Teleficciones 1 Los programas (1951-1970)

Teleficciones 4 - Su gente

Teleficciones 2 Los programas (1971-1990)

Teleficciones 5 - Su gente

Teleficciones 3 Los programas (1991-2012)

UNIÓN EUROPEA Actual

sábado, 11 de julio de 2026

 

¿Puede Europa sobrevivir sin Estados Unidos? El escenario que ya no parece imposible ,,,

CHILE Actual

 

Kast llega a su semana más dura: la peor encuesta de su gobierno coincide con la votación clave de su reforma estrella ------

HITLER 1936-1945 Kershaw Prefacio

 PREFACIO
La primera parte de este estudio, Hitler 1889-1936, intentó mostrar
cómo los habitantes de un estado moderno, de elevada cultura y con una
economía avanzada pudieron permitir que llegara al poder y pudieron
confiar su destino a un intruso en la política con pocas dotes especiales,
si es que tenía alguna, aparte de su indudable talento como demagogo y
propagandista.
En la época en que se preparó su acceso a la Cancillería, a través de
las intrigas de individuos influyentes próximos al presidente del Reich
Von Hindenburg, Hitler había sido capaz de conseguir en elecciones
libres los votos de sólo un tercio del electorado alemán. Otro tercio (de
la izquierda) se oponía a él implacablemente, aunque padecía una
desorganización interna. El resto se mantenía en general escéptico,
expectante, vacilante e indeciso. Al final del primer volumen habíamos
examinado la consolidación del poder de Hitler hasta el punto en que se
había convertido casi en poder absoluto. La oposición interna había sido
aplastada. Los que dudaban habían acabado mayoritariamente
convencidos de la bondad del régimen por las dimensiones de la
reconstrucción interna y de la reafirmación exterior de fuerza que, de un
modo casi increíble, había restaurado gran parte del orgullo nacional
perdido y había hecho olvidar el sentimiento de humillación dejado por
la Primera Guerra Mundial. El autoritarismo era considerado por la
mayoría una bendición; la represión de los que estaban políticamente en
desacuerdo, las minorías étnicas detestadas o los inadaptados sociales se
aprobaba como un pequeño precio que había que pagar por lo que
parecía ser un renacimiento nacional.
La adulación de las masas a Hitler
había ido haciéndose cada vez más fuerte y la oposición había sido
aplastada y reducida a la insignificancia, y fuerzas poderosas del
ejército, la aristocracia terrateniente, la industria y los altos puestos del
funcionariado habían prestado su apoyo al régimen. Fuesen cuales
fuesen sus aspectos negativos, se consideraba que les ofrecía mucho en
beneficio de sus propios intereses.
Cuando el primer volumen se acercaba a su fin con la
remilitarización de la Renania en 1936, Hitler gozaba del apoyo de la
abrumadora mayoría de los alemanes, de más incluso de los que le
habían votado antes de que se convirtiera en canciller. La mayoría de los
alemanes, después de haber salido de las profundidades de la
degradación nacional, estaban más que satisfechos de compartir el
orgullo nacional recuperado.
Estaba ampliamente difundida la impresión
de que Alemania iba a convertirse en la potencia dominante en Europa.
El sentimiento profundo de degradación personal que el propio Hitler
había experimentado en los años de Viena, hacía mucho ya que había
dejado paso a un sentimiento creciente de misión política, de ser el
hombre que había de redimir a Alemania del caos y el adalid en la lucha
contra las fuerzas sombrías y amenazadoras que ponían en peligro hasta
la existencia misma de la nación. En 1936, su autoglorificación narcisista
se había hinchado inconmensurablemente como consecuencia de la
semideificación que sus seguidores proyectaban sobre él. Por entonces,
se consideraba infalible; su imagen de sí mismo había alcanzado la
dimensión de la soberbia sacrílega.
Los alemanes habían dado forma a esa soberbia sacrilega personal de
su caudillo. Estaban a punto de penetrar en su expresión plena: la
máxima apuesta de la historia de la nación, lograr el dominio completo
del continente europeo. Tendrían que aceptar las consecuencias. El
tamaño de la propia apuesta era indicio de una voluntad implícita de
cortejar la autodestrucción. Unos cuantos individuos clarividentes
consideraron probable que una soberbia sacrílega de una escala tal
conjurase su propia Némesis.
Némesis es en la mitología griega la diosa de la retribución, que
aplica el castigo de los dioses por la locura humana de la arrogancia
desmesurada, la soberbia sacrilega, la hubris. El adagio de que «el
orgullo precede a la caída» es reflejo de algo que suele suceder.
La
historia nos proporciona ejemplos abundantes entre los encumbrados y
poderosos, aunque ese juicio de Némesis tienda a ser un juicio más
político que moral. A la ascensión meteórica de dirigentes, políticos o
favoritos que dominan la corte ha seguido con mucha frecuencia una
arrogancia del poder que precipita una caída en desgracia igual de
rápida. Aflige, normalmente, a un individuo que, lo mismo que una
estrella fugaz, destella en lo alto y se esfuma luego rápidamente en la
insignificancia, dejando el firmamento básicamente intacto.
La hubris del individuo refleja muy de cuando en cuando en la
historia fuerzas más profundas de la sociedad y propicia una retribución
de más largo alcance. Napoleón, que se eleva desde unos orígenes
humildes en medio de trastornos revolucionarios, que se hace con el
poder del estado francés, que pone él mismo sobre su cabeza la corona
imperial, que conquista la mayor parte de Europa y que acaba en la
derrota y el exilio con su imperio reemplazado, desmantelado y
desacreditado, proporciona un ejemplo elocuente. Sin embargo;
Napoleón no destruyó Francia. Y hay aspectos importantes de su legado
que se mantuvieron intactos. Una estructura administrativa nacional, un
sistema educativo y un código legal constituyen tres restos positivos y
significativos. Por otra parte, no hay ningún oprobio moral vinculado a
Napoleón. A los franceses modernos les puede inspirar, y les inspira a
menudo, orgullo y admiración».
El legado de Hitler fue completamente distinto. Ese legado, único en
los tiempos modernos (tal vez Atila el huno y Gengis Khan brinden
paralelos en el pasado lejano), fue un legado de absoluta destrucción.
Ni
en los restos arquitectónicos ni en la creación artística ni en las
estructuras políticas ni en los modelos económicos y menos aún en la
talla moral hubo nada del Reich de Hitler que recomendar a las futuras
generaciones. Se produjeron, sin duda, grandes mejoras en la
motorización, la aviación y la tecnología en general… impulsadas en
parte por la guerra. Pero eso se estaba produciendo en todos los países
capitalistas, y sobre todo en los Estados Unidos, y es seguro que se
habría producido también en Alemania sin Hitler. Y lo más significativo
es que Hitler, a diferencia de Napoleón, dejó tras él un inmenso trauma
moral, un trauma de tales dimensiones que es imposible, incluso décadas
después de su muerte (si prescindimos de un residuo de apoyo
marginal), volver la vista hacia el dictador alemán y su régimen con
aprobación o admiración… en realidad sin sentir otra cosa que aversión
y condena.
Hasta en los casos de Lenin, Stalin, Mao, Mussolini y Franco el nivel
de condena no es tan unánime o moralmente tan abrumador. Hitler,
cuando comprendió que la guerra estaba irrevocablemente perdida,
buscó su lugar en la historia, en lo más alto del panteón de los héroes
germánicos. En vez de eso, se mantiene sólo como el personaje odioso
quintaesencial del siglo xx. Se ha asegurado sin duda un lugar en la
historia… pero de un modo que él no había previsto: como la
encarnación de la maldad política moderna. Pero maldad es un concepto
teleológico o filosófico, más que histórico. Identificar a Hitler con la
maldad y el mal puede muy bien ser veraz y moralmente satisfactorio al
mismo tiempo, pero no explica nada. Y la unanimidad en la condena
puede ser incluso una barrera directa que impida comprender y explicar.
Hitler me resulta personalmente un personaje detestable y desprecio
todo lo que su régimen significó, como espero que los capítulos
siguientes dejen sobradamente claro. Pero esa condena me ayuda muy
poco a entender por qué millones de ciudadanos alemanes, que eran
mayoritariamente seres humanos normales, que no tenían nada de
malvados innatos, interesados en general por el bienestar y los asuntos
cotidianos propios y de sus familias, semejantes a la gente normal de
otras partes, y a quienes no había lavado el cerebro ni hipnotizado por
completo en modo alguno una propaganda fascinadora ni había
sometido por el terror una represión implacable, hallasen atractivo tanto
de lo que Hitler significaba; o estuviesen dispuestos a luchar hasta el
amargo final en una guerra terrible contra la poderosa coalición de las
naciones más poderosas del mundo que se alineaban contra ellos. Mi
tarea en este volumen, como en la primera parte de este estudio, ha sido,
pues, no entregarme a disquisiciones morales sobre el problema del mal
en un personaje histórico, sino intentar explicar el dominio que Hitler
ejerció sobre una sociedad que acabó pagando un precio tan alto por el
apoyo que le prestó.
Porque, al final, el castigo de Némesis a Hitler por su soberbia sin
paralelo, por su hubris, acabaría siendo no sólo un castigo personal, sino
el castigo de la Alemania que le había creado. Su propio país quedaría
en ruinas (y gran parte de Europa con el) y dividido. Lo que era
anteriormente la Alemania central (Mitteldeutschland) experimentaría
durante cuarenta años los valores impuestos del vencedor soviético,
mientras las partes occidentales acabarían reviviendo y prosperando bajo
una «pax americana». Una Austria nueva, que había experimentado bajo
Hitler la Anschluss, demostraría en su independencia reconstituida haber
perdido de una vez por todas cualquier ambición de formar parte de
Alemania. Las provincias orientales del Reich desaparecerían para
siempre… y con ellas los sueños de conquistar el este. La expulsión de
las minorías étnicas alemanas de aquellas provincias eliminaría (aunque
a un precio predeciblemente duro) el irredentismo que había plagado los
años de entreguerras. Las grandes fincas de aquellas provincias, base de
la influencia de la aristocracia Junker, desaparecerían también. La
Wehrmacht, representación última del potencial militar alemán,
quedaría desacreditada y destruida. Desaparecería con ella el estado de
Prusia, bastión del poder económico y político del Reich desde los
tiempos de Bismarck. La gran industria sobreviviría lo suficientemente
intacta para reconstruirse con una fuerza y un vigor, es cierto… pero
estaría ya cada vez más integrada en una serie de estructuras
europeoccidentales y americanizadas.
Todo esto habría de ser el resultado de lo que la segunda parte de
este estudio se propone explicar: cómo Hitler pudo ejercer el poder
absoluto que se le había permitido adquirir; cómo los más poderosos del
país se ataron aún más a una forma sumamente personalizada de
gobierno aclamada por millones y excepcional en el estado moderno,
hasta que fueron ya incapaces de desprenderse de la voluntad de un
hombre que estaba arrastrándoles inequívocamente por el camino que
llevaba a la destrucción; y cómo los ciudadanos de este estado moderno
se hicieron cómplices en una guerra genocida de un carácter
desconocido hasta entonces por la humanidad, que condujo a un
asesinato en masa patrocinado por el estado a una escala nunca vista,
una destrucción continental y la devastación final de su propio país.
Es una historia sobrecogedora de autodestrucción tanto nacional
como individual, de cómo un pueblo y sus representantes fraguaron su
propia catástrofe como parte de una destrucción calamitosa de la
civilización europea. Aunque el desenlace es sabido, tal vez merezca la
pena considerar una vez más cómo llegó a producirse. Si este libro
contribuye un poco a un entendimiento más profundo, me consideraré
plenamente satisfecho.
IAN KERSHAW.
Manchester-Sheffield, abril de 2000.PREFACIO
La primera parte de este estudio, Hitler 1889-1936, intentó mostrar
cómo los habitantes de un estado moderno, de elevada cultura y con una
economía avanzada pudieron permitir que llegara al poder y pudieron
confiar su destino a un intruso en la política con pocas dotes especiales,
si es que tenía alguna, aparte de su indudable talento como demagogo y
propagandista.
En la época en que se preparó su acceso a la Cancillería, a través de
las intrigas de individuos influyentes próximos al presidente del Reich
Von Hindenburg, Hitler había sido capaz de conseguir en elecciones
libres los votos de sólo un tercio del electorado alemán. Otro tercio (de
la izquierda) se oponía a él implacablemente, aunque padecía una
desorganización interna. El resto se mantenía en general escéptico,
expectante, vacilante e indeciso. Al final del primer volumen habíamos
examinado la consolidación del poder de Hitler hasta el punto en que se
había convertido casi en poder absoluto. La oposición interna había sido
aplastada. Los que dudaban habían acabado mayoritariamente
convencidos de la bondad del régimen por las dimensiones de la
reconstrucción interna y de la reafirmación exterior de fuerza que, de un
modo casi increíble, había restaurado gran parte del orgullo nacional
perdido y había hecho olvidar el sentimiento de humillación dejado por
la Puniera Guerra Mundial. El autoritarismo era considerado por la
mayoría una bendición; la represión de los que estaban políticamente en
desacuerdo, las minorías étnicas detestadas o los inadaptados sociales se
aprobaba como un pequeño precio que había que pagar por lo que
parecía ser un renacimiento nacional. La adulación de las masas a Hitler
había ido haciéndose cada vez más fuerte y la oposición había sido
aplastada y reducida a la insignificancia, y fuerzas poderosas del
ejército, la aristocracia terrateniente, la industria y los altos puestos del
funcionariado habían prestado su apoyo al régimen. Fuesen cuales
fuesen sus aspectos negativos, se consideraba que les ofrecía mucho en
beneficio de sus propios intereses.
Cuando el primer volumen se acercaba a su fin con la
remilitarización de la Renania en 1936, Hitler gozaba del apoyo de la
abrumadora mayoría de los alemanes, de más incluso de los que le
habían votado antes de que se convirtiera en canciller. La mayoría de los
alemanes, después de haber salido de las profundidades de la
degradación nacional, estaban más que satisfechos de compartir el
orgullo nacional recuperado. Estaba ampliamente difundida la impresión
de que Alemania iba a convertirse en la potencia dominante en Europa.
El sentimiento profundo de degradación personal que el propio Hitler
había experimentado en los años de Viena, hacía mucho ya que había
dejado paso a un sentimiento creciente de misión política, de ser el
hombre que había de redimir a Alemania del caos y el adalid en la lucha
contra las fuerzas sombrías y amenazadoras que ponían en peligro hasta
la existencia misma de la nación. En 1936, su autoglorificación narcisista
se había hinchado inconmensurablemente como consecuencia de la
semideificación que sus seguidores proyectaban sobre él. Por entonces,
se consideraba infalible; su imagen de sí mismo había alcanzado la
dimensión de la soberbia sacrílega.
Los alemanes habían dado forma a esa soberbia sacrilega personal de
su caudillo. Estaban a punto de penetrar en su expresión plena: la
máxima apuesta de la historia de la nación, lograr el dominio completo
del continente europeo. Tendrían que aceptar las consecuencias. El
tamaño de la propia apuesta era indicio de una voluntad implícita de
cortejar la autodestrucción. Unos cuantos individuos clarividentes
consideraron probable que una soberbia sacrílega de una escala tal
conjurase su propia Némesis.
Némesis es en la mitología griega la diosa de la retribución, que
aplica el castigo de los dioses por la locura humana de la arrogancia
desmesurada, la soberbia sacrilega, la hubris. El adagio de que «el
orgullo precede a la caída» es reflejo de algo que suele suceder. La
historia nos proporciona ejemplos abundantes entre los encumbrados y
poderosos, aunque ese juicio de Némesis tienda a ser un juicio más
político que moral. A la ascensión meteórica de dirigentes, políticos o
favoritos que dominan la corte ha seguido con mucha frecuencia una
arrogancia del poder que precipita una caída en desgracia igual de
rápida. Aflige, normalmente, a un individuo que, lo mismo que una
estrella fugaz, destella en lo alto y se esfuma luego rápidamente en la
insignificancia, dejando el firmamento básicamente intacto.
La hubris del individuo refleja muy de cuando en cuando en la
historia fuerzas más profundas de la sociedad y propicia una retribución
de más largo alcance. Napoleón, que se eleva desde unos orígenes
humildes en medio de trastornos revolucionarios, que se hace con el
poder del estado francés, que pone él mismo sobre su cabeza la corona
imperial, que conquista la mayor parte de Europa y que acaba en la
derrota y el exilio con su imperio reemplazado, desmantelado y
desacreditado, proporciona un ejemplo elocuente. Sin embargo;
Napoleón no destruyó Francia. Y hay aspectos importantes de su legado
que se mantuvieron intactos. Una estructura administrativa nacional, un
sistema educativo y un código legal constituyen tres restos positivos y
significativos. Por otra parte, no hay ningún oprobio moral vinculado a
Napoleón. A los franceses modernos les puede inspirar, y les inspira a
menudo, orgullo y admiración».
El legado de Hitler fue completamente distinto. Ese legado, único en
los tiempos modernos (tal vez Atila el huno y Gengis Khan brinden
paralelos en el pasado lejano), fue un legado de absoluta destrucción. Ni
en los restos arquitectónicos ni en la creación artística ni en las
estructuras políticas ni en los modelos económicos y menos aún en la
talla moral hubo nada del Reich de Hitler que recomendar a las futuras
generaciones. Se produjeron, sin duda, grandes mejoras en la
motorización, la aviación y la tecnología en general… impulsadas en
parte por la guerra. Pero eso se estaba produciendo en todos los países
capitalistas, y sobre todo en los Estados Unidos, y es seguro que se
habría producido también en Alemania sin Hitler. Y lo más significativo
es que Hitler, a diferencia de Napoleón, dejó tras él un inmenso trauma
moral, un trauma de tales dimensiones que es imposible, incluso décadas
después de su muerte (si prescindimos de un residuo de apoyo
marginal), volver la vista hacia el dictador alemán y su régimen con
aprobación o admiración… en realidad sin sentir otra cosa que aversión
y condena.
Hasta en los casos de Lenin, Stalin, Mao, Mussolini y Franco el nivel
de condena no es tan unánime o moralmente tan abrumador. Hitler,
cuando comprendió que la guerra estaba irrevocablemente perdida,
buscó su lugar en la historia, en lo más alto del panteón de los héroes
germánicos. En vez de eso, se mantiene sólo como el personaje odioso
quintaesencial del siglo xx. Se ha asegurado sin duda un lugar en la
historia… pero de un modo que él no había previsto: como la
encarnación de la maldad política moderna. Pero maldad es un concepto
teleológico o filosófico, más que histórico. Identificar a Hitler con la
maldad y el mal puede muy bien ser veraz y moralmente satisfactorio al
mismo tiempo, pero no explica nada. Y la unanimidad en la condena
puede ser incluso una barrera directa que impida comprender y explicar.
Hitler me resulta personalmente un personaje detestable y desprecio
todo lo que su régimen significó, como espero que los capítulos
siguientes dejen sobradamente claro. Pero esa condena me ayuda muy
poco a entender por qué millones de ciudadanos alemanes, que eran
mayoritariamente seres humanos normales, que no tenían nada de
malvados innatos, interesados en general por el bienestar y los asuntos
cotidianos propios y de sus familias, semejantes a la gente normal de
otras partes, y a quienes no había lavado el cerebro ni hipnotizado por
completo en modo alguno una propaganda fascinadora ni había
sometido por el terror una represión implacable, hallasen atractivo tanto
de lo que Hitler significaba; o estuviesen dispuestos a luchar hasta el
amargo final en una guerra terrible contra la poderosa coalición de las
naciones más poderosas del mundo que se alineaban contra ellos. Mi
tarea en este volumen, como en la primera parte de este estudio, ha sido,
pues, no entregarme a disquisiciones morales sobre el problema del mal
en un personaje histórico, sino intentar explicar el dominio que Hitler
ejerció sobre una sociedad que acabó pagando un precio tan alto por el
apoyo que le prestó.
Porque, al final, el castigo de Némesis a Hitler por su soberbia sin
paralelo, por su hubris, acabaría siendo no sólo un castigo personal, sino
el castigo de la Alemania que le había creado. Su propio país quedaría
en ruinas (y gran parte de Europa con el) y dividido. Lo que era
anteriormente la Alemania central (Mitteldeutschland) experimentaría
durante cuarenta años los valores impuestos del vencedor soviético,
mientras las partes occidentales acabarían reviviendo y prosperando bajo
una «pax americana». Una Austria nueva, que había experimentado bajo
Hitler la Anschluss, demostraría en su independencia reconstituida haber
perdido de una vez por todas cualquier ambición de formar parte de
Alemania. Las provincias orientales del Reich desaparecerían para
siempre… y con ellas los sueños de conquistar el este. La expulsión de
las minorías étnicas alemanas de aquellas provincias eliminaría (aunque
a un precio predeciblemente duro) el irredentismo que había plagado los
años de entreguerras. Las grandes fincas de aquellas provincias, base de
la influencia de la aristocracia Junker, desaparecerían también. La
Wehrmacht, representación última del potencial militar alemán,
quedaría desacreditada y destruida. Desaparecería con ella el estado de
Prusia, bastión del poder económico y político del Reich desde los
tiempos de Bismarck. La gran industria sobreviviría lo suficientemente
intacta para reconstruirse con una fuerza y un vigor, es cierto… pero
estaría ya cada vez más integrada en una serie de estructuras
europeoccidentales y americanizadas.
Todo esto habría de ser el resultado de lo que la segunda parte de
este estudio se propone explicar: cómo Hitler pudo ejercer el poder
absoluto que se le había permitido adquirir; cómo los más poderosos del
país se ataron aún más a una forma sumamente personalizada de
gobierno aclamada por millones y excepcional en el estado moderno,
hasta que fueron ya incapaces de desprenderse de la voluntad de un
hombre que estaba arrastrándoles inequívocamente por el camino que
llevaba a la destrucción; y cómo los ciudadanos de este estado moderno
se hicieron cómplices en una guerra genocida de un carácter
desconocido hasta entonces por la humanidad, que condujo a un
asesinato en masa patrocinado por el estado a una escala nunca vista,
una destrucción continental y la devastación final de su propio país.
Es una historia sobrecogedora de autodestrucción tanto nacional
como individual, de cómo un pueblo y sus representantes fraguaron su
propia catástrofe como parte de una destrucción calamitosa de la
civilización europea. Aunque el desenlace es sabido, tal vez merezca la
pena considerar una vez más cómo llegó a producirse. Si este libro
contribuye un poco a un entendimiento más profundo, me consideraré
plenamente satisfecho.
IAN KERSHAW.
Manchester-Sheffield, abril de 2000.PREFACIO

