en el “republicanismo cívico” de Philip Pettit, que fue también objeto de no pocas burlas. Pero en lo sustancial coincidía con convicciones que tuve desde siempre: el rasgo sustancial del socialismo es la libertad como no dominación; ser libre es no estar sujeto a la arbitrariedad de otros, gozar de independencia frente a poderes económicos, políticos o de otro tipo, sobre todo los que emanan de una determinada estructura de organización social. O, por simplificarlo al máximo, la aspiración socialista a la igualdad se hace en nombre de la libertad.
Nadie podrá convencerme de que fue un mero eslogan electoral, el entonces presidente participaba con total sinceridad de ese conjunto de convicciones y tuve ocasión de comprobarlo en muchas conversaciones con él y en otras de las que fui testigo con teóricos como Bauman o el propio Pettit. Observé también cómo se esforzó en traducirlo en medidas políticas como el matrimonio homosexual, la búsqueda de una más plena igualdad de la mujer o el esfuerzo por facilitar la emancipación de sectores sociales hasta entonces discriminados o carentes de medios para llevar una vida digna.
Otra cosa ya es el destino que aguarda a los ideales cuando aterrizan sobre una realidad difícil y cruel donde las haya: la política. Ahí los juegos de poder, incluso entre los supuestamente amigos, la irreconciliable naturaleza de los intereses en conflicto, la presión mediática y, en fin, el vértigo de estar obligado a decidir casi siempre bajo condiciones de incertidumbre, hacen que aquellos acaben disolviéndose como un azucarillo en un mar de contingencias.
Solo puedo hablar, desde luego, del Zapatero que conocí, el de la primera legislatura. Ignoro cómo pudo afectar a su talante el brusco desplome de sus expectativas de reforma por la crisis económica o en general su salida de la primera fila de la política. En cualquier caso, me es imposible reconciliar al político de entonces con quien ahora mismo está siendo imputado. O emitir un juicio apresurado sin haberlo escuchado o sin esperar a la verificación de lo que por ahora son todavía indicios, su derecho a la presunción de inocencia. Ahora bien, siempre fui escéptico respecto a sus manejos políticos en la Venezuela de Nicolás Maduro, esa liaison dangereuse con un régimen dictatorial, por mucho que en sus inicios estuviera guiada por la mejor de las intenciones. Y me preocupa esa parte de los indicios judiciales que lo presenta, en el mejor de los casos, como comisionista/lobista o, en el peor, como muñidor de tráfico de influencias.
Habrá tiempo para evaluar cuáles pueden ser las consecuencias de este escándalo para la política española. Aun tomando las cautelas a las que antes me he referido, lo cierto es que, así, de golpe, contribuye a ahondar en la percepción de que no son buenos tiempos para sostener ideales normativos, que el fuste torcido de la humanidad, ese material del que estamos hechos, no permite “tallar nada completamente recto”, como afirmaba el propio Kant. El primer Zapatero trató de enderezarlo, como lo intentan también quienes siguen creyendo en la perfectibilidad del mundo que nos rodea; este no es el único posible. Ya somos cada vez menos, y basta arrojar una mirada a cualquiera de los escenarios donde se despliegan hoy los conflictos políticos. Que no sea una excusa para caer el cinismo o el nihilismo político.
El misterio del liderazgo: ¿Moreno Bonilla o Ayuso? ,,, 17.5.26
El PP puede alcanzar grandes resultados en Andalucía con un candidato moderado en las formas y el discurso. Justo lo contrario que en Madrid
Según las encuestas, estas elecciones andaluzas van a tener poco misterio. Solo parece haber una gran incógnita, si Juanma Moreno conseguirá la mayoría absoluta o si necesitará gobernar con Vox para mantenerse en el poder. Otra variable, y esto será relevante a efectos de anticipar lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales, será comprobar si María Jesús Montero logrará sacar al PSOE de su situación de atonía electoral en esta comunidad autónoma. Para ello habrá que observar también cómo se redistribuyen los votos en el espacio global de la izquierda. El escrutinio final lo dirá.
