Si Pedro Sánchez se reúne con Puigdemont
Para el líder socialista el coste de una eventual cita con el ‘expresident’ prófugo nunca ha sido tan bajo
Que Pedro Sánchez se reuniera con Carles Puigdemont en Waterloo pondría de relieve la hipocresía de la derecha frente al independentismo. Y es que sería curioso que el Partido Popular se escandalizase por el encuentro calificando a Puigdemont de “prófugo”, tras varias semanas de entendimiento con Junts el Congreso. Alberto Núñez Feijóo está hoy cautivo de su estrategia de desgaste del Gobierno, pero para Sánchez, en cambio, el coste de una eventual cita con Puigdemont nunca ha sido tan bajo como ahora.
A fin de cuentas, el contexto ha cambiado con respecto a septiembre de 2023, cuando se le armó un buen escándalo a la vicepresidenta Yolanda Díaz tras reunirse con el líder independentista en Bruselas. De un lado, porque entonces se consideraba una ofensa a la justicia española que un miembro del Gobierno se viera con el máximo responsable de los hechos de 2017, quien no había podido ser juzgado, a diferencia de otros líderes del procés. Del otro, porque la amnistía aún no se había acordado con Junts, reticente a volver a la gobernabilidad. Si bien la política pocas veces son los hechos en sí mismos, sino el momento en que se producen, dos giros de guion han rebajado en el último año para Sánchez el precio de reunirse con el expresident. El primero, porque es la izquierda, y su opinión pública, la que ahora se dice “agraviada” por ciertas investigaciones judiciales en curso, abonándose en ciertos casos a las tesis del lawfare, que introdujo Podemos. El segundo, porque el líder de Junts ya no solo es útil para el PSOE, sino también para el PP: el bipartidismo en pleno ha rehabilitado de facto al líder del 1 de octubre.
Así pues, la estrategia del PP de acercarse a Puigdemont dificulta seguir haciendo leña de su figura. La prueba está en cómo los populares evitaron hablar de la ley de amnistía en las elecciones catalanas, tras un año de manifestaciones domingueras. Eso ya es historia: hasta el duro portavoz Miguel Tellado saluda que haya más pactos, mientras que el dirigente gallego bromea con aprender catalán por si toca hablarlo en la intimidad. Feijóo ha sacrificado la credibilidad de su partido, o quizás solo las tesis de la derecha dura, ante la expectativa de que el PP llegue a La Moncloa algún día de la mano de Junts.
Para la normalización del expresident, Génova hace tiempo que cuenta con dos aliados decisivos. Primero, el eje gallego-andaluz, ese PP de fuera de la M-30 que asume que gobernar España pasa por entenderse con la derecha nacionalista. El propio presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aboga por tener las “mejores relaciones” con Junts, “un partido democrático”. El segundo aliado, más sorpresivo, son ciertos medios conservadores de Madrid, que vienen rebajando clamorosamente su tono sobre Puigdemont desde hace semanas, seguramente viendo venir la jugada de los populares. Es más: la indulgencia de esos altavoces frente a Junts es directamente proporcional a la forma en que Vox se les ha vuelto incómodo desde el 23-J, porque impidió que el PP pudiera ganarse el voto del PNV para la investidura.
Sin embargo, existe una derecha que podrá criticar a placer el eventual encuentro: la más cercana al aznarismo. Isabel Díaz Ayuso siempre ha considerado que Bildu y Junts son de la misma ralea, y, por tanto, partidos con los que no pactaría; no así Feijóo, que solo tiene el límite en la izquierda abertzale. Cayetana Álvarez de Toledo, por su parte, simboliza esa derecha que cree que el 1 de octubre marcó un punto de inflexión: demostró que el nacionalismo es insaciable, que siempre querrá más si se pacta con ellos. En ese paquete estará Vox, que tendrá su ocasión para mantener que el PSOE y el PP son las dos caras de la moneda: el que aprueba la amnistía y el que se beneficia de ella.