XAVIER VIDAL-FOLCH El País 2025 (29.6.25/3.5.25)


Grandeza en la amnistía... y las miserias ,,,

Las acusaciones contra el Constitucional afloran el contraste entre retórica y conducta: dime de qué presumes y te diré de qué careces

Feijóo, el día 25 en el Congreso, junto a su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.Jesús Hellín (Europa Press)

La amnistía recién validada por el Tribunal Constitucionail, es una muestra de la grandeza de la democracia española. Ha logrado su objetivo, explícito desde el título de la ley: normalizar la Cataluña convulsa por el procés. Su grandeza se mide por la enormidad de aquel desafío.

Cierto que su mejorable gestación y el griterío callejero contrario ocultan en parte esa eficacia. Pesa el comprensible recelo a cancelar penas a quienes tanto daño causaron. Más aún a favor de la generosidad conciliadora, fundamento humanista del liberalismo jurídico que roturó Cesare Beccaria. Solo la dictadura se nutre de inquina; la democracia, de superarla.

Se ha criticado ya la escasa explicación, por los impulsores, de cambiar su adversa posición inicial. Toca ahora recalibrar el inmovilismo inverso, avivado tras la palabra final del Constitucional. No porque no pueda discreparse de este, sino por el exceso en deslegitimarlo.

Así, las acusaciones de corrupción sobre la amnistía y el tribunal afloran la miseria del contraste entre retórica y conducta: dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Alberto Núñez Feijóo dijo que “esta amnistía es una transacción corrupta, un ejercicio de corrupción”. Chirría denunciar lo que se practica: su partido está condenado por corrupto, su sede se pagó en negro, y él ganó el liderazgo tras traicionar la pugna de Pablo Casado por aclarar los embrollos en torno a la su lideresa madrileña. Esta arguye que la sentencia “blanquea la corrupción de Estado”; ¿será que como ella con su novio? Y Felipe González tacha la ley (sin arremeter contra el tribunal) de “acto de corrupción política”: ¿qué fue su procesión al penal de Guadalajara en apoyo a su ministro José Barrionuevo, condenado por un secuestro, esa ilegalidad y violencia de Estado? ¿Acaso no pidió a José María Aznar su “indulto” (total), pronto satisfecho?

La FAES de Aznar, que presidió el Gobierno con más condenados e imputados por corruptos en democracia, la tilda de “anticonstitucional” (¡de la Constitución de 1978, contra la que hizo campaña!) y de “satisfacción de un chantaje”.

El hilo aznariano marca la pauta ultra. Pero la propia sentencia descarta la “autoamnistía”, pues no fue aprobada por sus “beneficiarios directos”, sino por el Congreso soberano. ¿Fue una “vergüenza” suprimir la mili porque el mismo nacionalismo catalán condicionó a ese chantaje su voto de investidura?

Nadie osó desacreditar la amnistía del gran Adolfo Suárez porque beneficiase también a los políticos franquistas: incluido él mismo, que lo fue. Sí se opuso la Alianza Popular de Manuel Fraga, otro exfranquista, pero irredento. Su portavoz, el exministro matarife (¡aún en 1975, con los últimos fusilamientos!) Antonio Carro, justificó la abstención en que amnistiar iba “en menosprecio de las leyes” (dictatoriales), otra muestra de indigencia moral. Pero formulada en tono contenido: delicia comparativa.


Las fusiones bancarias nacionales no generan campeones europeos

Unicredit ha demostrado que no hace falta ser un mega banco para buscar dimensión transeuropea

Oficina de Unicredit en el centro de Roma.REUTERS

Las fusiones bancarias nacionales no provocan fusiones transfronterizas europeas. La idea de que serían su condición o palanca, aireada a raíz de la opa del BBVA al Sabadell, es contraintuitiva. Parece obvia, pero no lo es. Esa apariencia obedece a que un cierto tamaño es imprescindible en un mercado amplio. Para todo: competir, mejorar la rentabilidad, diversificarse, y para…fusionarse.

Pero la realidad demuestra que durante los últimos tres decenios, la oligopolización doméstica —interna, en los Estados miembros de la UE— no ha desembocado en la constitución de grandes campeones a nivel europeo mediante absorciones (toda fusión desemboca en absorción). Tras un cuarto de siglo largo de euro, no existe una sola evidencia de esa hipótesis.

Sucede lo contrario. Lo ilustra el caso del banco que más destaca en el empeño, el Unicredit italiano, que llegó a su mayor apuesta, la de adquirir el Commerzbank alemán, en 2024: compró hasta un 28% y anunció una opa. Desde la fusión interna que maridó en 1998 a Credito Italiano y Uncicredito, el conjunto había absorbido en un lustro media docena de cajas, y en 2007 se hizo con otra entidad italiana, Capitalia. Como otros bancos destacados de distintos países.