Si ampliamos un poco más el foco, lo interesante de estas elecciones es, sin embargo, la nueva constatación de que el PP puede alcanzar grandes resultados ―y, por tanto, debilitar a Vox― si recurre a un candidato poco histriónico y moderado en las formas y el discurso. Justo lo contrario de lo que vemos en Madrid, donde Ayuso asentó su mayoría absoluta recurriendo al radicalismo, es decir, pareciéndose más a su adversario situado a la derecha. No deja de ser curioso cómo estrategias antagónicas pueden acabar teniendo el mismo efecto: doblegar al competidor dentro de su mismo bloque. La cuestión no es baladí, porque sitúa a Feijóo ante un dilema de cara a las elecciones generales: seguir el modelo de Juanma Moreno o inclinarse por el ayusista.
Una primera respuesta ante esta aparente contradicción consiste en recurrir a las peculiaridades de cada una de estas comunidades. Lo que funciona en Madrid no sirve en Andalucía, y viceversa. La razón es sencilla: en el Sur, la derecha solo tenía posibilidades de acceder a la mayoría atrayendo a una buena parte del anterior voto socialista, para lo cual debía adoptar el rostro del viejo centroderecha europeo. En Madrid, por el contrario, su hegemonía ya estaba garantizada. ¿Para qué moderarse si la polarización existente lo que reclama son mayores dosis de confrontación con la izquierda? Su verdadero enemigo se encuentra en realidad en Vox. Si esto es así, lo que habrán de decidir los populares, y soy consciente de que es una decisión difícil, es a cuál de estas dos comunidades se parece más el conjunto de España, y actuar en consecuencia.
Ahora bien, a esto habría que añadirle algunos otros matices. Cada líder posee sus propios atributos, positivos y negativos, un perfil propio que se resiste a someterse a un diseño. Es decir, que Ayuso funciona porque es provocadora, está siempre atenta a captar la atención mediática, y moviliza mediante la polarización; eso es precisamente lo que sus seguidores le demandan. La lógica inversa opera en el caso de Moreno Bonilla, que genera confianza precisamente por tener un perfil pragmático, discreto, institucional y de integración. Cada uno de ellos fracasaría si se les pidiera que cambiaran su discurso y jugaran el rol del otro. El problema que a mi juicio tiene el PP es que no se sabe bien cuál es el perfil de Feijóo, y sin eso es difícil saber en qué registro puede ser más eficaz. A lo largo de la legislatura lo hemos visto acercarse más al perfil de Ayuso. El resultado ha sido que no ha resistido la comparación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siempre ha buscado la confrontación directa con Sánchez. Queda por ver si Feijóo sabría incorporar el otro modelo y cuál sería el rendimiento que obtendría de él. Por eso mismo es tan interesante lo que hoy se juega en Andalucía. Si el PP no consigue la mayoría absoluta y entra una vez más a depender de Vox, me temo que, en lo simbólico, significará un retroceso de la vía moderada desde la derecha y de aquí a las elecciones generales seguiremos con más de lo mismo.
La periodista en la polis,,, 17.5.26
El mejor homenaje que podemos hacerle a Soledad Gallego-Díaz consiste en dejarnos contagiar de su espíritu cívico
No puedo dejar pasar que me toca la columna para rememorar en ella a Soledad Gallego. Casi todos los que aquí escribimos lo hemos hecho, ofreciendo cada cual el impacto personal que esa figura extraordinaria produjo en nosotros. No siempre es fácil desenredar lo personal de lo profesional. Con Sol hemos hablado y nos hemos reído, pero, sobre todo, la hemos leído. Algunos, los más talluditos, desde esos 50 años que hace nada celebraba este periódico y que, casi como un guiño del destino, coincidió con su muerte. Ver su firma era una parada obligatoria en el rutinario acto de ir pasando páginas del diario, un gesto que conminaba a prestar atención, a leer con detenimiento. No era la única firma con la que esto ocurría, claro, pero su largo desempeño profesional la fue colocando poco a poco como la memoria viva de nuestra democracia.
Ahora nos deja en esa curiosa situación de orfandad que consiste en no poder apoyarnos en sus opiniones a la hora de enjuiciar el mundo que nos rodea. Ha pasado a formar parte de ese raro y selecto grupo de personas que tantas veces evocamos bajo la coletilla del “qué opinaría fulano de esto o aquello”. Me sucede a menudo cuando, ante algún acontecimiento político de relieve, echo de menos la opinión de personas como Javier Pradera o Santos Juliá, por mencionar a otros dos grandes que también nos dejaron. Sol era, pues, una opinadora dotada de gravitas, con sentido de responsabilidad y hechura pública.