El caso es que la reunión con el líder de Junts es solo una hipótesis: está por ver que se produzca. Aun así, Sánchez se ha convertido en el mayor experto en procesismo, término coloquial utilizado por muchos jóvenes independentistas para criticar a sus partidos, a sabiendas de que hace tiempo abandonaron el sueño de ruptura y ya se dedican solo a escenificaciones para que parezca que siguen en 2017. Por eso, a Puigdemont no le convendría depreciar la cita: si la amnistía no es de momento legal, Sánchez le ofrece la amnistía política inmortalizada: la legitimación de su figura, un relato que el expresident viene sosteniendo desde su salida de España. Es también la mano tendida ante su necesidad constante de desmarcarse de ERC, lo que explica la constante dureza de Junts. Pero si ofrecer una foto no convence, la reunión podría servir incluso para sellar algún acuerdo, como ceder competencias migratorias a Cataluña. Puigdemont exige hechos, cobrarse sus apoyos, y bien podría vender eso a sus bases para la aprobación de los Presupuestos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la amnistía.
Y, visto lo visto, si Sánchez viaja a Waterloo, ya solo cabe preguntarse cuándo se reunirán Feijóo, o el líder de la derecha de turno, con Puigdemont, ya sea en Madrid, o en Girona, para ir ensayando su catalán advenedizo.
La ‘operación Irene Montero’
Podemos tiene un nicho en la forma en que la socialdemocracia europea asume ya ciertos diagnósticos de la ultraderecha en inmigración o transición ecológica, y en los ‘nuevos indignados’ de 2024
Si no existe una operación Irene Montero, lo parece: la posibilidad de que Podemos intente relanzar a su eurodiputada ante unas eventuales elecciones generales. Véase su hiperactividad mediática: tertuliana en televisión, publicación de un libro, y hasta confesar que “tiene ganas de ir aún más lejos” políticamente. La pregunta es qué bazas podría explotar Podemos a 2027, si hasta Sumar parece estar fracasando ya en aglutinar el espacio de la izquierda alternativa.
Y es que algunos creen ver en el contexto actual una oportunidad como en 2014: el bipartidismo vuelve a echarse los casos judiciales a la cara en el Congreso, mientras que los nuevos actores, Vox o Sumar, ya solo actúan de comparsas del PP o PSOE. El ciclo reformista que detonó el 15M y culminó en 2018, además, está agotado: Pedro Sánchez no puede ser tan ambicioso como el progresismo quisiera porque los números no salen en el Congreso. Podemos, precisamente, ha detectado ese caldo de cultivo: no pocas veces aluden a los “Pimpinela del bipartidismo”, evocando aquellos tiempos en que ellos pescaban en ese hartazgo, e incluso, intentan presionar con sus votos para que haya más políticas de izquierdas, pese a que Junts y el PNV son los que tienen realmente la sartén por el mango en esta la legislatura.
Sin embargo, sería un error creer que en el surgimiento de Podemos hace diez años pesaron más los motivos de “crisis política” que los económicos. De hecho, hoy la paz social impera en España, por más que el llamado “régimen del 78” no se haya alterado. El motivo es que el PSOE se ha encargado de blindar el statu quo en el plano económico, a diferencia de entonces: los funcionarios pueden respirar tranquilos tras el convenio con Muface; las pensiones se han revalorizado conforme al IPC, evitando con ello que muchas familias caigan en la pobreza, como reconoce hasta el ministerio de Seguridad Social en sus redes sociales. Y aunque la clase media está hundida porque los sueldos no han ganado poder adquisitivo en más de 10 años, al menos no hay despidos masivos, como entre 2008 y 2012. Los jóvenes no se pueden independizar ni con subidas del salario mínimo; hete ahí un nicho de nuevos indignados, pero el bipartidismo sabe que eso no hará caer a ningún Gobierno mientras no sean sus padres los desahuciados, como antaño.
Así pues, es difícil creer que Podemos, el partido por antonomasia de la indignación, pueda articular una alternativa de masas a 2024. Y no parece que sea su objetivo por ahora. Se conforman con mantener algún escaño que les dé visibilidad, tal que la izquierda contigua al PSOE se ha convertido en un espacio boutique, de filias o fobias, de fetiches o gustos personales. La prueba está en que no existe ninguna diferencia ideológica sustancial entre Sumar y Podemos, más allá de las formas negociadoras o de cómo se venden.