Su hecho diferencial radica en que su propósito de saltar al nivel de campeón europeo se salpicó de adquisiciones foráneas (pero europeas): la compra del polaco Pekao en 1999, y las opas sobre el alemán Hypovereinsbank y el austriaco Creditanstalt en 2005. Y que eso le franqueó establecerse en la RFA, Austria, Hungría… y en otros 9 países de la Europa oriental. Lo característico es que el gran salto se ultimaba tras varias operaciones exteriores de menor cuantía.

En realidad, las fusiones internas acabaron en 2007. Y transcurrieron 16 años de quietud hasta 2024: nada de opas domésticas como preludio, semilla o palanca de una superapuesta europea. La de 2024 obedeció a la irrupción de un ejecutivo con ambición y sin aversión al riesgo, Andrea Orcel.

Más aún, Unicredit demuestra que no es preciso ser un megabanco para buscar dimensión transeuropea. No solo es que en Italia le adelanta el Intesa en el ranking por activos (datos de S&P, enero 2025). Es que ocupa un retrasado puesto número 15 en el ranking de los grandes europeos (incluye el HSBC, el Barclays, y el Lloyds británicos y la UBS suiza: así que a nivel UE, sería el número 11). Si siendo el undécimo hace tanto ruido, ¿por qué no le imitan los siete megabancos que superan el billón de euros en activos, Paribas, Crédit Agricole, Santander, Société Générale, BPCE, Deutsche y Crédit Mutuel?

¿Y por qué la Comisión, el Consejo, el Eurogrupo y un dirigente politizado del BCE hurgan en los proteccionismos de los Gobiernos como culpables de que no se alcance la unión bancaria, ni la unión del mercado de capitales? aquella sigue coja de un común Fondo de Garantía de Depósitos, ¡desde 2015!; esta, huera de propuestas institucionales desde 2020. Algunos siembran venenosos elogios del accionista como única verdad: ¿salvarán los accionistas a sus bancos demasiado grandes para quebrar, si hay un tornado en, digamos, México o Turquía? ¿o endilgarán el rol del pagano otra vez a los contribuyentes?

Los obstáculos a la consolidación bancaria transfronteriza desbordan el ámbito de los Gobiernos. Porque es mayor la dificultad de generar sinergias de costes (por despidos y cierres de oficinas) en fusiones transeuropeas; juega en contra una larga tradición nacional; hay una gran fragmentación de regulaciones y fiscalidades… En ausencia de esa iniciativa europea, impera lo fácil, incrementar el oligopolio nacional. Cada vez menos entidades, pero más enormes, en mercados minúsculos. Con solo uno o dos grandes bancos en cada Estado miembro (y creciente resistencia social a la concentración), las fusiones europeas serían un milagro. Lo contrario de lo que parece.


Endurecer la opa sin imposibilitarla

El Consejo de Ministros endurecerá este martes las condiciones de la oferta del BBVA sobre el Sabadell. La decisión no entusiasmará ni a los partidarios de la prohibición ni a los de la aprobación incondicional

El presidente del Banco Sabadell Josep Oliú, saluda al presidente del BBVA, Carlos Torres.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

El Gobierno se apresta, este martes, a endurecer las condiciones en la oferta pública de acciones (opa) del BBVA sobre el Sabadell. Sin que ello suponga “imposibilitar” de facto la operación. Aunque si a esa decisión se le suma la probable venta de TSB ―la filial británica del banco catalán―, podría poner el plan del banco de origen vasco en una senda demasiado complicada.

Contra la ficción de que los organismos reguladores ya han dado vía libre definitiva a la operación y que cualquier intervención del ejecutivo supondría una intrusión “política”, ajena a la legalidad, se interpone la norma. En este caso, la ley de defensa de la competencia (3/7/2007). La interpretación oficial del margen de maniobra gubernamental se atiene a su literalidad.

Así, el Gobierno podrá “confirmar la resolución dictada” por la CNMC, que incluye paliativos a la oferta inicial (artículo 60.3.a). O autorizar la concentración “con o sin condiciones”: si las decide, deberá motivarlas en “razones de interés general distintas de la defensa de la competencia” (60.3.b).

La ley no impone que esas condiciones se revisen solo suavizándolas, o endureciéndolas: ambas opciones son válidas; incluso la de ablandar algunas y ampliar otras. Algunos sostienen que no puede agravarlas, deslegitimando la ley porque “la invocación del interés general como fórmula ambigua no parece encajar” en el marco jurídico europeo (Francisco Marcos, “BBVA, Sabadell y el riesgo de intervenir sin decir que no”, Cinco Días, 18/7/2025). Brutal novedad, tras 18 años de vigencia incontestada de la norma.

El Consejo de Ministros las endurecerá este martes. Pero para anclar su posición debe “cumplir su obligación” de proteger el interés general de manera ”proporcionada”, razonan fuentes jurídicas de la Administración. Así que la incumpliría “si de facto paralizase la operación”: condicionarla no incluye la posibilidad de vetarla, en lo que coinciden con el presidente de la opante, Carlos Torres.

La decisión no entusiasmará ni a los partidarios de la prohibición ni a los de la aprobación incondicional. Los nuevos requisitos incorporarán el grueso de las propuestas de los ministerios afectados, además del proponente, Ministerio de Economía, que las modulará. O sea, Trabajo, Transición ecológica, Industria, Seguridad Social, Consumo. De modo que se incrementarán los paliativos para mejorar la financiación de las pymes; facilitar la inclusión financiera de los mayores y en lugares alejados; mantener una red de oficinas suficiente; evitar sangrías de empleo; e impedir el deterioro de la cohesión territorial.

Este último objetivo atiende específicamente a la ultraconcentración bancaria y al mayor riesgo de pérdida de proximidad en Cataluña. El opante atribuye el rechazo de la sociedad civil hacia la operación, a “emociones” y “temores infundados”, afirmó Torres el miércoles. Pero la historia recuerda que cuando BBVA absorbió Banca Catalana, Caixa Catalunya y otras, alejó los centros de decisión sobre créditos y desarboló el apoyo socio-cultural de las cajas a sus entornos inmediatos.

En el propósito oficial también influye la concepción de un modelo de sistema financiero opuesto al oligopólico, con pocos campeones nacionales que financian grandes corporaciones. Postula mantener entidades medianas para clientelas de proximidad. Y constata que los primeros en abandonar la España vaciada o la Cataluña montañosa han sido Santander y BBVA.

En el lapso de espera a esta decisión ha irrumpido la eventual venta por el Sabadell de TSB. Hace tiempo que figura en las previsiones de la cúpula, al acecho de la (actual) mejora de sus cuentas: su presidente, Josep Oliu acariciaba la desinversión; el consejero-delegado, César González-Bueno prefería pausarla.

Toda desinversión contrae el tamaño, y pues, afecta a la ecuación de canje de una adquisición. Por eso, la ley de opas (27/7/2007) exige un deber de “pasividad” al opado: 1) “antes de emprender cualquier actuación” que pueda “impedir el éxito” de la oferta 2) deberá “obtener la autorización previa de la junta de accionistas”. Lo primero se cumple si, como asegura, Sabadell escuchó ofertas por TSB, sin recabarlas. Lo segundo, porque si sube el dividendo gracias a esa venta, convocará junta.

Oliu ha asegurado: “Solo venderemos si ello genera valor para el accionista”. Sabadell adquirió TSB por 2.500 millones de euros en 2015. La horquilla que el mercado maneja para la venta oscila entre 2.000 y 2.400 millones. Pero la plusvalía no vendría de la diferencia entre ambas, sino entre precio de venta y el valor contable actual. Este resta del guarismo de la compra los deterioros y provisiones de los malos años, según las normas del BCE. La entidad guarda, ay, la cifra de la plusvalía en el sagrario del oro en paño.

Esa plusvalía podría acercarse a los 1.000 millones de euros, según estimaciones financieras prudentes. Podría destinarse a uno solo, o a varios de estos fines:

  1. Utilizarla a corto plazo. Prometer un próximo aumento del dividendo para fidelizar más a los accionistas del Sabadell, y disuadirles de vender al BBVA, cuya oferta ya se ha jibarizado: la prima inicial positiva del 30% se ha reducido a un 8,4% negativo (el lunes pasado) o un -7,8% (el jueves). La ecuación de canje se contraería en tono al 15%.
  2. Engrosar el capital, aumentando el coeficiente de solvencia del actual 13,3% hasta quizá el 15%.
  3. Mantenerla a medio plazo como fondo de disposición para inversiones: compras de entidades, fusiones amistosas, lo que mantendría (con visos de aumentar) el tamaño del banco.

Además, la venta de TSB retrasaría aún más la opa; recortaría potenciales plusvalías capturables por el opante; y quizá coincida con decisiones judiciales confirmando o desechando el juicio a la entidad de origen vasco por cohecho en el caso Villarejo.

Y si contribuyese a mejorar la capitalización del Sabadell ahondaría la cancelación del badwill, el fondo malo de comercio resultante de que el valor en libros sea inferior a la capitalización. Hasta 2.134 millones de euros utilizables para absorber los costes de la fusión quedarían del todo diluidos (“Por qué se evapora la opa del BBVA”, 21/1/2025). Una pesada losa para la rentabilidad de la operación.


Cuando se derrumba la confianza

O se restaura enérgica, radical e inmediatamente. O se cierra etapa y se abre nueva página

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa del 13 de junio.Claudio Alvarez

Cuando se derrumba la confianza (en una pareja, en una empresa, en un proyecto político), o se restaura enérgica, radical e inmediatamente. O se cierra etapa y se abre nueva página.

Esto sucede hoy con el mandato de Pedro Sánchez. No por ilegítimo (esa falsedad ultra). Ni porque sus políticas públicas sean injustas o ineficaces (al contrario, el grueso de las mismas es remarcable: en lo económico, lo social, lo energético, la normalización de Cataluña…). Ni por sus discutibles modos (exceso de decretos-leyes, tendencia a confrontar antes que a cooperar…).

Sino a causa de dos casos de presunta corrupción: José Luis Ábalos, Santos Cerdán. Porque su selección y mantenimiento como secretarios de Organización del primer partido en el poder revelan un error de juicio grave y continuado del líder. En asunto clave, la identificación de instrumentos esenciales (personales) para una política. Y con efectos contaminantes en el Gobierno: en el anterior, pero que en esencia es el mismo y con igual presidente. Subrayemos que se trata de un acto continuado: no solo en Derecho dos sentencias constituyen jurisprudencia.

El goteo diario de ambos casos (y el de Koldo, que en realidad conforman uno, pues una es la trama) en diarios y noticiarios será letal si se añade algún cuarto personaje o ramificación de bulto. Pero ya es ahora insoportable para la estabilidad parlamentaria y la emocionalidad ciudadana, por mera tracción de la inercia procesal. La obscena aparición sucesiva de conductas desaprensivas sepultará toda novedad positiva. Iremos a susto diario y no habrá espacio en la conversación pública para cualquier atisbo de gobernanza.

Solo una reacción rampante para revertir la desconfianza (empeorable) revertiría este desastre.

Con medidas entrelazadas, como: 1) elección para la nueva cúpula del partido de gente honesta, con años de credibilidad acreditada ante el electorado, y no burócratas oscuros; 2) separación entre liderazgo en el partido y del Gobierno, troceando el control, hoy verticalizado y unipersonal: Sánchez debería elegir entre encabezar uno u otro; 3); en cualquier caso, remodelación ministerial; 4) en ausencia de una moción de censura, ese deber incumplido de la oposición, cuestión de confianza; para reconstruirla ante todos y visualizar una mayoría (o no) parlamentaria; 5) o bien medidas de efecto (casi) equivalente, como un pacto para el presupuesto de 2026, que evidenciaría estabilidad, sin acogotar a los aliados; 6) en su defecto, propuesta, por Sánchez, de un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno, de su misma familia política: nueva investidura por dos años; y 7) programa legislativo exprés anticorrupción: medidas contra los sobornos, inhabilitaciones permanentes; y transparencia de todos los actos administrativos, incluido el más nimio, desde la primera propuesta. Al menos.

O algo parecido, o combustión acelerada.


Pero ¿qué tipo de gente son?

¿Por qué una tripleta como la conformada por Ábalos, Koldo y Cerdán acompaña al heterodoxo líder socialista desde 2017?

Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.C. Á. / EP / S. S.

Los de la tripleta Ábalos-Koldo-Cerdán, ¿qué tipo de gente pensamos que son? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Se creían inmunes? Solo esa sensación de impunidad explicaría sus negativas de corrupción, sabiendo que ellos sabían que estaban (digamos, presuntamente) en el manejo. ¿Ignoraban las pruebas? ¿Y que uno les grababa a escondidas?

Olvidaban algo básico: quién puede lo más (distraer recursos públicos) puede lo menos (traicionar al cómplice privado). ¿Había obsesión de enriquecerse? ¿O la explicaban por servicio al partido? ¿O por trasvases a una financiación negra? Lo sabremos. ¿Eran conscientes de traicionar al presidente-jefe íntimo? ¿Creyeron que nunca daría fe a los indicios? ¿Calculaban que querría, o podría, ceder al chantaje?

La tripleta luce ralo estilo. Con matices, parco en Cerdán, hipertrofiado en los otros. Concuerda con la peor derecha: ese “estoy en la política para forrarme” de los amigos de Eduardo Zaplana; esa vergüenza del “Luis sé fuerte” enviado a Bárcenas por Mariano Rajoy… Pero en distinto grado. Es un modo menos perfumado, de zafios nudos de corbata, de trajes arrugados de confección, nunca bien cortados en la calle de Serrano.

Vulgar en su voracidad ramplona de los “picos”a distribuir (“solo sé que no tengo un puto duro”, “ya me tiene hasta la polla”) y en el clima de omertà (“que no quiero que hables de esto, que no se habla”). También con las mujeres: las ex y las pos. Cosificadas en sujetos de uso y objetos de pago. A cuenta del erario. Desborda el machismo patriarcal.