Fue evolucionando a medida que también lo hacía la democracia de nuestro país y el propio mundo. Un día en que coincidimos en esa tertulia que denominamos por quién la fundó, la de Paco Rubio —otro grande—, se quejaba de que cada vez resultaba más difícil orientarse. No solo por el aumento de la complejidad de todo cuanto nos rodea, sino también por lo que ella veía como uno de los males de nuestro tiempo, la desinformación y la posverdad. En ese ecosistema informativo en el que es cada vez cuesta más distinguir la realidad de la ficción, la tarea del periodista debía consistir en aferrarse a los hechos y ofrecer una información —y opinión— sustentada en la honestidad y dispuesta a incorporar los temas relevantes, no siempre fáciles de detectar, así como a reivindicar todos aquellos elementos que distinguen a la democracia. Esta no consiste solo en un conjunto de procedimientos o un sistema de reglas legales: acoge también un buen número de prácticas informales que permiten que el sistema funcione adecuadamente. Y eso era, precisamente, lo que poco a poco estaríamos perdiendo en nuestro país y otros lugares.
Perdonen el brusco salto de temas, pero esa última idea fue justo lo que me vino a la mente cuando empecé a leer sobre la estancia de Ayuso en México. Una representante del Estado español, como lo son los presidentes de las Comunidades Autónomas, dinamitando una política de Estado dirigida a congraciarse políticamente con ese país. La ciudadana Ayuso puede tener y manifestar las ideas que quiera sobre la conquista o sobre nuestra misma política exterior. Pero en aplicación de esas reglas no escritas de que antes hablábamos, no parece lícito si lo hace en su calidad de presidenta en un viaje oficial.
Este ejemplo reciente me sirve para sacar a la luz el tipo de vigilancia blanda —en el mismo sentido que cobra este adjetivo aplicado al poder— que Sol ejercía infatigablemente. El hueco que deja trasciende, por tanto, lo estrictamente personal; afectará a nuestra capacidad misma para evaluar nuestra democracia. El mejor homenaje que podemos hacerle consiste, pues, en dejarnos contagiar de su espíritu cívico y seguir su ejemplo. Siempre nos acordaremos de ella.
Nuestra nueva normalidad política
Seguramente no sabemos vivir ya sin nuestras habituales prácticas divisivas
Si contemplamos el paisaje de nuestra vida política, el término que nos viene a la mente es el de desbarajuste. Todo parece desorganizado y caótico. Seguramente porque no sabemos vivir ya sin nuestras habituales prácticas divisivas, que ahora gustan trasladarse al interior de los propios partidos. Lo vemos en Vox, que arrastra una importante lista de conflictos con algunos de sus otrora miembros más reputados; de nuevo también en los partidos a la izquierda del PSOE, con las disputas en el interior de Más Madrid, que nos retrotrae a momentos previos a su supuesto pacto de unidad; y, desde luego, entre los partidos de la coalición parlamentaria que sostiene al Gobierno, dejándolo huérfano de presupuestos o tumbando decretos. Los únicos que parecen librarse son los dos grandes, PSOE y PP. El primero de ellos, porque está en el poder —no hay mejor pegamento para una organización política—; el segundo, porque aspira a alcanzarlo pronto. Aunque, como vimos de nuevo con la cuestión de la “prioridad nacional”, Ayuso practica una autonomía marca de la casa.
En ese escenario han vuelto a irrumpir unas elecciones, las andaluzas, que siempre son la ocasión perfecta para ahondar en las diferencias entre partidos. Nos hemos convertido así en el país de los cálculos electorales y las luchas internas. Con un añadido no menor: los vetos cruzados. Cada cual considera más rentable impedir la acción del otro que buscar construir un terreno común. Si a ello añadimos el espectáculo de los juicios por corrupción, la imagen que se proyecta dista de ser edificante. Y aquí los que afligen al PSOE llevan las de perder porque es casi imposible que no atraigan la atención mediática. No es que la Kitchen sea menos grave, porque atañe directamente a la interferencia de un poder sobre otro y la financiación ilegal de un partido, pero aborda hechos ya lejanos y con protagonistas apartados de la primera línea política. Sin comparación, por tanto, con el morbo que provocan Koldo y sus adláteres, empezando por su misma presencia física, las “chistorras” y todo el trasfondo de escorts.
