Feijóomandering, o de la ‘ingeniería electoral’ ,,, 6.7.26
Al líder del PP le parecía bien la ‘ley de nietos’ hasta que cayó en la cuenta de que el PSOE también puede hacer campaña en el exterior
A Alberto Núñez Feijóo le parecía bien el trasfondo de la ley de nietos hasta que quizás pensó que Pedro Sánchez también podría hacer campaña en Latinoamérica. Oh, aquí se juega. Y sin embargo, el debate realmente importante para nuestra democracia no va de las filias o fobias políticas de esos descendientes de exiliados españoles. Va de reflexionar sobre si tiene sentido que voten en España quienes probablemente nunca disfrutarán —o padecerán— el resultado de esos comicios, y de la doble moral del Partido Popular. Aunque el sufragio vía CERA tienda a ser minoritario, tampoco hay que obviar que puede dar el vuelco de un escaño en ciertas circunscripciones. El PP obtuvo un representante más en las elecciones generales de 2023 por Madrid, tras el recuento del voto exterior, arrebatándoselo al PSOE. Es decir, que sean pocos o muchos, a veces se ha dado algún cambio, con independencia de a quién beneficie o perjudique. Es en esa tesitura donde algunos seguramente no creen que sea equiparable el voto del emigrante español residente en Alemania, Estados Unidos o en Perú al del nacionalizado por motivos históricos. Hay quien se pregunta hasta qué punto se debe conceder la nacionalidad —se ha hecho en otros países— si ello implica que esa persona pueda decidir sobre nuestra política fiscal, educativa, defensiva… sin haber vivido antes en España, ni pretenderlo tal vez. El derecho a sufragio suele entenderse por la pertenencia a una comunidad, pero también de asumir las consecuencias de formar parte de ella.
Sin embargo, este debate es peliagudo; dicho en plata, nadie quiere aparecer como una especie de reaccionario que impida la libertad o el derecho de otro, una vez se le ha otorgado. Decía Rubalcaba que eso del “derecho a decidir” era un mantra imbatible para el independentismo porque todo el mundo quiere poder decidir sobre su destino. Vivimos en sociedades legalmente expansivas, fruto de nuestra sensibilidad ante la injusticia, y en este caso hay más que fundamento: los exiliados por la dictadura padecieron una tragedia de la que no fueron culpables y, de no haber tenido que huir, seguirían siendo españoles.
El problema es de otro pelaje: la política también se ha acostumbrado a decirle a la gente la parte amable de sus acciones, pero raramente se habla de las consecuencias. Es probable que muchos de esos nietos de españoles no vean demasiado sentido en votar en unos comicios solo por el simbolismo de sus familiares. Ahora bien, la concesión de una nacionalidad también tiene una dimensión material: para un ciudadano de ultramar, en adelante, la residencia será más fácil de obtener; tendrá pasaporte europeo y podrá acceder incluso a unas u otras prestaciones de nuestro Estado del bienestar, según los años de residencia. Explicárselo a los ciudadanos no siempre es reaccionario: también es honestidad.
La cuestión es que el posicionamiento del Partido Popular nunca ha pivotado sobre abrir un debate epistemológico sobre la ley de nietos. Al contrario, su portavoz, Ester Muñoz, afirmó que era “justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”. Circula incluso el recuerdo de Mariano Rajoy o Manuel Fraga por Latinoamérica apelando al voto gallego exterior, o de Feijóo defendiendo lo mismo que Muñoz en Argentina en 2022. El propio PP parecía no tener problema con otros agravios: concedió la nacionalidad a 75.000 descendientes de judíos, tras haber sido expulsados en 1492, pero alude a que ahora serían muchísimos más.