Pese a todo, cabe reconocer a Podemos su capacidad de análisis del tablero político. Montero logró un par de escaños en el Parlamento Europeo con un discurso internacional basado en condenar las acciones de Israel en Palestina, algo que sí es mayoritario en la izquierda, pero lo aderezó con un aire ochentero, muy criticado, que destilaba equidistancia ante la invasión rusa en Ucrania. Será que todavía pesa en España un perfil de votante que pivota sobre la animadversión contra Estados Unidos o la OTAN, como si la geopolítica fuera aún un equilibrio entre dos espacios de influencia, al estilo Guerra Fría, y no hubiera detrás pueblos luchando contra el sátrapa de turno.
A la postre, de Podemos se desprende un segundo análisis más perspicaz, en relación con los tiempos actuales: la forma en que la socialdemocracia europea ha recogido algunos diagnósticos de la ultraderecha, algo que no es tan de nicho, sino que tiene repercusiones amplias y visibles en la política comunitaria. Desde el pacto migratorio en la UE, hasta un frenazo en la agenda de transición ecológica, aflora incluso el fin de un ciclo basado en eso que algunos llaman la “agenda woke”. Si lo trasladamos a España, la renuncia a lo queer por parte del PSOE puede entenderse como un paso atrás frente a ciertos postulados que, sin embargo, siguen compartiendo muchos jóvenes socialistas.
Con todo, cabe preguntarse hasta qué punto solo la agenda de derechos civiles podría revivir a la izquierda alternativa. Tendría que producirse un retroceso enorme en libertades, algo que en estos momentos parece improbable. La fuerza del bipartidismo, también en la derecha, sigue garantizando que los extremos no sean mayoritarios. Y en verdad, no todo lo ocurrido en los últimos años ha sido reacción ultraderechista. Por ejemplo, muchos progresistas que no compran que el fiasco de la ley del solo sí es sí fuera cosa de la aplicación de los jueces, en vez de un defecto en la propia norma.
En definitiva, parece que la operación Montero, de existir, podría seguir siendo de nicho, si no ocurre nada disruptivo por el camino que cambie el tablero. Eso, sin mencionar la paradoja de que quienes vinieran hipotéticamente reflotar la izquierda alternativa en unos años fueran los mismos que lo intentaron hace una década, y naufragaron.
Salvador Illa y su ‘pujolismo 2.0’
El tablero catalán no puede leerse hoy en clave independentista, sino en clave de catarsis social
“Salvador Illa gobernará mucho tiempo en Cataluña, si no la lía demasiado”; ese es el clima de opinión que se ha empezado a extender en una parte del independentismo. Y es que Illa ha pillado a la derecha española, a Junts y a ERC con el pie cambiado. Los días pares, acude al Congreso por el Día de la Constitución, mientas que los impares, rehabilita el legado del máximo exponente del catalanismo, que fue Jordi Pujol. Y, sin embargo, el pujolismo 2.0 del PSC pinchará a largo plazo en su afán reformista si Pedro Sánchez no logra darle salida.
A fin de cuentas, la idea de “modernizar España” que presenta Illa se basa en que siga este Gobierno al otro lado: promover una financiación autonómica singular para Cataluña, actuando como motor para otras transformaciones en el resto del país. El nuevo president se dispone incluso a recorrer distintas autonomías gobernadas por el PSOE y el Partido Popular para tratar de explicar su proyecto. Y hasta la fecha, Illa no despierta demasiados recelos en los foros políticos o empresariales de Madrid, donde le observan con una mezcla de sorpresa e interés: exige mejoras para sus ciudadanos, pero no suena a independentista, porque pone la bandera rojigualda en el Palau de la Generalitat. Quizás por eso, tampoco tiembla el suelo bajo sus pies cuando dice que defenderá el catalán. Parece que una vez enterrado el procés, una parte de la sociedad española acepta el regreso de una suerte de pujolismo al estilo de los años noventa: lengua, financiación y autogobierno, si el precio es que haya calma territorial. Y otra parte, que es mayoritaria, se ve obligada a rebajar la tensión por el momento: resulta difícil acusar a Illa de “querer romper España”, pese a oponerse a ese programa político, si en su haber lleva haber echado a ERC del poder.