Ese diferencial de apariencia con los delincuentes de alto standing chirría. ¿Obedece al tipo de ascensor social utilizado, al origen menestral o humilde? Es una tripleta de julianes soreles stendhalianos con pocos cursos PPO: guardaespaldas trocados en chóferes, técnicos en mantenimiento ascendidos a guardianes organizativos, concejales de Policía Local… Quizá, desde la altanería clasista. Pero lo esencial no es eso, sino el modo de su acceso al poder. Esta progresión se salpica con cargos de cocina interna, de apparátchik: apenas validados por alguna concurrencia a elecciones, nunca transparentes a los focos. Opacos.

¿Por qué una tripleta así acompaña al heterodoxo líder socialista desde 2017? Pedro Sánchez aspiraba entonces a secretario general del PSOE. Extramuros de las élites del partido. Recurrió a la única tropa disponible: unos, insatisfechos; otros, arribistas; los demás, oscurantistas. Este perfil se derrumba con estrépito. Reemplazarlo es la primera provisión, entre muchas, todas urgentes.

Tarea ingente. Porque también se ha puesto en tela de juicio su buen criterio al seleccionar y enjuiciar cuadros; porque ese error es acumulativo; porque no sabemos si obedece a raíces ontológicas o cabe una completa, radical y convincente rectificación. Porque sabemos lo rechazable. Pero esperamos, entre dudas, lo deseable. Todo duele.


Paliativos estériles en la opa

Competencia ni se dignó elaborar cálculos propios sobre cuantas pymes quedarán afectadas por la opa del BBVA al Sabadell

El presidente del Sabadell, Josep Oliu (a la izquierda), saluda al presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, el pasado verano.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Los remedies o paliativos previstos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que deberían compensar el tajo a la competencia que implica la opa del BBVA al Sabadell son estériles. Estériles para la abrumadora mayoría de las pymes. El Sabadell vio rechazada su propuesta de incluir en ellos a las compañías medianas (que facturan entre 50 y 200 millones), blindándolas en el compromiso del opante de mantener sus condiciones de financiación. Son algo más del 4% de las afectadas. Pero un poderoso nervio de la economía industrial.

Competencia ni se dignó elaborar cálculos propios sobre cuantas pymes quedarán afectadas, en el informe conocido el día 6 de junio, hace una semana: inaudito retraso de más de un mes desde que dio vía libre a la operación, el 30 de abril. Por pereza, o porque no importa, dice, cuál sea el “número de implicadas”, genial aportación. Por uno de ambos motivos, convalida algún dato del Sabadell: “El 18,4% del total de empresas que facturan menos de dos millones de euros estarían protegidas gracias a la propuesta de compromisos realizada por el BBVA”. O sea, el 81,6% de las micro y pequeñas empresas carece de protección. ¡Bravo!

Digan lo que digan los papeles —este es un mazacote de 191 páginas, lean su precaria redacción—, las demás garantías de los compromisos, como su duración, de 18 meses a tres años prorrogables hasta cinco, son etéreas. Por temporales, para nada estructurales o permanentes. Y el mercado amenaza con cerrarse más: el informe reconoce que los neobancos y las fintechs, una alternativa competitiva teórica, apenas producen para pymes, o en hipotecas. Pocos confían en los mecanismos de verificación, y menos si el protagonista que podría reclamar desaparece. Ni comprobaciones, ni multas sostenibles, ni victorias en los juzgados. La presidenta de la CNMC es una estupenda jurista; su organismo, un páramo.

El capítulo sobre reducción del crédito a las pymes —el más aireado— desautoriza brutalmente las aproximaciones técnicas del opado porque “está perdiendo cuota de mercado” en favor de otros bancos medianos cuya competencia no sería “limitada”, y por eso su desaparición sería menos “relevante”. Con datos ya viejos, pues corresponden a 2022 y 2023, tras una enérgica “limpia” de clientes dudosos o irrentables… cuando desde 2024 recupera cuota: 19 páginas del informe para la papelera.

En realidad, poco importan las posturas del Sabadell, ni del BBVA. La clave es el perjuicio a los clientes por la concentración rampante: 120 entidades financieras desaparecidas entre 2007 y 2021 (reconoce el informe); la segunda oligopolización en Europa tras Holanda (oculta esa comparativa); y el apretujón entre las más poderosas, pues en 2022 cinco entidades (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Unicaja) ostentaban el 69,3% del mercado de crédito (datos del BCE): y si hay fusión tras la opa, parecida cuota (71,69%) la absorberán solo tres. Por eso los grandes aplauden la opa. Y la CNMC se deja capturar. De cinco bancos grandes, quedarían tres. ¿Bastan medidas cosméticas para defender la competencia?

Tiene el informe un capítulo notable: sobre los consumidores. Subraya que las sinergias (ahorros de costes) previstas, de 850 millones, “no puede garantizarse que se vayan a producir”; “no resulta verificable ni cuantificable la posible traslación de beneficios a los consumidores”, que es exigencia de la UE; y la “posible complementariedad” de ambas entidades “no compensaría” la mayor concentración “en determinados segmentos y zonas geográficas” en la entidad resultante. Mientras los riesgos para la competencia crecen, inquietantes. Como “traspasar a los clientes del Sabadell hacia sus propios productos” (del BBVA) “donde las comisiones sean más elevadas o las condiciones sean menos favorables”; o la “exclusión financiera”. ¿Para quién es el negocio?

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Análisis

Un proceso sin garantías contra García Ortiz

El juez Hurtado toma meras elucubraciones por indicios y ha convertido sus conjeturas en evidencias sin pruebas

El juez Ángel Hurtado (a la izquierda) llega al Tribunal Supremo, el pasado febrero.Andrea Comas

Siempre hay un pecado original. También en el del proceso que hoy sacude al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lo cometió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena. Ocurrió al principio, en el auto del 15 de octubre de 2024 que iniciaba el procedimiento.

Ese texto retorció y rebajó —en barroco vaivén tan de su estilo— el recuerdo de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (1981) permite a sus servidores “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan”, siempre “en el ámbito de su competencia”, y con condiciones, como el respeto al “secreto del sumario” (artículo 4.5). Informar ¿para qué? “Para el interés de la Administración y para la causa pública”, según su sentencia 509/2016. O sea, para salvaguardar la eficacia de la tarea de los fiscales, elemento finalista clave que, ay, omitió; ese sesgo. Se trata de un derecho a informar, en este caso de la cúpula fiscal, pero también de su deber.

Claro que el auto también acertaba en algo esencial. En que “aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” en la nota de prensa que hizo publicar García Ortiz. O sea, no había habido revelación ilegal de secretos. La auto confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador —declarándose delincuente fiscal— se conocía “horas antes” de esa nota, gracias a la prensa y la radio.

Incluso, aunque de forma manipulada, la había filtrado el asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como acabaría confesando en el estrado, además de que había mentido inventando que el pacto con la Fiscalía que pretendía Amador para reducir su pena se había obstruido “desde arriba”.

Así que, en nuevo revés liftado à la Marchena, había que investigar si el tenor literal del correo esencial entre las partes sí había sido filtrado por García Ortiz. Pues solo accedieron a él “el afectado y la Fiscalía”, sostuvo la Sala: grave yerro prospectivo, según se ha visto en las testificales, pues hasta 500 personas podían haber accedido al expediente, según evaluó la Fiscalía madrileña.

Lo peor de este proceso es que carecía de objeto, es decir, que en realidad no hay caso. Porque no hay causa que lo provoque. Con datos fidedignos, mensajes previos y correos y minutajes precisos, media docena de periodistas —y de medios con idearios contrapuestos—, han explicado que conocieron las tripas del asunto contenidas en el correo antes de que llegasen a conocimiento de García Ortiz.

Un ejemplo: la Cadena SER lo detalló 26 minutos antes de que el fiscal general “cerrase el círculo”, lo difundiese, según la fértil imaginación del instructor, Ángel Hurtado. Este togado eludió o banalizó esas declaraciones, las calificó de meras “opiniones”. Y así hurtó la esencia de lo que es un no-caso, pues “los datos previamente revelados a los profesionales de la información” pierden su carácter secreto y reservado, a tenor de la sentencia 866/2008 del mismo Tribunal Supremo.

Si esa es la esencia de esta grave comedia de enredo, las anomalías que la acompañan han sido infinitas. Una, la orden de entrada y registro en el despacho del principal imputado, aunque la Sala la validase, fue desproporcionada: no logró allegar ninguna “prueba” de ningún delito, más allá de sospechas, inferencias o cábalas. Y fue un despropósito por sus consecuencias, pues la incorporación de datos sensibles al sumario (al que acceden las partes) propician su uso venenoso por aprendices de brujo: el afectado calculó que el material incautado (y en este caso sí, carente de protección como secreto) alcanzaba los 240.000 registros.

Dos, la insólita solidaridad del juez con Amador porque se le calificó de “defraudador confeso, sin serlo”, opinaba el magistrado; cuando en realidad así lo reconoció su abogado “de común acuerdo” con su cliente, según el relato de la Sala. Tres, las continuas negativas del instructor a citar al novio de Ayuso, hasta que la Sala de Apelación le obligó a ello.

Cuatro, el procedimiento ha resultado “inquisitivo”, según la Unión Progresista de Fiscales, pues el instructor “toma meras elucubraciones por indicios”. Cinco, convertía súbitamente sus sospechas en algo más serio: “Ha hecho desaparecer pruebas”, dijo Hurtado sin demostrarlo, cuando desconocía en qué consistirían tales pruebas. Pequeño detalle, puesto que sin ellas no hay condena, ¿verdad?

La negación o retrasos en practicar pruebas, o de convocar testigos, son materia inflamable para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —con sede en Estrasburgo—, la mayor parte de cuya jurisprudencia se focaliza en apremiar a juicios justos con un potente derecho a la defensa.

Pero Hurtado va a lo suyo. Archivó la causa del asesinato del cámara de televisión José Couso, allanándose a tres militares sospechosos de EE UU. Pugnó por evitar que Mariano Rajoy declarase en el caso de corrupción Gürtel y discrepó de la condena al PP. Y propugnó como “aconsejable” que los jueces colaboren con los partidos para darles un ropaje “jurídico”, especialmente “si se tiene un pensamiento que guarda sintonía”. Dechado de imparcialidad que causará furor en Estrasburgo.

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José Luis Escrivá: “Hay una menor confianza en el dólar y en los activos de Estados Unidos”

El gobernador del Banco de España duda de que el objetivo de invertir el equivalente al 5% del PIB para la defensa europea tenga detrás un análisis riguroso

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, en la sede del Banco de España el pasado día 5 en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

José Luis Escrivá (Albacete, 64 años) es economista. A finales de junio cumplirá nueve meses como gobernador del Banco de España. Antes fue ministro de Transformación Digital, tras ocupar la cartera de Seguridad Social en los gobiernos de Pedro Sánchez. Y primer presidente de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En esta entrevista, realizada el jueves en la sede del organismo, analiza las incertidumbres mundiales, apuesta por la continuidad de la política monetaria europea y destaca las ventajas competitivas de la economía española. Aborda también los cambios y tensiones en el seno de la institución que ahora encabeza.

Pregunta. La decisión de bajar los tipos fue bastante automática en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. Seguir bajándolos, ¿requerirá mucha más discusión?

Respuesta. Desde que formo parte del BCE, percibo un gran consenso sobre cómo abordar la política monetaria. No veo motivos que hagan que ese enfoque vaya a cambiar. Es un enfoque basado en una evaluación continua de los datos, y en el que no nos comprometemos de antemano con ninguna senda para los tipos de interés a futuro. En todo caso, la inflación se sitúa ahora en torno a nuestro objetivo del 2% a medio plazo y las expectativas están ancladas en ese nivel. Eso nos da una cierta tranquilidad.

P. Por eso ¿costará más seguir la senda de reducción?

R. El escenario se ha ido complicando desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU. Aparecen nuevos riesgos. Por un lado, la demanda podría debilitarse en este contexto de volatilidad de los mercados financieros y de incertidumbre de los agentes financieros. A ello se podría unir un descenso de los precios de la energía y un euro más fuerte. Todo ello podría llevar la inflación a la baja, sobre todo en el corto plazo. Esto podría verse reforzado por el efecto de los aranceles sobre la demanda externa. En sentido contrario, una disrupción de las relaciones comerciales globales y un aumento del gasto en defensa e infraestructuras podría elevar la inflación a medio plazo.

P. Usted llegó a Fráncfort con un enfoque restrictivo de la política monetaria. Algunos le percibieron como alguien lejano a las palomas.

R. Yo no soy ni halcón ni paloma. Yo formo mi criterio sobre la base de un análisis exhaustivo de todas las dinámicas macrofinancieras, domésticas o externas. Fruto de ese análisis, en ocasiones puedo considerar más apropiado que el tono de la política monetaria sea menos restrictivo, pero en otras ocasiones he opinado exactamente lo contrario. Estoy muy cómodo con el gradualismo [actual], esto es, acompañando las mejoras en inflación con nuevos recortes sucesivos de 25 puntos básicos en los tipos. Y verificar su eficacia cada vez, con los datos más recientes en la mano, para consolidar ese 2% de inflación. Cuando la situación está repleta de incertidumbres, conviene mantener todas las opciones abiertas. El escenario central con el que operamos –crecimiento del PIB en torno al 1%, inflación del 2%– podría requerir, si se va confirmando, si acaso, algunos ajustes finos.

P. Una novedad es la depreciación del dólar, de un 10% desde la llegada de Trump.

R. En momentos de aumento de la incertidumbre y del riesgo global el dólar ha sido tradicionalmente la moneda refugio. Desde abril no lo está siendo. Hay menor confianza en el dólar y en que los activos estadounidenses sean tan seguros como en otros momentos. El dominio del dólar como moneda de reserva internacional parece tocar techo.