Como decía el viejo Niklas Luhmann, “realidad es aquello que queda después de la acción de los medios de comunicación” y —hoy también— de las redes sociales. La imagen de la política que nos llega desde ahí es la de fragmentación y bloqueo. Con todo, es posible que lo peor de todo sea esa pugna constante por el relato, que, como ha analizado bien Máriam Martínez-Bascuñán en su libro El fin del mundo común, está teniendo el efecto de impedir el acceso a toda realidad compartida. No hay forma de orientarse dentro de ese infocalipsis, que es como algunos califican hoy el nuevo ecosistema informativo, provocando al final una mera adhesión emotiva a la propia tribu. Nadie cree ya en nada que no sean los pronunciamientos de su respectivo “nosotros”. El pluralismo se transforma así en mero faccionalismo, inmune a la fuerza de la argumentación.
Es muy posible que esta situación responda al abandono del Parlamento como espacio de resonancia compartido en el que contrastar las limitaciones de las Cámaras de eco particularistas. Es decir, el ágora de una conversación pública dirigida al entendimiento, no el mero choque retórico de posiciones que a priori se saben ya irreconciliables. Lo más preocupantes es que, a pesar de las numerosas muestras de fatiga que presenta esta legislatura, la que nacería con una nueva mayoría podría tener mayor capacidad de decisión, pero difícilmente conseguirá corregir nuestra forma de hacer política. Nuestro problema no es que gobiernen unos u otros, está enraizado en nuestra propia cultura política. Eso tiene ya peor solución.
Un dilema de moral pública
Después de que el PP haya atravesado una línea roja para no perder comba con Vox, solo nos queda ya confiar en la protección constitucional del principio de no discriminación
El debate sobre la “prioridad nacional” ha acabado convirtiéndose en el símbolo más visible de las concesiones del PP a Vox para poder gobernar allí donde necesita sus votos. Hoy es en las comunidades autónomas de todos conocidas; pero, por lo ya trascendido, todo indica que seguirá siendo el precio a pagar en el caso de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales. La parte buena es que ya estamos avisados; la mala, que todavía no sabemos con precisión en qué se vaya a concretar. Y si lo ignoramos es porque el PP es consciente de que se trata de un asunto sensible, con claras implicaciones morales. Ahí está la reacción de los obispos y de diversas voces asociadas a la derecha. Por eso se aferra a la idea del “arraigo” más que a la de prioridad “nacional” —en sentido estricto— para justificar el acceso a prestaciones sociales. O la necesidad de “ajustarse a la ley” y a la Constitución.
Está por ver, digo, cómo acabará concretándose y habrá que volver sobre el tema cuando exista mayor claridad. Lo único cierto es que el PP, con todas las reticencias que se quieran señalar, le ha comprado el marco a Vox y va a tener difícil escaparse de sus garras. Este último partido ya ha amenazado con votar en contra —en ayuntamientos y Comunidades— de cualquier propuesta que no siga la literalidad de la máxima. En conclusión, o ceden los populares o se multiplicarán las crisis allí donde no haya acuerdos. O todo o nada. El dilema del PP es claro: o ceder o abocarse a nuevas convocatorias electorales. Pero si se pliegan en esto a Vox, corren el peligro de contaminarse con su sesgo xenófobo y tendrían casi imposible poder diferenciarse doctrinalmente de la ultraderecha. Entrarían así en una dinámica ya observable en otros países europeos, donde la derecha tradicional ha acabado debilitándose —casi desapareciendo, incluso, como en Italia o Francia— al intentar hacer frente a la extrema derecha mediante la asunción de sus consignas.
Es importante observar, sin embargo, que no se trata de un dilema circunscrito a un único partido: repercute sobre la misma identidad de nuestras sociedades democráticas en su conjunto. El trasfondo, tan analizado al examinar las causas del auge del populismo, es la crisis de la sociedad del bienestar, cuyo debilitamiento impacta en amplios sectores de las clases medias y de las generaciones más jóvenes. Y cuanto menor sea la capacidad de satisfacer necesidades sociales, tanto mayor será la presión para entrar en la lógica del “nosotros primero”, ese “españoles first” que propugna Vox.