La pregunta es si Sánchez puede satisfacer las demandas del PSC. Cataluña es el bastión que le mantiene en la Moncloa —como se vio en 2023— pero empujar la agenda catalana en esta legislatura dejaría al resto de sus barones noqueados en las elecciones autonómicas de 2027. Y no es casual ahí que Carles Puigdemont haya empezado a acercarse al PP. Junts juega con la hipótesis de que el reformismo de Illa y los republicanos fracasará a largo plazo: de un lado, porque otros socios se opongan a la singularidad catalana en el Congreso, del otro, porque el PSC y ERC no tengan forma de obligar al PSOE a cumplir. Por eso, Puigdemont ha empezado a articular un nuevo eje: ellos no están por reformar o convencer, sino por sacar tajada del mejor postor, el que les ofrezca mayor cuota de competencias, ya sea Sánchez quien gobierne por ahora, o quizás en una próxima legislatura, el PP de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que los exconvergentes han comenzado a introducir sutilmente la retórica de que ellos obtendrían más del Estado central, en caso de regresar al poder.
En consecuencia, el tablero catalán no puede leerse hoy en clave independentista, sino en clave de catarsis social: de qué forma volver a un autonomismo efectivo para los intereses de la comunidad autónoma de Cataluña, es decir, al pasado previo al procés. Las diferencias son de método, como demuestra Puigdemont: este intenta ahora subir su precio negociador frente a Sánchez, aparentando que se pone duro o vota junto al PP, pese a que la amnistía sigue siendo el motivo que le mantiene atado al PSOE. Y todo ello, quizás sea en vistas a negociar los Presupuestos del Estado, o tal vez para lograr más cesiones en tema migratorio.
Con todo, la mayor aportación de Illa es haber detectado la nostalgia del pujolismo en la sociedad catalana, incluso, entre muchos independentistas. La promoción de la lengua, la financiación o el autogobierno son elementos que los partidos de la ruptura fueron dejando de lado durante 10 años, o que supeditaron a la única obsesión por el referéndum y el Estado propio. Tanto es así, que recogiendo ese legado catalanista, el PSC ha logrado no resultar incómodo para muchos votantes de ERC y Junts. Es más, los republicanos han encontrado un nuevo papel en el Parlament, tras aparcar la independencia, vendiéndose como los garantes de que los socialistas catalanes no se pongan “españolistas”, por ejemplo, exigiendo a Illa que la Policía y la Guardia Civil no se integren en el 112.
A la postre, que el PSC no lograra dar salida a sus demandas autonomistas en España no implica que estuviera más cerca de perder el Govern. Y es que la llegada de Illa al poder fue por una voluntad de pasar página, y eso se alargará todo el tiempo que el pujolismo necesite para arraigar definitivamente entre los votantes de Junts y ERC. La base independentista sigue hoy demasiado desmovilizada o en shock, como para reilusionarse de inmediato con el marco autonómico que sus partidos practican. Pero en definitiva, si Sánchez le está haciendo el favor a Feijóo con la ley de amnistía porque rehabilita a Carles Puigdemont para pactar con el PP, Illa le está haciendo el favor a los partidos independentistas para regresar a un pujolismo 2.0. Es decir, ese que todos abrazan ya, pero que los republicanos o Puigdemont todavía no se atreven a confesar ante su base social.