En consecuencia, podríamos bautizar metafóricamente el caso como Feijóomandering: quién puede votar en los comicios de España está bien o mal según convenga al PP en cada momento. Sería la variante doméstica y descafeinada del gerrymandering, una expresión usada en la ciencia política para describir formas de ingeniería electoral, como dice denunciar Feijóo y que, incluso de ser así, cabría preguntarse por qué en su partido no se molestaron antes por ello. Lo inconfesable, seguramente, es que hasta ahora la derecha daba por sentado que el voto hispano podía serle favorable: el tamiz de haber vivido en un país como Venezuela, por ejemplo, aunque uno sea nieto de un republicano español.
Con todo, la denuncia de Feijóo llegó a su punto culminante en la entrevista en Es la mañana de EsRadio: dijo que el partido más votado en el Congreso debería tener un plus de escaños. Es decir, más representantes hoy para el PP, con tal de paliar la ingobernabilidad, o la fragmentación parlamentaria de que la gente también elija a otras formaciones políticas. Eso no debe de ser “ingeniería electoral”, al parecer. La derecha tampoco ha protestado nunca porque el sistema electoral español tenga un sesgo conservador.
En definitiva, parece que el PP tiene miedo. Será el influjo de Vox o el temor a no gobernar —el recuerdo de 2023 sigue aún muy presente— si se vuelven a abrir las urnas. Se suele decir que el pasado no tiene poder sobre el momento presente, pero parece que a Feijóo le ha entrado temor de que se así, o de que quizás, el beneficiado no sea él.
¿Estamos ya en el ‘tardosanchismo’?---
Es posible detectar cuándo un movimiento político languidece porque sus relatos cada vez suenan más rebuscados
En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.
En consecuencia, es posible detectar cuándo un movimiento político languidece porque sus relatos cada vez suenan más rebuscados e, incluso, se empieza a poder señalar herederos entre sus filas. La realidad es que no hace falta que nadie maniobre desde fuera para que el Ejecutivo esté varado en el Congreso: la mayoría de los socios no quieren pactar porque perciben que las presuntas tramas relativas a Ábalos, Cerdán o Leire Díez les resultan radioactivas en sus territorios. Tampoco hacen falta intereses ocultos contra La Moncloa para que se dispare el precio de la vivienda: si no se construye suficiente, los precios seguirán subiendo por pura ley de la oferta y la demanda.
El caso es que al Gobierno se le acaban algunas de sus cartas para mitigar su imagen de agonía. La primera era la política internacional. Desde que la parálisis entró por la puerta, esta ha sido el refugio del PSOE para apretar las filas de la izquierda —y ensancharse entre el electorado de Podemos y Sumar— sobre temas que la interpelan como la guerra en Gaza o la defensa del derecho internacional frente a Donald Trump. Las aguas amagan con calmarse en Irán, y la baza extranjera perderá fuelle como señuelo, haciendo más evidentes los problemas domésticos. Sánchez habla ahora de un decreto de protección a la industria, al igual que el escudo social que también le ayudó a mostrar utilidad al ciudadano sobre por qué debe seguir en el poder pese a todo.
En segundo lugar, Vox ha vuelto a la irrelevancia mediática tras generar un gran revuelo con la medida sobre la “prioridad nacional”. Cada vez que entran en Gobiernos del PP empiezan a diluirse, algo que suaviza una de las pocas cartas que le quedan al PSOE para movilizar a su electorado: el miedo a la ultraderecha. Esta ya no sirve ni para hundir el voto al PP, como solían creer en La Moncloa, dado que Vox también absorbe nuevos electores y un porcentaje muy pequeño de fuerzas de izquierda.
Sin embargo, Pedro Sánchez amaga con tirar de una última baza de aquí a 2027, si el expresidente Zapatero se acaba difuminando como referente moral y emocional en los juzgados: se habla ahora de presentar unos Presupuestos Generales del Estado, cuando en tres años no se ha logrado aprobar ninguno. La acción toma tintes de puesta de largo, previa a unas generales, seguramente presentándose ante los españoles como el Gobierno social al que sus socios no quisieron dar apoyo.