El dominio del dólar como moneda de reserva internacional parece tocar techo

P. Christine Lagarde subraya que abre vías al euro como moneda de intercambio.

R. Así es. El euro tiene potencial para competir con el dólar, especialmente si mantiene su estabilidad macroeconómica e institucional. Con una economía sólida y un volumen comercial superior al de Estados Unidos, Europa tiene margen para reforzar el papel del euro como moneda de reserva y de referencia en un comercio internacional aún dominado por el dólar.

P. Para eso se requiere un activo seguro común. Los eurobonos lo son, pero en cuantía limitada y se emitieron solo una vez, contra la pandemia.

R. Es cierto, aunque quizá no sean el único factor determinante. También contamos con activos como el bund [bono] alemán y los bonos soberanos del resto de la eurozona, que cotizan con diferenciales relativamente estrechos respecto a él. El verdadero desequilibrio con Estados Unidos radica en la escala de su mercado financiero: es profundo, más líquido y amplio que el nuestro. En cambio, nuestros mercados de capitales siguen fragmentados. Debemos avanzar hacia una verdadera unión de los mercados de capitales.

José Luis Escrivá

P. Hace años que hablamos de eso. ¿Se requiere un Big Bang?

R. Necesitamos un calendario claro, con condiciones y fechas, para la introducción de todos los elementos comunes, como se hizo para la introducción del euro. Desde el BCE insistimos a todas las autoridades europeas con competencias, que son varias. En el comunicado del Consejo de Gobierno del jueves volvimos a reclamar “un calendario ambicioso” ya que actualmente no hay un verdadero programa con compromisos vinculantes que evidencien que todo eso va a ocurrir en etapas predecibles y fechas fijadas de antemano.

P. Quedan 15 meses para aplicar el programa Next Generation. Y sólo se han gastado la mitad de los 740.000 millones previstos al inicio. ¿Prevé un fracaso, o un acelerón de última hora?

R. El plan da un salto fantástico desde su misma concepción, ya que asigna fondos de forma novedosa, a medida que se van cumpliendo metas. Los hitos y objetivos suponen una exigencia de resultados tangibles tanto en las inversiones materiales como en las políticas de acompañamiento. Pero ha cogido a todas las administraciones, incluida la propia Comisión Europea, sin preparación previa: no estaban acostumbradas a funcionar así.

Los fondos Next Generation ha cogido a todas las administraciones, incluida la propia Comisión Europea, sin preparación previa

P. Y ahora viene el gasto en seguridad y defensa. El objetivo del 5% del PIB empieza la casa por el tejado, con el “cuánto” sin haber establecido claramente en “qué” gastar.

R. Probablemente es así. Dudo de que esa referencia de la que se habla, del 5% a medio plazo, tenga detrás un análisis muy riguroso. La seguridad es un bien público común europeo y debe abordarse con visión de conjunto. A veces acertamos al identificar una causa común que nos cohesione para impulsar el proyecto europeo. En la crisis financiera de 2008/2012 no supimos, pero sí sucedió con la pandemia de la covid 19. Ahora la amenaza es a la seguridad europea, debido a la nueva situación geopolítica global y a la persistencia de la guerra en Ucrania. Necesitamos comprometernos. Y conviene recordar el papel del gasto militar como dinamizador del crecimiento, especialmente si se focaliza en actividades relacionadas con la I+D+i y la tecnología.

P. ¿Un gasto del 5% supondría decapitar el gasto social y el Estado del bienestar? Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, lo propuso y ha reculado.

R. Los banqueros centrales debemos ser prudentes y no podemos ser prescriptores en estos asuntos relacionados con la distribución del gasto público, ya que carecemos del grado de legitimación democrática para ello, no tenemos mandato específico en este ámbito. Pero como economista sí puedo recordar que España, que tiene un espacio fiscal muy limitado, puede disponer de algún margen para aumentar inversiones en distintas actividades, incluidas las de defensa. Para ello, la AIReF lleva casi una década realizando evaluaciones del gasto público que pueden suministrar elementos muy útiles para identificar este margen.

España, que tiene un espacio fiscal muy limitado, puede disponer de algún margen para aumentar inversiones en distintas actividades, incluidas las de defensa

P. El crecimiento de la economía española se prevé como el más destacado de los países desarrollados para 2025. ¿Es sostenible?

R. El próximo martes publicaremos una revisión a la baja del PIB para este año. Serán unas pocas décimas [desde el 2,7% publicado en marzo]. Esa revisión es compatible con el hecho de que España ha generado desde la pandemia algunas ventajas competitivas muy poderosas.

P. Apuntan algunas en el informe anual sobre 2024.

R. Los consumidores europeos han cambiado su propensión al gasto hacia el ocio y eso nos beneficia a los países que disponemos de más oferta turística. Además, están creciendo notablemente los demás servicios, los no turísticos: de consulta, auditoría, jurídicos… Eso incrementa la demanda de trabajadores cualificados, sobre todo en actividades tecnológicas. Otra ventaja comparativa es la energía. Antes de la guerra de Ucrania, el coste de la electricidad para las empresas era superior al de los países vecinos. Desde entonces se ha reducido más en España y a finales de 2024 se situaba un 30% por debajo de los de la eurozona, en gran medida gracias al despliegue de energías renovables, como subraya un reciente estudio del Banco de España.

P. En banca, ¿hay precedentes de que la consolidación nacional haya impulsado alguna fusión transfronteriza, intraeuropea?

R. No lo creo. Son, de momento, dos direcciones distintas. El mercado bancario europeo sigue segmentado. Se han alcanzado hitos muy significativos e importantes para asegurar la Unión Bancaria, como el Mecanismo Único de Supervisión, pero faltan elementos relevantes para completar el proceso, en particular la ausencia de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo. Persisten las dificultades para alcanzar fusiones transfronterizas. Ante eso, proliferan los intentos de ganar escala en los mercados domésticos nacionales.

P. En sus nueve meses de mandato se han multiplicado los cambios, renuncias y remociones en el Banco de España. ¿No es peligrosa esta imagen de inestabilidad?

R. Este diagnóstico no responde a la realidad de los últimos meses, lo que es verdad es que hemos iniciado un proceso de transformación interna del banco a cinco años vista. Esta transformación parte de un diagnóstico que hemos hecho a partir de evaluaciones externas y encuestas internas que muestran la existencia de una efervescencia en la plantilla por esta transformación. Las últimas encuestas de clima laboral nos muestran que la plantilla tenía una cierta desmotivación, por ejemplo, con los sistemas y procedimientos y con las oportunidades laborales había bajado al 40%. Es decir, el banco, cuya plantilla está formada por excelentes profesionales, necesita una transformación interna.

P. Han dimitido tres altos cargos, incluido el director general de Economía, que es clave, justo después del informe anual.

R. Ángel Gavilán no se marcha por discrepancias conmigo ni por nada relacionado con la elaboración del informe anual y así lo ha expresado. Hemos colaborado intensamente desde que estoy en el banco y tengo una estrecha relación con él. Ángel Gavilán me comunicó hace unos meses que quería buscar nuevos retos profesionales, algo lógico y legítimo después de muchos años en el cargo. Estoy seguro de que los encontrará porque es un gran economista.

P. Usted ha alegado falta de “capacidad técnica” para evaluar el funcionamiento de la reforma de pensiones. Jamás lo habría yo pensado del Banco de España y su potencia intelectual.

R. Bueno, quizá se me entendió mal, o no me expresé bien. Quise subrayar que la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, tiene un mandato claro, el examen de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, está especializada en ello y en política fiscal. Y este año pocos días antes de nuestro informe anual publicó su evaluación sobre las pensiones, con un informe muy detallado, extenso e interesante, así que lo asumimos.

Quizá se me entendió mal, o no me expresé bien cuando dije que el Banco de España carecía de capacidad técnica para evaluar las pensiones

P. Pero coincide que la principal reducción de páginas del informe del banco se operó en el capítulo de pensiones. Justo sobre la reforma de la que usted fue autor principal como ministro.

R. El informe decisivo al respecto era el de la AIRef, entre otras cuestiones porque su análisis era más profundo que el de cualquier otra institución ya que disponía de más información. Todos nuestros borradores estaban pendientes de él. Cuando salió, no podíamos aportar muchos elementos adicionales, así que lo simplificamos.

P. Hay preocupación porque pueda rebajarse el peso de la dirección general de Economía, que es un puntal del banco.

R. Al contrario, mi objetivo es potenciarla. Vengo de ahí, y sé bien lo relevante que es para la institución. En el Plan Estratégico que acabamos de presentar sale absolutamente reforzada, tanto en medios técnicos como humanos (con 35 plazas nuevas). La reorganización la sitúa como el centro de tres áreas hasta ahora divididas entre varias direcciones generales.

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Contra la ley de amnistía

Muchos saldrán hoy a protestar contra una norma que no conocen y una ponencia del Tribunal Constitucional que no han leído

Sede del Tribunal Constituconal en Madrid.Claudio Álvarez

Muchos no las habrán leído: ni la ley de amnistía en vigor desde hace casi un año, ni la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que esta semana le ha otorgado validez, a salvo de tres enmiendas menores. Lástima. Porque en uso de su plena libertad, bastantes acudirán hoy a las manifestaciones contra el Gobierno y contra esa ley sin conocerlas antes de forma directa, sino mediante intérpretes con sesgo.

Les ocurrirá lo que a sus predecesores del noviembre insumiso de 2023. Para entonces, ya había información aprovechable sobre la constitucionalidad de una amnistía. Estaban disponibles para los lectores atentos de este periódico. En un texto titulado El Tribunal Constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de una amnistía (5/10/2023), se recopilaba la jurisprudencia que avalaba “una” medida de gracia. Todavía no “esta”: aún no existía.

Excusen la autocita, pero alivia comprobar que el periodismo puede brindar pautas a veces útiles a sus usuarios. La ponencia –aún no sentencia—del alto tribunal amplía de forma abrumadora la argumentación del posible encaje constitucional y la validación concreta del grueso de la ley. A expensas de lo que decida su Pleno.

Elementos esenciales de lo primero ya estaban al alcance de los interesados: la competencia del Parlamento para elaborarla; la no prohibición de la misma en la Constitución, por no ser asimilable a un indulto general (este, sí, excluido), sino una medida no de grado distinto sino de diferente “cualidad”; la posibilidad de distintas versiones de amnistía; los principios constitucionales que debe respetar… Y algunas de las sentencias del tribunal a las que acudir para mayor ampliación, destacadamente la 147/1986 y la 63/1983.

La política hablará en los modos que convenga a cada cual. Pero el derecho tiene su propio camino, admite distintas lecturas, nunca retorcimientos. Y no conviene desatender el imperativo legal de que el único intérprete fidedigno y supremo de la ley de leyes (véase su artículo 161) es justamente el TC. De cuyas resoluciones se puede discrepar, faltaría.

Aunque sea aconsejable no hacerlo mediante aseveraciones desafiantes y lejanas de la realidad. Como las del líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, quien reaccionó a la ponencia arguyendo que la ley es “inmoral” y “es inconstitucional porque así lo han dicho todos [¡!] los expertos en este país”, y luego atacó personalmente al presidente del TC porque nos pretende, ay, “convencer de que una mentira es una verdad”.

No es de mucho recibo ni exhibe demasiada coherencia moral reconocer la legitimidad de una institución, como se presupone cuando se recurre a ella, y, en cambio, negársela a posteriori si no se obtiene la satisfacción esperada.

Tampoco es lindo intentar salvar en manifestaciones callejeras de lemas deslegitimadores lo que se ha perdido en las instituciones. Lo que hay.

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Capotan los procesos inquisitoriales 

Esta semana ha sido pródiga en globos que pierden gas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles en la inauguración de la 32ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se ha celebrado en Madrid.Mariscal (EFE)

Los procesos inquisitoriales capotan, van a la baja, tienden ―muy lentamente― a diluirse en la nada, aunque nos cueste percibirlo.

Inquisitoriales: cuando distintos factores acusatorios combinados asfixian el derecho de defensa, anulan la presunción de inocencia y establecen la verosimilitud pública de una culpabilidad. Y así el daño es exponencial desde su inicio. Sin vacuna.

Transitan esta pauta: surge un rumor sin base en los medios de la caverna, contra un personaje progresista o allegado/a; un corrupto o grupo parafascista o terminal de la ultraderecha/derecha ultrificada interpone querella; un juez raro o inquisidor le pone el turbo; la caverna amplifica el ruido; los ultramontanos llevan el tema al Parlamento.

Y entonces todos los protagonistas se retroalimentan: parece aflorar una crisis terminal de la legislatura. Y si la maraña política no basta, se llama a la gente a ocupar la calle, esa patética bolchevización de las derechas españolas, comandada por alguien sin atributos, ni ideas, ni convicción identificable. Tan nada que ni siquiera baja a las plazas, no sea que le confundan consigo mismo.

Esta semana ha sido pródiga en globos que pierden gas. Como el presunto caso Begoña (Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Al fin, tras tres admoniciones de la Audiencia, el juez Peinado desiste de investigar el tráfico de influencias que le imputaba por la ayuda del Gobierno a Air Europa, cuando la pandemia paralizó el tráfico aéreo. Claro que la sigue persiguiendo por asuntos (quizá imprudencias) en apariencia muy menores.

Pero es que el asunto Air Europa era, por cuantía (475 millones de euros) y relevancia europea (ayudas de Estado a controlar por Bruselas), favorito para convertirse en caso. Tampoco. La Audiencia reiteró que no había pruebas, ni indicios; solo “conjeturas”. Ese avión averiado se estrella con estrépito. Y con él la inquisitoria del juez en La Moncloa. Y los miles de páginas de la caverna insuflando falsas sospechas.