La consecuencia es que las sociedades democráticas se encuentran inmersas en una dialéctica entre universalismo moral y particularismo comunitarista que ya resulta imposible ignorar. El primero pone el acento en los derechos universales y las virtudes de la integración e inclusión de todos; el segundo predica una visión de la moral pública centrada en la satisfacción prioritaria de sus propios ciudadanos, difuminando la distinción entre derechos humanos y derechos de ciudadanía. Siempre ha existido un compromiso inestable entre ambas dimensiones, pero al menos parecían claras las líneas rojas. Ahora, después del desafío de Vox y las ambigüedades en las que ha entrado el PP, si estas son traspasadas solo nos queda ya confiar en la protección constitucional del principio de no discriminación, y que los destinatarios de los beneficios sociales sean quienes más los necesitan. Punto. Doy por supuesto que quienes los soliciten, tengan el origen que sea, no vienen en paracaídas desde otro lugar persiguiendo ese único fin, sino que son vecinos nuestros como otros cualesquiera, con los mismos derechos y obligaciones.
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Tú a provincias, yo al ancho mundo
Ante una situación nacional adversa para su partido, el presidente ha encontrado una fuente de oportunidad abrazándose a un nuevo activismo internacional
En el actual escenario político, cada vez más acelerado, resulta difícil ubicarse con claridad. Lo que sí salta a la vista es que las políticas nacionales se ven cada vez más influidas por acontecimientos que trascienden nuestras fronteras. Esto viene ya de mucho antes, pero la estruendosa irrupción de Trump nos ha obligado —¡al fin!— a tomar conciencia de algo ya evidente: la tan espinosa como inevitable red de interdependencias externas que enhebran nuestra política y es ya ineludible enfrentar de cara. Llamémoslo “política-mundo” en contraste con el localismo habitual de lo político, siempre más atento a lo cercano.
En nuestro país, la aparición de este nuevo eje se ha traducido en un curioso cambio en los discursos y las fuentes de confrontación, aunque por ahora solo parece tener un beneficiario claro, Pedro Sánchez. Ante una situación política nacional empantanada en los conflictos habituales y por dinámicas adversas para su partido, el presidente ha encontrado una fuente de oportunidad para revertir esta tendencia abrazándose a un nuevo activismo internacional. Ha construido un perfil político de proyección mundial erigiéndose en némesis de Trump y en referente de un nuevo “progresismo global”. Es una muestra más de algo que no puede negársele, su instinto para reinventarse en función de las circunstancias y para detectar las debilidades de sus adversarios. Mientras él se ajusta el traje cosmopolita, sus aliados de izquierda siguen presos del progresismo parroquial de los “pueblos de España” y el PP ignora cómo emanciparse del rancio aroma a nacionalismo neofranquista que le imprime su potencial e inevitable socio.
También resulta evidente que este giro hacia una “política épica” no está exento de riesgos. La estrategia parece clara: tomar distancia, de forma temporal, de cuestiones de política interior para regresar a ella con un nuevo aura, con su figura engrandecida cara a disputar la batalla final, las elecciones nacionales. No es un movimiento menor, el eje sobre el que todo pivota en el circo político de nuestro país se articula en torno al sanchismo/antisanchismo, por lo que reforzar su marca personal es clave para movilizar y cohesionar al electorado de izquierdas. La incógnita es si esta apuesta llega a tiempo. Las elecciones andaluzas serán la primera prueba de fuego, aunque, si aciertan las encuestas, un mal resultado del PSOE en las mismas deberían darlo casi por descontado. A ello se suma un factor externo de difícil control, una virulenta reacción del siempre imprevisible Trump que pudiera leerse como reacción al activismo de Sánchez y con repercusiones negativas para nuestro país. Aunque en ese escenario el principal coste político debería recaer sobre Vox.