Quizás por eso, la mesa del Congreso acabó impidiendo que se votara sobre instar a Sánchez a convocar elecciones esta semana. Desde el punto de vista formal, la intentona de Junts y el PP es un brindis al sol: convocar elecciones es un acto personalísimo del presidente del Gobierno, como lo es presentar una cuestión de confianza. Ahora bien, que la Cámara se hubiese posicionado a favor de unos comicios habría hecho evidente que, de aquí a 2027, ni presentar unas cuentas del Estado es creíble toda vez que el Congreso ya se habría pronunciado sobre el fin de la legislatura.
En definitiva, es posible detectar cuándo un movimiento político languidece, también, cuando sus principales pilares o estrategias dejan de generar el efecto que antaño. El presidente del Gobierno siempre ha sido políticamente más hábil que la oposición, una derecha que solo espera a heredar, pero esta vez ni la narrativa corre ya de su cuenta. Si no vivimos aún en el tardosanchismo, porque eso solo decidirán los ciudadanos con su voto, al menos lo parece. Y en verdad no suena a impresión interesada de unos supuestos poderes ocultos: igual hasta lo han empezado a pensar algunos de sus más fieles colaboradores o ministros.
León XIV en la Barcelona del 92 ---
La visita del Pontífice deja nostalgia de aquella España en la que aún permanecía la ilusión de hacer cosas grandes
Fue llegar el papa León XIV a Cataluña y se obró el milagro: Barcelona volvió a ser por un instante la de los Juegos Olímpicos de 1992. Es decir, aquella ciudad de la que toda España sacaba pecho con ilusión, donde el buenrollismo entre autoridades era más norma que excepción, con un jovencísimo príncipe Felipe portando la bandera española por el estadio olímpico de Montjuïc (hoy Lluís Companys). Esta vez, en cambio, fue la exhibición del nacionalismo catalán en su vertiente religiosa —con la canción del Virolai, la virgen de Montserrat (la Moreneta) y la obra de Antoni Gaudí— lo que impresionó, deslizando un retrato del tiempo político actual.
Solo en esta Cataluña pos-procés podría entenderse la protesta de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, reclamando que el Papa hablara en catalán. Fracasado el sueño de independencia, al movimiento le ha entrado nostalgia de aquellos tiempos de construcción nacional de Jordi Pujol. La lengua vuelve así a ser la reivindicación principal para los afines a la ruptura, como premio de consolación por no haber logrado el Estado propio en 2017. Parte del éxito demoscópico de Sílvia Orriols precisamente consiste en hacer que Aliança Catalana se presente como la única formación capaz de recuperar las esencias de la catalanidad —discurso antiinmigración mediante—, apelando a un componente emocional que ni ERC ni Junts pueden satisfacer negociando fríamente competencias en Madrid, a veces de forma poco exitosa. Menos aún, mientras ambos partidos se sigan viendo como traidores que enterraron el procés a cambio de los indultos y la amnistía. No es que Aliança prometa de facto algo distinto al autonomismo de sus rivales, pero ofrece una vía de escape ante la frustración a través de la idea de nación.
Sin embargo, la naturalidad con que el Papa introdujo el catalán durante su visita calmó hasta el irredentismo de Carles Puigdemont; no así a los cantantes que al parecer querían exhibir una estelada en la misa de la Sagrada Familia, demostrando hasta qué punto conviven aún en el sentir popular ciertos ecos de ruptura. Pese a ello, un destello de aquel orgullo perdido tras el 1 de octubre afloró ante la magnanimidad del coro musical que cerró la inauguración de la Torre de Jesús. A algunos observadores les sorprendió que, siendo Cataluña una región considerada políticamente muy woke, donde la CUP o los Comunes tienen más influencia social que votos, pudiera hacerse una exhibición que parecía de los tiempos de la vieja Convergència.