También se deshilacha el pulso por cancelar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La jueza de instrucción procesa a su querellante, Alberto González Amador, el novio, por fraude fiscal y falsedad documental. Varios periodistas son ¡por fin! escuchados por el Supremo donde acreditan que conocieron su autoconfesión de culpabilidad 30 horas antes de que llegase a la mesa de García Ortiz: ergo el asunto no era secreto. Y no pudo haber revelación de secreto.

Además, el abogado de Amador le desmiente. Documenta que, tras conocerse el fraude, siguió negociando sustituir cárcel por multa para su cliente: no hubo perjuicio para la defensa e interés del novio. Ni secreto, ni daño, ni caso. Juegos malabares del instructor, Ángel Hurtado. Y desplome de la novia, que defendía a su chico elevando su fiasco a una “operación de Estado” contra ella. Basura persecutoria.

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Opinión

Disparates de Bruselas sobre la opa

Callan sobre la operación de Unicredit y Commerzbank pero hablan de la del Sabadell, que no rebasa los límites del mercado español

La toma de posición de la Comisión Europea sobre la opa del BBVA al Sabadell es disparatada. Primero porque se vehicula de forma anónima, una irresponsabilidad. Segundo, porque al tratarse de una operación interna que no rebasa los limites de afectación del mercado europeo, Bruselas carece de competencias. Tercero, porque demuestra una ignorancia supina sobre la ley española de defensa de la competencia, que es de 2007 y nunca ha sido impugnada.

Dice esa posición clandestina (“fuentes de”) pero hecha pública, que “no ve razones que justifiquen el bloqueo o el rechazo de la operación”, refiriéndose a la futura “decisión del Gobierno”. Es de primero de bachillerato: la ley española no permite “bloquear” la opa: solo modificar al alza o a la baja las condiciones impuestas por Competencia (CNMC). Tampoco la puede “rechazar”, sino, en todo caso, vetar la posterior “fusión”. La opa y la fusión son cosas distintas.

Más desatinos. Con aire de suficiencia, las fuentes europeas añaden que la posición del Gobierno español esté “alineada con las decisiones de las autoridades competentes”. ¿A qué se refiere? ¿Es competente la Comisión en este caso? No. En cambio, sí es competente en la opa del italiano Unicredit sobre el Commerzbank alemán, porque es de carácter transfronterizo, pero ahí el portavoz de Servicios Financieros, Olof Gill, se limitó a musitar que la Comisión “evita comentar operaciones específicas” —como recogió Il Messaggero—, al ser preguntado sobre la oposición del Gobierno alemán.

O sea, callan sobre lo que están obligados a posicionarse, y charlotean acerca de lo que carecen de competencias. Quizá ocurre que la jefa, Ursula von der Leyen, es alemana, y prefieren no acarrearle incomodidades propias del ejercicio de su cargo.

Pero la mención al presunto deber de “alineamiento” con las autoridades “competentes” también alude a los organismos reguladores que sí son parcialmente competentes y ya han tomado postura parcial, como la CNMC (sobre la competencia) o el BCE (sobre la solvencia). Otra ignorancia, porque el Gobierno está cualificado legalmente para intervenir después de todos ellos, aunque deba hacerlo en respeto a las competencias de esos organismos. Respeto (que no “alineamiento”), por más que alguno de sus dictámenes haya sido desatinado. Negar esa competencia a una instancia política legitimada es burda antipolítica.

De otra manera, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, incurrió en similar yerro: “A veces los planteamientos domésticos responden más a cuestiones políticas”, recriminó (Expansión, 21 de mayo). Pero, vamos, ¿el exministro Guindos criticando las decisiones de política económica por ser “cuestiones políticas”? ¿Deslegitima así su rescate bancario de 2012? Pero dice más: esos “planteamientos” domésticos “no están alineados con los intereses europeos”. Coincide con Gill en que la consolidación “ayudará” a crear una unión bancaria europea. En realidad resulta de evidencia científica que las fusiones nacionales no han desembocado en operaciones transfronterizas. En Holanda o España, donde la concentración ya es asfixiante, no ha dado lugar a ninguna. La única seriamente intentada, la protagonizada por Unicredit, exhibe un origen plurinacional: Unicredit es un conglomerado de bancos de origen italiano, con presencia en Austria, Alemania y Europa del Este, y divisiones de banca de inversión en Londres, Milán y Múnich. Nada que ver.

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Patxi Aldecoa, el valor del euroentusiasmo

El presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo incide en la tesis de que el segundo mandato de Trump es una oportunidad para la UE

Estudiantes de secundaria de Vélez-Málaga desplegaban el viernes una bandera de la UE en un acto de celebración de la Semana de Europa organizado por la Diputación de Málaga, que difundió la imagen.

Están los euroindiferentes, no muchos, se enteran poco. Están los nacionalistas euroescépticos, la mayoría se fue con el Reino Unido y lo purga. Luego, los nacionalistas ultrafachas o eurohostiles. Ya derrotados en su intento de desmochar a la Unión Europea, ahora la erosionan desde dentro. Todos estos son bastantes, pues la vida se complicó, pero constituyen solo una minoría.

Gente más normal son los eurodubitativos, atraídos por la idea (y logros) de una Europa unida, pero que no están seguros de que avance a buen ritmo. O la amplia familia de los europeístas, que apuestan a fondo por el proyecto federal, pero que son frecuentes víctimas de la decepción irritada provocada por los retrasos, los incumplimientos, la ambición a cuentagotas.

Y en su avanzadilla, la minoría de euroentusiastas: su voluntad efervescente les conduce a considerar el ángulo positivo del conflicto, a buscar solución a la parálisis, la palanca para romper nudos gordianos. Gentes como el soñador Altiero Spinelli o el arquitecto social Jean Monnet. Hay pocos en cada país y generación. En España destaca un genuino seguidor de esos nombres: Francisco (Patxi) Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y autor y promotor de decenas de libros sobre los avatares europeos.

Es de actualidad no por esa trayectoria (cuando envejezca ya le homenajearán quienes le tachan de utópico), sino porque acaba de publicar un esperanzador pequeño libro de rampante actualidad y enorme utilidad europeísta: La oportunidad de Europa frente a Trump (Catarata). Aunque podamos formular muchos matices y peros a sus propuestas y conclusiones, ya era hora de que la contundencia cayera del lado de las buenas causas.

Su tesis no es inédita. La roturaron el Financial Times y aquí, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, otro eficaz profeta, pero a la gallega. Estriba en que el segundo mandato de Donald Trump (aún más que el primero) abre al Viejo Continente una singular ventana de oportunidad: puede “llevar a que el liderazgo de EE UU sea reemplazado, progresivamente y por primera vez, por un liderazgo europeo” al timón del mundo liberal, multilateral, democrático y organizado en reglas que los norteamericanos encabezaron durante un siglo.

En síntesis telegráfica. EE UU se está “quedando solo”. La UE logra una “nueva amalgama” con vecinos y otros socios, destacadamente el Reino Unido y en ciernes, Latinoamérica. La derechización existe, pero la matizan la gran coalición de Alemania y la dinámica de la Comisión. Olvidamos el peso creciente del liderazgo de las mujeres: ocupan “cinco de los seis principales cargos” político-económicos de la UE. La política exterior y de defensa avanzan a pasos agigantados. Es falso que la ayuda a Ucrania “no haya servido para nada”... Es “la hora de Europa”.

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Patxi Aldecoa, el valor del euroentusiasmo

El presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo incide en la tesis de que el segundo mandato de Trump es una oportunidad para la UE

Estudiantes de secundaria de Vélez-Málaga desplegaban el viernes una bandera de la UE en un acto de celebración de la Semana de Europa organizado por la Diputación de Málaga, que difundió la imagen.

Están los euroindiferentes, no muchos, se enteran poco. Están los nacionalistas euroescépticos, la mayoría se fue con el Reino Unido y lo purga. Luego, los nacionalistas ultrafachas o eurohostiles. Ya derrotados en su intento de desmochar a la Unión Europea, ahora la erosionan desde dentro. Todos estos son bastantes, pues la vida se complicó, pero constituyen solo una minoría.

Gente más normal son los eurodubitativos, atraídos por la idea (y logros) de una Europa unida, pero que no están seguros de que avance a buen ritmo. O la amplia familia de los europeístas, que apuestan a fondo por el proyecto federal, pero que son frecuentes víctimas de la decepción irritada provocada por los retrasos, los incumplimientos, la ambición a cuentagotas.

Y en su avanzadilla, la minoría de euroentusiastas: su voluntad efervescente les conduce a considerar el ángulo positivo del conflicto, a buscar solución a la parálisis, la palanca para romper nudos gordianos. Gentes como el soñador Altiero Spinelli o el arquitecto social Jean Monnet. Hay pocos en cada país y generación. En España destaca un genuino seguidor de esos nombres: Francisco (Patxi) Aldecoa, catedrático de Relaciones Internacionales, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y autor y promotor de decenas de libros sobre los avatares europeos.

Es de actualidad no por esa trayectoria (cuando envejezca ya le homenajearán quienes le tachan de utópico), sino porque acaba de publicar un esperanzador pequeño libro de rampante actualidad y enorme utilidad europeísta: La oportunidad de Europa frente a Trump (Catarata). Aunque podamos formular muchos matices y peros a sus propuestas y conclusiones, ya era hora de que la contundencia cayera del lado de las buenas causas.

Su tesis no es inédita. La roturaron el Financial Times y aquí, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, otro eficaz profeta, pero a la gallega. Estriba en que el segundo mandato de Donald Trump (aún más que el primero) abre al Viejo Continente una singular ventana de oportunidad: puede “llevar a que el liderazgo de EE UU sea reemplazado, progresivamente y por primera vez, por un liderazgo europeo” al timón del mundo liberal, multilateral, democrático y organizado en reglas que los norteamericanos encabezaron durante un siglo.

En síntesis telegráfica. EE UU se está “quedando solo”. La UE logra una “nueva amalgama” con vecinos y otros socios, destacadamente el Reino Unido y en ciernes, Latinoamérica. La derechización existe, pero la matizan la gran coalición de Alemania y la dinámica de la Comisión. Olvidamos el peso creciente del liderazgo de las mujeres: ocupan “cinco de los seis principales cargos” político-económicos de la UE. La política exterior y de defensa avanzan a pasos agigantados. Es falso que la ayuda a Ucrania “no haya servido para nada”... Es “la hora de Europa”.

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Opinión

Los empresarios en la tercera edad

La familia de Joe Biden y su círculo más cercano ocultaron su confusión retórica, su desgaste cognitivo y otros déficits, para posibilitar que se presentase a la reelección

El expresidente de EE UU, Joe Biden. Associated Press/LaPresse (APN)

El envejecimiento de las sociedades afecta también a sus élites públicas, e interpela a todos. No necesariamente para reclamar su rejuvenecimiento a palmetazos, sino a fin de asegurar que quienes acumulan decenios al mando siguen estando en buenas condiciones, físicas y psicológicas, para ejercerlo. Conviene monitorizar, supervisar y hacer al máximo transparentes sus condiciones de salud.

Las revelaciones de Original Sin (Pecado original, Penguin Random House, 20/5/2025), el libro de Jake Tapper y Alex Thompson sobre el declive de la salud de Joe Biden, está revolucionando la política norteamericana en este asunto. Porque revela secretismos, blindajes y engaños propios de la antigua gerontocracia… soviética.

La familia del demócrata y su círculo más cercano ocultaron su confusión retórica, su desgaste cognitivo y otros déficits para posibilitar que se presentase a la reelección. Le restringían los asuntos urgentes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde; ordenaban a sus redactores de discursos que los hicieran breves y telegráficos; le filmaban a cámara lenta para disimular la premiosa y vacilante lentitud de sus andares.

En la clase política española no sucede ese envejecimiento (ni sus efectos colaterales potencialmente negativos), pues es bastante joven (tiene otros defectos). Pero sí en la dirigencia económico-empresarial. Hasta hace muy poco una decena de presidentes de compañías del Ibex superaba los 70 años; así como casi un 20% de los consejeros, y en algunas, todos ellos. El desglose de la figura de presidente ejecutivo en dos (presidente representativo y consejero delegado/CEO) ha mejorado el panorama. Pero aún hoy 16 de las 35 firmas del índice mantienen añejos caudillos todopoderosos con la doble varita de mando.

Legalmente, eso depende de los Estatutos y/o de los reglamentos internos de las sociedades. El Código Ético de la CNMV, de 2019, se extiende sobre los criterios de remuneración, pero no alude ni a la edad (topes para evitar matusalenes) ni a análisis transparentes y continuos de salud (por mor de garantizarla). La ley de Sociedades de capital (RDL 1/2010) remite a las normas internas de las empresas, y sólo menciona la “pérdida de capacidad de obrar” (artículo 529 bis) si se desequilibra la paridad de género: no para allegar medias correctoras globales.

En banca hay más regulaciones, pero en su mayoría etéreas. Las directivas de Requerimiento de Capital de la UE (la próxima se espera para este diciembre) sí instan a que directivos y consejeros exhiban siempre buena reputación, actuación honesta, integridad e independencia de criterio. Sin tampoco enervar mecanismos para garantizar todo eso. Y atribuyen un cierto poder a los supervisores para requerir información a las entidades sobre la “adecuación” de sus principales, y para actuar, si conviene.

Porque es un sector que a veces genera discusión. Una de las más vivas fue la modificación (en 2011) del reglamento del consejo de BBVA que alargó la edad de jubilación de 70 a 75 años para posibilitar la continuidad del que fue su presidente, Francisco González. Hay más.

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El poder ¿absoluto? de los accionistas

Su potestad no es absoluta. Como todo derecho de propiedad, exhibe límites. Coexiste con otros, privados y colectivos

Robert Churchill (GETTY)

¿Es absoluto en una empresa el poder de los accionistas? ¿Lo es en un mercado concreto? ¿Lo es frente a todos los demás protagonistas?