Lo interesante, en todo caso, es la naturaleza de la nueva dinámica en la que hemos entrado. Una política más concentrada sobre sus formas de acción convencional, de activismo sobre el terreno y explotando los temas de siempre, y otra que aspira a más altos vuelos. En condiciones normales, si es que algo así puede aplicarse a la política, cabría esperar una inclinación mayoritaria hacia la primera. Ahora tengo mis dudas. La dislocación del hábitat político internacional es de tal calibre, que aferrarse a las rutinas políticas tradicionales equivale a ignorar por completo el nuevo contexto en el que estamos. Hay tanto en juego, es tal el destrozo provocado por los Putin y Trump, que se hace imperativo exigir pronunciamientos claros sobre cómo revertirlo. En esto Sánchez está mostrando mayor cintura que Feijóo, que va a piñón fijo y falto de ideas para contrarrestarlo. Pero lo que importa a la postre es la actitud del propio ciudadano, si quiere seguir habitando la provincia o abrirse al amplio mundo.
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¿Se contagiará Vox del declive de la ultraderecha? ,,,
El partido de Abascal corre el riesgo de sufrir más que un estancamiento: la entrada en una fase de declive electoral
Vivimos en tiempos de oscuridad, así que, por parafrasear a Leonard Cohen, debemos aferrarnos a cualquier pequeña grieta por la que entra la luz. La hendidura que nos permite mantener viva la esperanza es un posible cambio de ciclo en el apoyo a la ultraderecha, ahora en declive. Hoy mismo se celebran unas elecciones decisivas en Hungría y, según los sondeos, podrían suponer el final del Gobierno de Viktor Orbán. Este dirigente, auténtica encarnación del iliberalismo en Europa, podría poner fin a un prolongado ejercicio del poder: 16 largos años en el cargo con el objetivo de ajustar el sistema democrático de su país a su propio beneficio. Además, con el respaldo constante de Trump y del propio Putin. Si pierde ―y acepta la derrota, claro― estaríamos ante una gran noticia; sobre todo, por su enorme fuerza simbólica: demostraría que las democracias son más resilientes de lo que creíamos y que, como ya se vio en Polonia, los virajes hacia el autoritarismo pueden revertirse cuando existe una ciudadanía dispuesta a comprometerse activamente en esa dirección.
Por lo que reflejan las encuestas, este giro podría estar empezando a producirse también en Vox, un partido que, por cierto, comparte grupo en el Parlamento Europeo con el de Orbán. No porque su voto se esté desplomando, sino porque parece haber tocado techo. Seguirá siendo el tercer partido en escaños, pero sin horizonte de expansión. Las elecciones de Castilla y León fueron las primeras en detectar ese ajuste a la realidad frente a la euforia con las que sus dirigentes acudieron a las urnas; las de Andalucía seguramente acaben confirmándolo. Y no cabe descartar algo más que un estancamiento: el inicio de un retroceso, la entrada en una fase de declive electoral. Por muchas razones.
Una de ellas, compartida por buena parte de la ultraderecha europea, es la incomodidad con las nuevas exhibiciones del liderazgo de Trump, cada vez más errático, irracional y autoritario. Puede que esto último, su tendencia al autoritarismo y su retórica supremacista, antinmigración y antisistema sea precisamente aquello en lo que veían su atractivo, pero cuando sus caprichos, ya se trate de su política arancelaria o las consecuencias de la guerra en Irán, acaban repercutiendo sobre el bolsillo del ciudadano, empiezan a saltar todas las alarmas. El desbarajuste que está creando es de tal magnitud, que seguir considerándolo un aliado político equivale al abrazo del oso: al principio reconforta, pero luego te deja sin resuello. Son tiempos para confiar en adultos responsables, no en demagogos.
Con todo, hay suficientes razones de política interna que ayudan a explicar también este cambio de ciclo. Me refiero a sus extrañas maniobras de Vox a la hora de cerrar pactos con el PP en aquellas comunidades donde su apoyo resulta necesario. Parece que ahora comienzan a tomar conciencia de que ahí tienen una vía de agua. También influye el liderazgo, entre mesiánico y despótico, con el que Abascal tutela el partido. Toda disidencia interna se sofoca sin contemplaciones, y la gestión del partido arrastra continuas controversias, tanto por su opacidad interna como por la financiación de estructuras paralelas como la Fundación Disenso.
En suma, que está empezando a tener más desgaste por no gobernar que por hacerlo. O, lo que es peor, que no puede ocultar haber caído en prácticas partidistas que tanto había criticado en otros ―oligarquización, hiperliderazgo, aferramiento a los cargos, amiguismos―. Excluida su posibilidad de conseguir en algún momento el sorpasso del PP, pronto se encontrará ante una disyuntiva similar a la que tuvo que afrontar Albert Rivera con Ciudadanos: favorecer la gobernabilidad (de la derecha en este caso) o acabar siendo superfluo.