De ese modo, existe una Barcelona que lucha por reencontrarse con su identidad o legado, y que volvió a estar en condiciones de disputarle la hegemonía a Madrid. En la búsqueda de esa grandeza económica se explica la victoria de un PSC que intenta atemperar la cuestión nacional, pero que si no ofrece resultados frente a las huelgas educativas y los fallos en Rodalies podría perder el poder. En el polo opuesto, Madrid ha hecho suya la globalización en su máximo nivel. El pequeño Miami de Isabel Díaz Ayuso reflejó ante el Pontífice su nueva realidad sociológica: algunos actos incorporaron tintes de cómo se vive también la fe al otro lado del Atlántico, con cierto aire evangélico.
Con todo, las apelaciones del papa León XIV a la unidad acabaron teniendo una curiosa plasmación territorial. Las redes se han llenado estos días de comentarios de jóvenes creyentes, afines a Vox, reivindicando la Cataluña católica, donde la herencia de la catalanidad, e incluso el catalán como lengua, vuelve a verse como algo propio de la cultura española y no como un elemento ajeno o excluyente.
Esa tímida pulsión lleva tiempo reflejándose en la ultraderecha española: Vox aparece hoy dividido generacionalmente entre sus representantes veteranos —como Juan Carlos Girauta o Hermann Tertsch—, defensores de la idea de la hispanidad; y los más jóvenes, de la línea del diputado Carlos Hernández Quero, quienes se oponen a cualquier concesión migratoria. Entre estos últimos, los hay que preferirían antes a un independentista que a un vecino que hable español, pero de otra nacionalidad.
Una parte del electorado de las ultraderechas ya ha empezado a converger: Vox está incrementando su uso del catalán en el Parlament, asumiendo que a muchos de sus votantes les fascina Sílvia Orriols. En Madrid ya hay quien ve con lejanía, pero a la vez aprobación, esa confluencia de intereses de ambos partidos, quizás imaginando alguna especie de entendimiento a futuro.
En definitiva, la visita de su Santidad deja nostalgia de aquella España en la que aún permanecía la ilusión por hacer cosas grandes, y no solo por una cuestión de religiosidad. Alzar durante un rato la mirada por encima del pimpampúm político ha permitido recuperar por unos instantes esa sensación de proyecto colectivo, de gente intentando lucir la tradición de su país, ahogando la fealdad de la polarización bajo la estética de lo celestial, la liturgia o la pertenencia a una comunidad. Austeridad, seny y patrimonio cultural se han hecho notar en Barcelona, casi como vestigios de unos años noventa que quedaron atrás. La pesadumbre es pensar que, a la que el Papa regrese al Vaticano, nuestra clase política volverá a 2026.
El dardo de Feijóo a Puigdemont ...
La visita del presidente del PP a Cataluña también debe entenderse como una opa al votante de Junts
Alberto Núñez Feijóo no fue a Cataluña para sacar adelante una moción de censura. La prueba es el lamento de ciertos altavoces afines a Junts, afirmando que ni siquiera les dio oportunidad de explorar en qué términos sería. Feijóo fue al Cercle d’Economia a retratar a las derechas nacionalistas. Tanto a Junts como al PNV les convendría —y mucho— que hubiera pronto un gobierno de derechas en España, pero claro está, el coste de propiciarlo no es tan asumible para ellos.
Cada vez es más notorio que Carles Puigdemont y los nacionalistas vascos acusan su pertenencia al bloque de Gobierno de Pedro Sánchez. No es solo por los escándalos de presunta corrupción. Se acabaron también aquellos tiempos en que el progresismo les daba buena imagen por sus políticas sobre derechos civiles o su ofensiva contra Vox. Las prioridades del votante de derecha nacionalista han empezado a cambiar. En el caso de Junts, se ve con la eclosión de Aliança Catalana —desacomplejadamente de derechas y antiinmigración— y, en el caso de los peneuvistas, todavía no ha surgido una “Alianza Vasca”, pero una facción del PNV es consciente de que ir con las izquierdas españolas envía parte de su voto a la abstención. No es un votante proclive a Bildu, ni quiere saber nada de Podemos o Sumar: cuando los peneuvistas se apeen del Ejecutivo de coalición tal vez recuperen ese nicho tradicional.