Hoy se le enaltece como a talismán único (carente de derechos concurrentes y contradictorios) y último (como fuente de legitimidad definitiva). Se asocia al accionista con un propietario/dueño. En la política, con los adoradores del “¡fired!” (el “¡despedido!” trumpista), ese esclavismo laboral, derechos cero. Y en fusiones/adquisiciones, sobre todo en ofertas públicas de adquisición (OPA) hostiles, como presunta última ratio en un pulso.

El poder de los accionistas no es absoluto. Como todo derecho de propiedad, exhibe límites. Coexiste con otros, privados y colectivos: de ciudadanos, trabajadores, clientes o acreedores, en ocasiones tan o más relevantes. Esos límites los vehiculan, organizan y dirimen organismos públicos del mercado, la competencia, el consumo, lo social…

La imagen de que el poder del accionista equivale al del ciudadano es ficción. El principio democrático es “un hombre, un voto”; el de la S.A., el de “una acción, un voto”: y tantos votos como se posean.

Ni siquiera todos los accionistas son iguales. Difieren según su adquisición de títulos. Si es libre y directa en el mercado, suele ser transparente. Menos, si las acciones se integran en el activo de un fondo de inversión que replica un índice: el accionista final adquiere una cuota de ese fondo, que es el tenedor, quien los representa y ejerce sus derechos políticos. Menos, si provienen de títulos de deuda convertible, opacos (ciegos, mudos e invisibles) hasta que afloran para convertirse.

No son exactos según otras condiciones del acceso: por retribución a los ejecutivos, de libre arbitrio o pactada. O por la presión institucional a clientes o proveedores de que acudan a una ampliación de capital.

O según su modo de ejercicio. Pueden sindicarse con otros, acreciendo su influencia. Pueden ser objeto de alianzas volátiles o estables. Pueden pignorarse, atribuyendo al acreedor los derechos políticos y económicos, o solo unos, o en parte.

Así que las distintas posiciones erigen un sistema vertical descendente up-bottom: el “arriba” (la cúpula ejecutiva, el poder concentrado) controla o coopta el “abajo” (disperso, desarticulado). Y a veces surgen actores de intermediación: profesionales o empresas “proxy”, a veces honestos, que aconsejan o desincentivan una compra o un voto en junta general; organizaciones de consumidores y usuarios incluso pulcras…

Al final, como sucede con todo derecho de propiedad (por su “función social” o su “interés general”), el límite último en el ejercicio del poder del accionista lo establece, perfila y controla ―en el capitalismo maduro―, algún organismo público, o la concatenación de varios, incluido en algunos procedimientos el Gobierno como eslabón final. Público es público.

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El éxtasis de la corrupción

Trump convirtió la Casa Blanca en plató publicitario de Tesla y ha aceptado un avión de superlujo ofrecido por la familia real de Qatar

Donald Trump y el emir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el 14 de mayo en Doha.Alex Brandon (AP/LAPRESSE)

Con Donald Trump asistimos al éxtasis de la corrupción: individual, presidencial, a la luz de todos los focos. No es un dato coyuntural, sino de letales efectos estructurales para la economía de mercado, adicionales a la perversión de la democracia.

Dos episodios han convertido el eventual “conflicto de interés” o posible “incompatibilidad” en corrupción directa, conducta que no solo es (in)moral, sino en determinadas circunstancias, jurídica. Y además, sujeta a la justicia penal.

El primero fue la conversión de la Casa Blanca en plató publicitario, en favor de los intereses empresariales de su alto empleado, Elon Musk. Recuerden el 12 de marzo, cuando Trump rodó un spot a favor de Tesla, la automovilística de Musk, cuando esta atravesaba un fuerte bache de imagen y ventas. El amigo-presidente anunció que le compraba uno de sus mejores coches: eso sí, abonándole su “precio íntegro”, obscena coartada ética. Fue el síntoma más evidente de la privatización del activo público más simbólico de EE UU.

El otro es su viaje a Oriente Próximo de esta semana. La coincidencia de que coronase la precedente peregrinación, en abril, de su hijo Eric, vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar, no es azarosa. El joven Trump viajó para hacer negocios privados al mismo escenario. Y los hizo con los mismos dirigentes públicos, y sus subordinados —ahí nada distingue la esfera individual de la colectiva— con los que su padre coronaría, semanas después, una serie de contratos públicos, en armamento, entre otros sectores. Que se cifran por centenares de miles de millones de dólares; incluso por billones.

Pero ese viaje nos deja otro gran símbolo: la aceptación de un avión de superlujo ofrecido por la familia real de Qatar (con cuyo complejo empresarial Eric Trump había contratado el desarrollo de un campo de golf) para sustituir el decrépito Air Force One. Esto es, la legendaria aeronave presidencial, el artilugio aéreo más filmado del mundo. La piedra de escándalo en asunto estriba en que el regalo, de familia “privada” a presidente como ciudadano “privado”, se realiza con excusa pública, en fraude de ley. La Constitución de EE UU prohíbe a los dirigentes recibir regalos de gobiernos extranjeros. Lo que se sorteará entregando el nuevo aparato al Ejército del Aire, que al acabar el actual mandato lo cedería a la biblioteca presidencial de Trump para su uso personal.

Estas venalidades quedarán soterradas gracias a la inmunidad judicial conseguida por Trump para sus ilegalidades y delitos fiscales, urbanísticos y de sobornos sexuales. Pero nos las libran de provocar un efecto-palanca, en cascada, hacia otras personas y empresas, dentro y fuera del país-superpotencia.

Y sobre todo, de anular esencialmente el derecho de la competencia, que constituye el gran contrafuerte del mercado, y en consecuencia el principal argumento legitimador del capitalismo a secas. Además de burlar directamente la Constitución, clave de bóveda de la normativa del Estado de derecho, y sustituirla por la “transacción” sin otras reglas que la voluntad del autócrata convertida en nueva ley. Por eso la consagración de la corrupción destruye el sistema.

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El León (XIV) devora a los ultras

El nuevo papa ha dejado claro su compromiso con la doctrina social de la Iglesia y su apoyo a la inmigración

El papa León XIV se dirige a los cardenales este sábado en el Vaticano. Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano (EFE)

La elección del cardenal estadounidense-peruano Prevost Martínez (tiene doble nacionalidad) es una severa derrota del trumpismo y de los ultras. Su conspiración para impedir la elección de otro papa de línea franciscana fue descarada: redes-Bannon, dosieres a conclavitas, diplomacia subterránea, presión con la foto de Donald Trump de falso pontífice y dictando órdenes con el índice... Todo estéril.

La derrota es absoluta en asuntos de justicia social-laboral y de migración (cuestiones de género aparte). Su nombre adoptivo, ese símbolo, confiesa su ADN y DNI. León XIV. Como León XIII, el autor de la Rerum Novarum, que codificó en 1891 la doctrina social de la Iglesia. La catapultó del feudalismo al capitalismo de rostro menos inhumano.

Y es una declaración de guerra cultural contra el iliberalismo. El de Javier Milei. Ese íntimo de Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso reitera y repugna: “La justicia social es una aberración desde el punto de vista moral” (la última vez en Washington, el 21 de febrero). Pues bien, la veterana encíclica leonista postula esa justicia, la menciona 24 veces, y la desarrolla: derechos laborales, jornada limitada, protección a mayores y viudas, elogio de los sindicatos, deber de los gobernantes de “aliviar gravemente la situación de los proletarios”… Además, León XIV se declara seguidor explícito de Francisco.

Su desautorización del trumpismo es directa. Viene de lejos, no es copia del antecesor. Ya el 20 de junio de 2018, siendo obispo peruano, apoyó la proclama contra la política migratoria del primer Trump lanzada por el cardenal Cupich, de Chicago, su ciudad de origen… y de la lucha obrera que en 1886, cinco años antes que la Rerum, logró con sangre la jornada de ocho horas: “No hay nada remotamente cristiano en una política que separa a los niños de sus padres y los encierra en jaulas”.

Este año, el vicepresidente de EE UU J.D. Vance explicó así el American First y las deportaciones de inmigrantes, a la Fox (29 de enero): “Amas a tu familia y luego a tu comunidad y luego a tu país…” y solo muy al final al resto; “la extrema izquierda ha invertido ese orden”, añadió, manipulando a San Agustín. Prevost, ex superior agustino, le replicó en tuit taxativo (3 de febrero): “Vance se equivoca: Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor por los demás”. No es “selectivo”, ni “discriminatorio”, precisaban algunos teólogos.

Luego vino la famosa larga carta de Francisco a los obispos de EE UU (11 de febrero): su “juicio crítico” a las deportaciones masivas; su “desacuerdo” a confundir inmigrantes y “criminalidad”; la “fraternidad abierta a todos, sin excepción”. Prevost la difundió a granel el día 13. Y asumió (14 de abril) el mensaje del vaticanista Rocco Palmo contra la brutal expulsión del salvadoreño Kilmar Abrego: “¿No ves el sufrimiento? ¿No te revuelve la conciencia? ¿Cómo puedes permanecer callado?”. Amén.

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Tribuna
Opinión

La consulta sobre la opa del BBVA a Sabadell: ni arbitrista ni ilegal

Solo la ignorancia o el olvido de lo jurídico pueden tildar la maniobra del Gobierno de arbitrista o ilegal

El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Mariscal (EFE)

El derecho europeo de la competencia se vitamina en casos como el de la opa del BBVA a Sabadell. Es palanca de federalización. La sentencia Costa/ENEL del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, consagró en 1964 el trascendental principio de primacía del derecho común sobre el nacional. Sin él, la Unión sería dispersión, por falta de reglas comunes.

El ritmo creciente y expansivo de ese derecho contrarresta el aumento exponencial de los obstáculos al mercado. Proliferan prácticas abusivas, concertaciones de precios, abusos de posición dominante y concentraciones anticompetitivas. Es tendencia endógena del capitalismo esterilizar competidores. Sin esas reglas que lo sanean, la pluralidad de empresas acaba en oligopolio o monopolio. Como la democracia se torna en dictadura si deriva a un partido único.

Desde al menos 1993, al compás de la inminente ampliación escandinava, ese derecho, que había removido múltiples distorsiones inter empresas, enfatiza la protección al consumidor, su frecuente víctima. La directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas hereda de él el concepto de protección “de los adquirentes de bienes y servicios” contra “el abuso de poder” y para “estimular la competencia”. Lo amplía.

Su aplicación al sector bancario resultó legendaria en España. El TJUE desarboló al Supremo en el caso de las cláusulas suelo. Su sentencia de 21/12/2016 realzó los derechos de los hipotecados. Los salvó, al estar los consumidores en “situación de inferioridad”, evocación inversa de la “posición dominante”.

Ahora ocurre otra innovación en España, no normativa, sino práctica: la “consulta” abierta del Ministerio de Economía a las personas “afectadas” por la opa. Solo la precipitación puede calificarla de populista: no lo son siquiera los presupuestos participativos municipales y a diferencia de ellos, no es vinculante.

Solo la ignorancia o el olvido de lo jurídico pueden tildarla de arbitrista o ilegal. Es al revés: activa —en la senda europea expansiva— una fase (de uso infrecuente) de un procedimiento de competencia, la que corresponde al Gobierno, que tiene atribuciones legales propias como los demás organismos confluyentes (CNMV, CNMC, BCE…).

¿O acaso porque no guste este Gobierno se le deben negar? ¿O porque quiera oír a los afectados ―la CNMC lo ha hecho tarde y mal, restrictivamente, y forzada por un recurso a la Audiencia Nacional— hay que considerarlo promotor de un referéndum poco menos que de autodeterminación?

La potestad del Ejecutivo para asumir o modificar las decisiones de la CNMC y, pues, de preguntar previamente a quienes les afecten, sobre si hay bienes públicos o razones de “interés general distintas de la competencia” que deban protegerse adicionalmente, figura en la Ley de defensa de la competencia de 2007 (artículos 10 y 60). Que puedan aflorar, parece evidente.

Así, una restricción de fuentes de crédito (como las provocables por una fusión) suele inducir una menor inversión empresarial en I+D, un capítulo que se recorta rápido en toda crisis. O perjudicar la inclusión financiera (cohesión social). O evaporar obra social, cultural y educativa, directa o indirecta, como sucedió con la absorción de las cajas (cohesión territorial)... Que en este caso sea así, o no, está por ver. O mejor, por escuchar.

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El poder de los europeos

La UE puede y debe superar la crónica autodesconfianza que limita sus enormes posibilidades como potencia liberal ante el nuevo desorden mundial 

Cinta Arribas

En tiempos de turbación, no confundirse. Europa dispone de recursos humanos, económicos y geopolíticos para afrontar los grandes desafíos de hoy: la traición del Gobierno de EE UU a su historia liberal; el reto tecnológico, energético y competitivo; los síntomas de “pinza iliberal” entre la superpotencia y Rusia; el pulso de China en pugna por la hegemonía, en concordancia con la vieja trampa de Tucídides, la sobreactuación del poder dominante por su miedo al emergente…

Europa puede salir bien librada si maximiza su energía para corregir el nuevo desorden mundial. Los europeos tienen poder. En comercio, en economía, en relaciones comerciales, en capacidad de negociación multilateral, en ayuda al desarrollo y humanitaria, en ciencia… y en potencia normativa, con permiso de los desreguladores demasiado fanáticos.

Falta que se decidan a emprender lo nuevo necesario para ser más decisivos. Mucho más que hasta ahora, pues la competencia aprieta exponencialmente. Lo exige el vacío de dirección liberal en el mundo globalizado que se resiste a la fragmentación proteccionista. El diagnóstico de necesidades urgentes es claro: defensa y política exterior, tamaño tecnológico, unión bancaria y del mercado de capitales, armonización fiscal y social… Sin estropear las líneas maestras del proyecto iniciado en 1957: consenso democrático, concordia internacional, paz social… agenda verde y digital. Para lo que se requiere no ya autonomía, sino independencia estratégica. Y completar el poder blando con potencia firme y las históricas alianzas occidentales con convergencias fenicias, en todas direcciones.