La corrupción, el esperpento de nuestra política
Cada caso de venalidad política contribuye al desánimo cívico: no solo apunta a deficiencias del sistema, sino que aflora la hipocresía de los partidos
Con motivo de la publicación, en dos volúmenes, de artículos que tenía dispersos, el autor, don Francisco Murillo, se permitió hacer el siguiente comentario irónico en el texto introductorio: “La ventaja de este tipo de recopilaciones es que permiten no leer de golpe lo que antes no se había leído por separado” (cito de memoria). Recordé estas palabras viendo el otro día la nueva película de Torrente. Solo que ahora en sentido inverso: basta verla para percibir, “de golpe”, cómo determinadas prácticas políticas aisladas terminan desembocando en esta descarnada sátira de nuestra política. Como es habitual en esos casos, en ella dominan la hipérbole y el esperpento, la deformación grotesca. Y, tratándose de un personaje como Torrente, todo aparece recubierto de un pegajoso barniz de cutrería. La cuestión es si, como ocurre en el universo valleinclanesco, no estamos solo ante una caricatura cruel, sino ante la revelación, en clave de ácida comedia, de una realidad más profunda. Quizá por eso mismo, la película no me hizo la más mínima gracia.
Traigo esto a colación, porque la próxima semana comenzarán a ventilarse en sede judicial tanto el caso Kitchen, que afecta directamente al PP, como el primer juicio de la trama protagonizada por Ábalos y otros personajes asociados; y aquí el partido interpelado es el PSOE. El bipartidismo sentado en el banquillo. Como es obvio, se trata de casos de naturaleza distinta: uno, el Kitchen, remite al uso presuntamente ilegal de recursos públicos para proteger al partido frente a investigaciones judiciales, algo que habría partido del mismo Ministerio del Interior; o sea, un sector del aparato del Estado actuando frente al Estado de derecho. El otro caso responde a una modalidad de venalidad política con la que estamos más familiarizados: la instrumentalización de decisiones administrativas en beneficio propio, el aprovechamiento de la proximidad al poder para obtener ventajas económicas.
Lo que sí une a ambos casos, sin embargo, es que en uno y otro se van a enjuiciar conductas que remiten a hechos ocurridos bastante tiempo atrás. En menor medida en el que afecta a Ábalos y Cía., aunque incluso ahí, al menos en el caso de las mascarillas, se remontan al tiempo de la pandemia. El escándalo de la Kitchen saltó a la atención pública en 2018, con motivo de las pesquisas al comisario Villarejo, pero las actividades ahora investigadas hay que remitirlas a 2013. Como se ve, la lechuza de la Minerva judicial se toma su tiempo antes de emprender el vuelo. Y eso no es necesariamente negativo. Además de responder a necesidades garantistas del proceso, permite que estas prácticas no acaben cayendo en el olvido, aunque vuelvan a irrumpir como elefante en cacharrería en nuestro espacio público, reforzando precisamente esa sensación a la que aludíamos al comienzo. No en vano, como decía Javier Pradera, “el reto de escribir sobre la política democrática está en ser implacable con su realidad sin abandonar la fe en sus ideales”.
Está demostrado que la corrupción constituye una de las causas directas del aumento de la desconfianza en la política, la termita que todo lo corroe. Y a estos efectos es indiferente su gradación, ese espectro que distingue entre corrupciones blancas, grises y negras (Heidenheimer), según su mayor grado de quebranto moral. Cada caso de venalidad política contribuye al desánimo cívico, porque no solo apunta a deficiencias graves en el sistema inmunológico, esos glóbulos blancos institucionales encargados de detectar y eliminar la infección con prontitud; también porque saca a la luz la hipocresía de los actores políticos: cada caso de corrupción del bando contrario lo convierten en munición arrojadiza contra el adversario, mientras que cuando les afecta a ellos todo son intentos de justificación. Cada grupo minimiza lo propio y sobredimensiona lo ajeno.