Así pues, si la legislatura empezó unida por la cuestión territorial —la amnistía—, hoy se impone el eje de pertenencia a las “derechas”. Influyen las políticas de regularización de personas migrantes: paradójicamente, el electorado del PNV estaba en 2025 más preocupado por la inmigración que el de Santiago Abascal. También pesan ciertas políticas económicas de la izquierda: empresarios cercanos al PNV protestan a menudo contra las medidas de Yolanda Díaz. En el caso de Junts, además, no hay una espiral del silencio, sino un firme competidor: si la derecha estuviera en La Moncloa, quizás se mitigaría la pujanza de Sílvia Orriols.
El problema es que Puigdemont sigue preso de su amnistía, y ello dificulta saber qué partido quiere ser de mayor. Lo sabe el exconseller Jaume Giró, quien intentó de forma fallida que el partido no priorizara tanto la cuestión independentista, sino reconstruir una formación de centro derecha liberal. Hasta hace dos días, Junts quería ser de centroizquierda: en 2020 apoyó el límite a los alquileres en el Parlament, a diferencia del hundido PDeCAT. Últimamente se ha opuesto a varias leyes en materia de vivienda del PSOE, pero ha sido por pura necesidad. La eclosión de Aliança Catalana demuestra que hay hambre de nacionalismo de derechas, vinculado a la cuestión nacional.
En consecuencia, la visita de Feijóo a Cataluña también debe entenderse como una opa al votante de Junts. El líder gallego no es percibido tan hostilmente como otros dirigentes del PP, precisamente por su ascendencia regional. A ello se suma que el ciudadano de centroderecha tendrá que elegir en unas elecciones generales entre PP o Puigdemont, porque Sílvia Orriols no se presenta a esos comicios, y Vox no es su opción. Feijóo igual cree que puede recabar apoyos entre un votante descreído tras el fracaso del procés o preocupado por su bolsillo.
Sin embargo, en ciertos altavoces del Madrid político no ha hecho gracia el viaje del presidente del PP a Cataluña. Se considera que solo ha servido para distraer la atención, mientras el Gobierno se anega entre los escándalos. Otros creen que el PP simplemente ha hecho un canto nostálgico a lo imposible. Quienes más desean que Sánchez caiga, curiosamente, ya solo esperan que la agonía del Ejecutivo se perpetúe hasta 2027. Siendo honestos, es probable que Feijóo no quiera una moción de censura por el momento. Su gesticulación va más dirigida a evitar que Vox capitalice la inacción de la oposición.
El caso es que Feijóo marcó un punto de inflexión frente al empresariado catalán. Por vez primera, un líder del PP no fue a pedir su favor, sino a avisar de que llegará al poder con o sin ellos, enfriando incluso su apoyo a a la actual propuesta de nueva financiación. Asumió que puede ir de la mano de Vox. En el fondo, forma parte del relato creer que los allí presentes eran “empresarios de Junts”, sin más, cuando algunos abrazan el pragmatismo del PSC.
En definitiva, el dardo envenenado de Feijóo a Puigdemont consistió en no insistir demasiado, y por ahora, en un acercamiento, a las puertas de las elecciones municipales de 2027, donde se espera que Junts sufra –y mucho– a manos de Sílvia Orriols, mientras siga Pedro Sánchez en el poder. No casualmente, cuanto más se consuman los puigdemontistas a manos de Aliança Catalana, más contundente será su giro hacia posiciones de derecha, o mayor su irrelevancia en un futuro Congreso de los Diputados. Aunque Jordi Turull envíe al PP a negociar en Waterloo, la realidad ya se ha abierto paso en el tablero nacional: una pulsión desacomplejadamente contraria a los relatos de la izquierda se hace notar en Cataluña y Euskadi, e incluye un refuerzo de la seguridad, bajadas de impuestos, y un discurso antiinmigración. Feijóo solo fue a Barcelona a azuzar esa contradicción.
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