Requisito previo es deslindar de cuajo el euroescepticismo reaccionario, que erosiona el empeño común, de la fatal tendencia europeísta (incluso federal), al pesimismo paralizante. Su colusión aumenta un viejo síndrome incapacitador: en las bonanzas, optimismo (como en la mítica etapa de Jacques Delors, 1985/1995); en las crisis económicas o geopolíticas (como en los shocks petroleros de los setenta y sus secuelas posteriores), retraimiento bajo el caparazón protector ya conseguido, justo cuando se necesita un vigoroso impulso moral a la acción colectiva. Ahora se cierne ese peligro.

Ese síndrome de desconfianza sobre la propia potencialidad arranca del principio. Los seis socios fundadores de las Comunidades Europeas eran, todos, países perdedores. Alemania, claro, pero también Italia o Francia, que se encaramaron en el penúltimo minuto al carro de los vencedores anglosajones, o el arrasado Benelux que apenas mantenía en Londres, atenazado entre colabos, la dignidad de sus Gobiernos en el exilio y de sus monarquías violadas por el invasor nazi. El continente que renacía de sus cenizas era un erial.

El complejo de inferioridad se afianzó bajo la sombra de la potencia norteamericana, creciente desde la primera Gran Guerra, omnipresente y omnipotente tras la Segunda. Casi todo eran jeremiadas, por lo que no se pudo ser y nunca se alcanzaría. Así que cada paso de la fértil construcción comunitaria consolidada a lo largo de siete decenios iba precedido de una agria interrogación existencial, la duda sobre la unidad, la incógnita acerca de la factibilidad del esfuerzo requerido. O sea, sobre el presente. Y sobre el futuro común.

Esta estéril secuencia del clima pesimista y su consiguiente acción política titubeante —luego corregida— se ha cumplido ante casi todos los nuevos grandes proyectos. Al menos de los que guardan memoria los de la generación que nacimos al saber y al compromiso desde 1968/1969.

Se dudó sobre cómo vencer la crisis energética de los setenta y de cómo afrontar el apabullante crecimiento japonés desde los ochenta. Y se hallaron las recetas en una primera deriva de ahorro y diversificación energética (gas) y algunos pactos sociales antiinflacionarios, la mayor apertura comercial y la erección de un presupuesto común más orientado a la cohesión —en detrimento del viejo agrarismo— e incipientemente a la innovación (desarrollo de Airbus, grandes redes europeas de comunicación y transporte) y a la convergencia educativa (programas Erasmus y derivados, como el Leonardo).

El Acta Única de 1985/1986 que debía acabar con aniquilar mediante 300 directivas (¡regulación!) los obstáculos internos no arancelarios (estándares, servicios) suscitaba un recelo contenido de dirigentes que pronto se rindieron a la evidencia. También gracias al resultado del simultáneo desafío de la acogida a la mayor, más exitosa y más permanente ampliación, la mediterránea a España y Portugal. Fue también la más difícil (hasta la oriental) por el abismo de riqueza relativa y renta per cápita absoluta. Y funcionó por la doble seriedad de quienes acogían y quienes arribaban. O el éxtasis del primer —aunque acotado— euroescepticismo ultraliberal británico, a cargo de una Margaret Thatcher reclamando “I want my money back” (devuélvanme mi dinero). Lo que se zanjó en parte en 1984, con algún ajuste de los ingresos presupuestarios. Ese momento mostró que la Europa comunitaria era capaz de lidiar con tres arduas crisis a la vez.

Después, el proyecto de unión monetaria formateado en 1989 —también en reto triplicado por la caída del Muro y la unificación de las Alemanias— y culminado en 1992, provocó carcajadas entre los economistas más nacionalistas y sus colegas norteamericanos. Casi todos temerosos de un nuevo rival del dólar, investigadores reaccionarios y en algunos casos progresistas, que replicaron solemnemente sus banalidades. Charloteaban de que la ya Unión Europea era una voluntarista fantasía federal y su euro desafiaba la teoría de la OCA (Optimal Currency Area), un área monetaria armónica entre economías equivalentes, del todo armonizadas. Como si Iowa y California lo fuesen. Como si el inventor de la teoría de las OCA, Robert Mundell, no les desmintiese lunes sí y martes también. Como si la moneda única fuese capricho y no requisito para afrontar los continuos terremotos monetarios generados desde EE UU, tal como demostró el gran economista de Berkeley, Barry Eichengreen.

También la crisis de 2008 debía romper el euro y cercenar la comunidad. Y aunque la política de austeridad la enfermó gravemente, surgieron los paquetes de rescate y un renovado BCE que pasó de la política restrictiva heredada del Bundesbank a la expansión cuantitativa de Mario Draghi con su promesa (2012) de que haría “todo lo que sea necesario para salvar al euro, y créanme, será suficiente”.

Otro tanto sucedió con los augurios de ruptura de la Unión Europea por el Brexit —de 2016 a 2020—, en la presunción de que muchos copiarían el secesionismo del Reino Unido. Y al cabo, la defensa del mayor mercado interior liberal mundial cimentó la unión de los Veintisiete y dejó solo en su suicidio al conservadurismo tory. O ante la pandemia de 2020, que debía fragmentar al club en respuestas aisladas de cada socio: y desembocó en la primera gran política sanitaria común. Y en un inédito paquete financiero autónomo, los fondos Next Generation, la primera gran apuesta financiera soportada por un mecanismo de deuda común del todo federal: los eurobonos. O ante la crisis energética y defensiva derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Cierto: todos estos desarrollos han seguido una línea de progreso que soterraba o aplazaba la necesidad de adoptar cautelas.

Internamente, se aparcó la construcción de una capacidad coercitiva contra los socios que renegasen del principio democrático: una vez dentro, son menos controlables que cuando fueron candidatos al ingreso. Pero es abusivo deslegitimar el proyecto por la deriva ultraderechista, que va fisurando su unidad: EE UU ha sufrido dos Trump; Europa, no.

Externamente, se afianzó el bienestar común sobre la triple ingenuidad subyacente a la contratación (por toda la UE, no solo por la RFA) de coberturas baratas: la seguridad, a EE UU; la energía, a Rusia; un gran segmento comercial, a China. Es exacto, pero también corolario de traducir la creencia en el orden liberal, y la vocación multilateral de los europeos, en estrategia solitaria. Urge una enérgica ambición de poder. A secas.

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El infame juicio al fiscal general

Por la boca muere el juez. Ángel Hurtado consideraba de antemano como pruebas algo inexistente

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.Javier Lizón (EFE)

El proceso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, capota en la infamia. Acaba de evaporarse la principal baza del juez instructor, Ángel Hurtado, quien tanto ayudó procesalmente a los delincuentes del caso Gürtel. Y a sus (supuestos) mandantes.

La Guardia Civil no ha encontrado nada de relevancia en los dispositivos de García Ortiz incautados por Hurtado mediante “allanamiento” de su despacho, según describe la Fiscalía del Supremo.

Y no es que la UCO de la Benemérita no encontrase los correos electrónicos del perseguido en los días previos al estallido del caso de delito fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. No. Ha recuperado 159. Y no es que hubiese desaparecido el material relativo al caso: había información abundante, pero ya conocida en autos.

Así que el auto del juez (25 de febrero) en el que imputa a García Ortiz por haber “hecho desaparecer pruebas” y subraya la “evidencia” de que “el investigado ha hecho desaparecer pruebas” resulta grotesco. Tras la pesquisa policial, esa evidencia carece de apoyatura, se revela como mera inferencia, ese signo de parcialidad.

Resulta aún más hiriente, porque conculca la presunción de inocencia, la afirmación del togado de que el inculpado ha destruido “pruebas”: no “indicios”, no “material susceptible de…”, no “elementos presuntamente inculpatorios”. No: “Pruebas”.

Por la boca muere el juez. Hurtado consideraba de antemano como pruebas algo inexistente. Presunción de culpabilidad: condenaba al procesado sin leerlas. Esa senda la marcó Isabel Díaz Ayuso el 20 de diciembre (Pedro Sánchez “aplaudió que el fiscal general borrase pruebas”, dijo) y la moción parlamentaria del PP, en enero, intentando “reprobar” al fiscal general.

Si el Supremo no vuelve a corregir a ese instructor, como ya ha hecho en parte la Sala de Apelación obligándole a citar al novio corrupto, si valida su proceso “claramente inquisitivo”, que denuncian los fiscales de la UPF, chocará contra el muro liberal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les invito a leer su sentencia Lavents contra Letonia (28/11/2002), que vapulea al miembro de un tribunal por formular “expresiones que puedan dar a entender una apreciación negativa” de “una de las partes”, por “incompatible con las exigencias de imparcialidad de todo tribunal”.

Chirría también con la jurisprudencia de Estrasburgo la continua negativa del instructor a que comparezcan varios periodistas. Los que demostraron en sus medios que dispusieron de la información nuclear del caso Amador antes de que llegase al fiscal general. Este no pudo revelar ningún secreto; ya era público. No hurten las sentencias Perna contra Italia (25/7/2001), Vaturi contra Francia (13/4/2006), Saidi contra Francia (20/9/1993) y PS contra Alemania (20/12/2001). Detallan el derecho del acusado a “interrogar o hacer interrogar a los testigos” de cargo relevantes. Por su bien. Consejo gratis.

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Opinión

Banqueros que sorprenden

Aquellos que, desde ideologías distintas, engrandecieron a sus empresas y a sus accionistas con un estilo humanista

Josep Vilarasau en Barcelona.GIANLUCA BATTISTA

Las tormentas de la banca no son hoy existenciales, de solvencia y estabilidad, como en la crisis de los ochenta, que achicó la nómina de bancos relevantes de 50 a una docena. O en la de las cajas de ahorro, que entre 2008 y 2012 casi liquidó a este subsector, la mitad del sistema financiero ―salvo media docena―, y sin réquiem.

Son de exuberancia de beneficios, con las polémicas sobre su reparto y su fiscalidad especial. O de relación vertical con los consumidores: la inclusión de la tercera edad, las cláusulas abusivas… Y, de nuevo, de litigios por la concentración ―en un mercado nacional ya hipersaturado por escasas entidades―, receta hoy extemporánea de una época pasada, cuando tocaría la consolidación intraeuropea, como intenta el italiano Unicredit.

En esta fase de crecimiento inexplorado es útil la memoria de banqueros innovadores, justo de las firmas más expuestas a la escena mediática. Escojan, pero mis banqueros favoritos, en casi medio siglo de escribir estos temas, son los que, desde ideologías distintas, muchas veces conservadoras, engrandecieron a sus empresas y a sus accionistas: pero con estilo humanista.

Con tres rasgos comunes: rechazo a la idiosincrasia robótica unilateral de maximizar beneficios, ignorando la mejora del entorno económico-social; trayectoria profesional autoconstruida; interés cultural y respeto a la información, esa antigualla.

Uno es Josep Vilarasau, el refundador de La Caixa, autodefinido como “rabiosamente apolítico y radicalmente liberal”. Primer ejecutivo entre 1976 y 1990, la volteó de la grisura inercial franquista a primera caja europea (fusión con la de Barcelona), primer grupo financiero-industrial (Telefónica, Gas Natural, Aguas, Abertis), y segunda fundación cultural y social europea (quinta mundial). Su gran palanca: la tecnología. Pugnó por un diseño de cajero que imprimiese las operaciones en las libretas de su clientela de tercera edad. Creó el Museo de la Ciencia (Cosmocaixa). Gusta, discreto, de encerrarse con ópera belcantista, más que de fotografiarse en público.

Contemporáneo fue el presidente sabio del Banco de Bilbao, José Ángel Sánchez Asiaín (1974-1988). Catedrático de Hacienda en la Deusto jesuítica, aunque de origen nada sobrado, ilustró a la aristocracia financiera de Neguri para impulsar el primer banco moderno español. Fue líder de innovación tecnológica, introductor de las tarjetas de crédito y también pionero de los cajeros: aplicaciones de su revolucionaria distinción entre banca al mayor, con millones de operaciones sencillas, masiva y automatizada, y la de detalle, de negocios, “boutique”.

Asiaín, extecnócrata del régimen, pero no franquista, respiraba en democristiano, asesoró al banco del Vaticano. Su aportación clave a la banca española ―amén de la concentración cuando era necesaria, como demostró fusionándose con el Vizcaya e intentarlo con Banesto; y la europeización cuando estaba en mantillas―, fue su “pasión por el entorno”, subrayaba, con voz suave, risueña, convincente. Así, se consagró en adelantado del “balance social” del banco (detallando el impacto territorial y social de su actividad financiera) y de la responsabilidad corporativa.

Cierro con Joan Oliu, quien fue director general del Sabadell de 1977 a 1990. Bancario hecho a sí mismo desde 1939, expandió su entidad local (las otras fueron absorbidas) a Barcelona, aún como directivo medio, en 1970 ―“eso fue lo que más costó digerir a los accionistas”, confesaba―, y, como primer ejecutivo, a Madrid. Defendía con orgullo humilde la banca comercial de empresas: “nosotros descontamos letras” y desconfió de las superfinanzas.

Y de la política. Cuando Jordi Pujol quiso endilgarle su quebrada Banca Catalana se negó. “¿Cómo te zafaste?”, le preguntábamos los jóvenes periodistas. “Es que nuestra gente es aún de manguitos, y los vuestros son todos doctores”, le dijo; aunque “no conocían a los clientes de carne y hueso”, nos añadía. También apoyó la cultura local de una ciudad con una burguesía irónicamente satisfecha de poseer “una caja, un banco, un teatro de ópera (la Faràndula), y un puerto: Barcelona”.

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