Con todo, el mayor problema es que la polarización nos vuelva inmunes ante los casos que afecten a los nuestros, que, a pesar de su gravedad, acabemos evaluándolos como meros obstáculos en el camino frente a lo que verdaderamente importa: la constante oposición al adversario y su intento de superación permanente. Lo que debería ser excepcional corre así el riesgo de banalizarse y confundirse con el ejercicio ordinario del poder. Y de ahí al esperpento de Torrente hay una línea muy fina. La coincidencia de estos juicios con el periodo electoral en Andalucía será una buena ocasión para someter a prueba a los partidos afectados y comprobar hasta qué punto el partidismo es o no capaz de ceder ante las exigencias de la salud democrática
Política de la presencia, política de la gestión
Será interesante ver cómo se redistribuyen las funciones entre un Gobierno más tecnocrático y un Sánchez decidido a potenciar su imagen internacional
Ya se ha dicho casi todo sobre la designación de Carlos Cuerpo como ministro de Economía y vicepresidente primero. A uno y otro lado del espectro político se subraya su perfil tecnocrático, su capacidad para no polarizar y su talante negociador; también su condición de no pertenecer orgánicamente al PSOE y sus potenciales disensiones con Sumar. Es decir, su pragmatismo y su adecuación a un contexto en el que la economía, el ámbito de acción política de mayor rendimiento para este Gobierno, va a ocupar el centro de la escena durante los meses que quedan de legislatura. Si a eso se añade que es una persona discreta y alejada del ruido que nos invade y tiene una gran capacidad para interactuar con sus colegas europeos, el paralelismo con Nadia Calviño resulta inevitable. Ese precedente explica, sin duda, que apenas se haya enfatizado la condición masculina tanto de él como del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Eso de que, cuando vienen mal dadas, vuelve el hombre.
Ya que, como consecuencia de la guerra, la economía volverá a situarse en el centro de todo, esta designación parece la más adecuada. Pero, precisamente por ello, representa también un verdadero desafío para la oposición, más preparada para reducirlo todo a guerras culturales que para articular propuestas sólidas en esta materia. Tiene razón cuando dice que la percepción subjetiva de la situación económica no se corresponde con el triunfalismo derivado de los datos macroeconómicos, pero esa crítica solo resulta eficaz si se acompaña de alternativas creíbles. La oposición está demasiado acostumbrada a dejarse arrastrar por inercias y carece de eso que en el Reino Unido llamarían un ministro de Economía en la sombra, alguien con autoridad que asuma la tarea de hacer una oposición inteligente en este ámbito. Un perfil semejante al que tenía Luis Garicano en Ciudadanos, por ejemplo. Además, como mucho dependerá de las decisiones monetarias impuestas por el BCE y, en general, de otras medidas adoptadas por instituciones europeas, buena parte de las decisiones más delicadas quedarán blindadas bajo ese ropaje técnico.
En suma, Pedro Sánchez, un maestro en hacer oposición a la oposición, se lo ha puesto difícil a sus adversarios. Resultaba más sencillo combatir a gente del perfil de Óscar Puente. O incluso de María Jesús Montero, que no podía evitar respirar por el partido. Imagino que el PP centralizará sus ataques sobre el nuevo modelo de autogobierno económico catalán o la ausencia de Presupuestos, aparte de la ya clásica concentración de sus críticas sobre el presidente. Pero lo más interesante será ver cómo se redistribuyen las funciones entre un Gobierno que ha girado hacia un pragmatismo tecnocrático y un Pedro Sánchez que parece cada vez más decidido a potenciar su imagen internacional. En otras palabras, por un lado la gestión en sentido estricto; por otro, la gestión simbólica, entendida como capacidad para encarnar, incluso más allá de nuestras fronteras, el antitrumpismo o la izquierda. El aparente desconcierto en el que además se mueven sus socios de coalición facilita enormemente esta operación.
Como dice Sloterdijk, la política contemporánea tiene mucho de “teatralización de la autoridad”, de capacidad para asociar carisma con entretenimiento, visibilidad e impacto, para hacerse presente de forma continua y suscitar la atención. Ese cometido se lo reserva el presidente, bien dotado para esos menesteres. Pero, al mismo tiempo, la política está cada vez más abocada a una permanente gestión de complejidades, a resolver problemas cada vez más intricados y atravesados por negociaciones transversales entre una miríada de actores y grupos de interés. Para ello cuenta ahora, sobre todo, con Carlos Cuerpo y Arcadi España —y Félix Bolaños, claro—. Sí, agotará la legislatura.
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