Pedro Sánchez se ‘reconcilia’ con Page
El líder socialista ha hecho las paces con la ‘otra’ España que el presidente de Castilla-La Mancha simboliza. Está por ver su efecto en las autonómicas de 2027
Pedro Sánchez se ha reconciliado con Emiliano García-Page. Y es que algunos ajustes que el PSOE acometió en su reciente congreso suponen toda una declaración de intenciones. Desde el abandono de las teorías queer hasta el acuerdo interno sobre la financiación de Cataluña, se aprecia un distanciamiento sutil frente a las polémicas derivadas de pactar con Podemos o con el independentismo, motivos que contribuyeron a la caída de varios de sus barones en 2023 y cuyo ajuste parece clave para ayudarles a reflotar en 2027.
Solo hay que remontarse a los comicios municipales y autonómicos de 2023 para entender hasta qué punto las alianzas del presidente resultaron lesivas para el PSOE de la España mesetaria y sur. La coletilla del “que te vote Txapote” irrumpió en plena campaña, después de que Bildu colocara en sus listas a algunos condenados por delitos de sangre, que ante la polémica renunciaron a concurrir a las elecciones. Y, pese a que la derecha se agarró a ella, esa frase solo fue el símbolo de un caldo de cultivo más profundo. Algunas encuestas detectaron posteriormente que las alianzas con el independentismo y el paso por el Ejecutivo del partido de Pablo Iglesias eran rechazados por muchos votantes socialistas. Tanto fue así que el PSOE perdió miles de votos aquel 28-M, aunque más se desplomó la izquierda alternativa, lo que supuso la caída de varios gobiernos progresistas. En definitiva, en 2023 se hizo evidente que hay una España, especialmente en Cataluña y Euskadi, que apoya a Sánchez, donde el nacionalismo y las ideas de Podemos y Sumar no presentan ninguna resistencia, sino al contrario, lo que le permite seguir en el poder. Y, en cambio, hay otra España más conservadora o centralista —vamos a llamarla así— donde las alianzas del Gobierno resultan letales, y hoy arrasa la derecha.
Así que Sánchez se reconcilia ahora de forma metafórica con lo que Page simboliza. El presidente de Castilla-La Mancha supone el máximo exponente de un PSOE crítico con que haya territorios “privilegiados” o con la amnistía, e incluso de un PSOE más reactivo a la influencia que los postulados de Podemos ha ido teniendo en la izquierda desde 2016, pese a haber pactado con ellos. Es parte de un paradigma de esa otra España. Y aunque está claro que seguirá habiendo pactos con Carles Puigdemont o Ione Belarra, el posicionamiento del partido coincide con un giro sutil en la legislatura respecto a la imagen pública que generan los socios alrededor del presidente del Gobierno.
Primero, desde el inicio era evidente que la financiación para Cataluña no iba a ser un concierto como el vasco. Exagerar su dimensión solo fue la forma que ERC tuvo de asegurarse que sus bases no tumbaran la investidura de Salvador Illa por pánico a hundirse en unas nuevas elecciones. Es más, el propio PSC ha desinflado la esperanza del pacto fiscal en las ruedas de prensa del Govern. Por eso, parece toda una metáfora que Marta Rovira, una de las muñidoras del acuerdo, vaya a quedarse a vivir en Suiza, pese a haber sido amnistiada. Ahora bien, que la financiación para Cataluña se diluya —será singular, pero aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están las autonomías del PP— es la mayor carta de presentación para los barones del PSOE en sus futuros comicios. Y aunque Oriol Junqueras logre volver a dirigir ERC, podría lavarse las manos de lo que decidió la anterior ejecutiva.
Segundo, la amnistía ya no supone el mismo escándalo en términos de imagen que hace un año. A la lentitud en su aplicación —ni a Puigdemont ha llegado todavía— se le suma que el Partido Popular ha dejado de hacer casus belli de ello: de un lado, porque hace un año no era tan evidente como ahora que el procés está hundido, y la prueba es que Salvador Illa gobierna en la Generalitat; del otro, tampoco le conviene a Alberto Núñez Feijóo seguir protestando, ya que quizás alberga la esperanza de pactar con Junts alguna vez.
Tercero, la izquierda contigua al PSOE no tiene ya el mismo predicamento en el debate público que hace años. A diferencia de Podemos, la presencia de Sumar en el Consejo de Ministros no genera una hipermovilización en la derecha, porque hace menos ruido. Que Sánchez haya dado el poder a las feministas clásicas deja margen para que sea la izquierda alternativa la que defienda las teorías queer desde fuera del Gobierno, como intento de reconstrucción de un espacio que arrastra una severa crisis.
Pese a todo, el fuerte presidencialismo de Sánchez amaga con seguir lastrando a sus barones en 2027, como sucedió en 2023. El desembarco de Óscar López en Madrid es un caramelo para Isabel Díaz Ayuso, al ser un ministro contra el que dirigir las críticas por los casos judiciales abiertos. Así es la política: si hace poco España estaba sumida en el escándalo por la amnistía, o hace cuatro meses por la financiación para Cataluña, hoy son otros los frentes. Y, por eso, la reconciliación con Page supondrá un balón de oxígeno para la España más conservadora, pero el antisanchismo tan intestino sigue siendo igual de imprevisible como potente movilizador de voto a la derecha.
Hacer caer a Pedro Sánchez
Cualquier moción de censura supondría ir de la mano del PP y Vox, un tándem que es la mayor salvaguarda de la continuidad del Ejecutivo
Algunos se preguntan si caerá Pedro Sánchez —otros, sencillamente lo desean—: caso Koldo-Ábalos, declaraciones de Víctor de Aldama, investigación al fiscal general y dimisión de Juan Lobato… Sin embargo, sería naif creer que en España un presidente puede ser expulsado a media legislatura, fruto de los escándalos que le rodean. Ello sería tomar el caso de Mariano Rajoy en 2018 como precedente: una moción de censura que nos hemos contado que fue por la trama Gürtel, pero siendo honestos, poco tuvo que ver con eso.
Y es que a Rajoy no se le echó simplemente por la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Con perspectiva, su Gobierno cayó por una conjunción de intereses entre los socios que le sustentaban en ese momento, donde cada cual vio la posibilidad de realizar sus anhelos con otro presidente. De un lado, los independentistas decidieron vengarse del PP por el 1 de octubre de 2017, que se había saldado con el encarcelamiento de varios líderes del procés: el PDeCAT hubo que convencer a Carles Puigdemont de apoyar la moción de censura, quizás vislumbrando ahí una salida a sus problemas judiciales. Entre las izquierdas, la condena del PP sirvió para desacomplejar un entendimiento del PSOE con Podemos y ERC, e incluso, con Bildu: Sánchez no había podido pactar con ellos en 2016 porque sus barones se lo habían impedido, pero dos años después, y tras ganar las primarias, ya nadie era capaz de vetar ese entendimiento tácito. Y por último, el PNV esperaba del PSOE, a cambio de su voto, que respetara la cuantía del cupo vasco que había negociado unos días antes con los populares: con ello, pudo incluso ponerse de paso la medalla del escrúpulo democrático. En definitiva, la Gürtel solo fue la excusa para que tanto opositores como socios dieran a Rajoy pasaporte, pero las razones fueron otras.
Así que cabría preguntarse si los socios de Sánchez han dejado de verle útil, como vara de medir la continuidad de la legislatura. Todo ello, sin olvidar que aún no hay ninguna condena en firme a nadie del PSOE o que Aldama tiene que aportar pruebas sobre sus declaraciones, y ya se verá en qué queda todo esto. Y pese a las hipótesis, la respuesta es que ningún socio de Sánchez ve más conveniente por ahora que llegue Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa.
Basta observar los intereses de cada uno, que poco distan de fiscalizar los casos que rodean al Gobierno al que sustentan —ningún esmero han mostrado los partidos plurinacionales, a estos efectos—. Puigdemont ha empeñado su crédito independentista en la amnistía y necesita tiempo para que se le aplique. ERC ha basado su relato en entenderse con el PSOE, por ejemplo, para una mejor financiación para Cataluña. Para Bildu, Sánchez ha sido la principal figura socialista en darle carta de legitimidad para fraguar pactos. El PNV está por la agenda vasca, gobernando con el PSE en Euskadi. Podemos se centra ya en su pugna con Sumar, de modo que necesita tiempo para relanzar a Irene Montero en unas generales, y la plataforma de Yolanda Díaz va de capa caída, por tanto, no le convienen elecciones.
En consecuencia, Sánchez no caerá en las actuales circunstancias. Es más, cualquier moción de censura supondría ir de la mano del PP y Vox, un tándem que es la mayor salvaguarda de la continuidad del Ejecutivo. Sería un trago muy amargo para el PNV tener que apoyar a Feijóo junto a la ultraderecha y sin tener por seguro que se convocaran elecciones inmediatamente. Para darse esos apoyos, debería llegarse a un escenario demasiado crítico. Y hasta la fecha, el propio Aitor Esteban es prudente respecto a Aldama, como se desprende de sus palabras este miércoles en el Congreso.
El caso es que los partidos que apoyan al PSOE demuestran a diario lo blindado que está el Gobierno, por muy bravos que se pongan en público. Sánchez logró sacar adelante parte de su agenda fiscal porque a todos les convino conjugar intereses tan distintos. El impuesto sobre las energéticas no constó en la votación definitiva, para contentar a Puigdemont y al PNV —los que siguen teniendo la sartén por el mango—, sino que además se relegó a negociarlo en una comisión o a prorrogarlo mediante decreto. Es decir, que Podemos, ERC y Bildu se agarraron a una promesa para no poner al Ejecutivo en problemas. Cada día es más probable hasta que haya Presupuestos.
Con todo, la derecha blandirá el argumento de que Sánchez no cae porque los socios del Gobierno son partidos nacionalistas “a los que no les importa el interés general”. La pregunta es si a Ciudadanos le importaba el interés general, y no el suyo, cuando decidió no votar a favor de la moción de Rajoy porque se veía pujante en las encuestas. Lo mismo aplica con Vox, cuando no apoya ciertas comisiones de investigación, allí donde el PP está en apuros. La respuesta es obvia: en España son las urnas las que suelen echar a los presidentes, raramente sus socios, pese a los posibles escándalos. Y en eso, por ahora no dista demasiado ser un nacionalista español que un mero independentista: las pruebas son conclusivas. Que cada cual juzgue si ello es un mérito, o un demérito, de la democracia española.
Ucrania puede suponer el cambio en la UE o el retrato de su hipocresía
Si Rusia fue considerada una amenaza hasta el punto de empeñarnos en ayudar al país invadido, se hace raro pensar que vaya a dejar de serlo en adelante
La invasión de Ucrania sitúa a la Unión Europea en un punto de no retorno. Por más que el canciller Olaf Scholz llame a Vladímir Putin evocando aquellos tiempos de buena relación del eje ruso-alemán, demasiadas cosas han cambiado en estos mil días. Sin embargo, el movimiento de Alemania es síntoma de ciertas hipocresías que han rodeado a esta guerra, que amaga con acercarse a su fin. La mayor, que mientras se deseaba una victoria ucrania de corazón, nadie pareció nunca preparado para asumir una derrota de Rusia. Pese a ello, la UE debe demostrar ahora si se cree que los últimos tres años han supuesto un antes y un después.
Basta observar cómo el miedo a Putin ha lastrado el conflicto en este tiempo: no fue hasta hace muy poco que se dio libertad de acción al país invadido, desde penetrar en territorio enemigo, hasta hacer uso allí de los misiles estadounidenses o británicos. Es decir, acciones que ahora son percibidas como estratégicas para una eventual negociación. El temor a la reacción rusa explica en parte también por qué el armamento fue llegando a Ucrania a cuentagotas: primero Himars, después Leopards, luego unos aviones F-16. Se desmonta así ese mantra de Podemos sobre que esta guerra era para enriquecer al “complejo militar industrial”, o la manida coletilla de que no se habría podido derrotar a Rusia “ni con todo el armamento occidental”, según dicen algunos, como también es falso que a los aliados les trajera sin cuidado una escalada bélica. De hecho, estos siempre buscaron traspasar cuidadosamente esas “líneas rojas” que el Kremlin iba blandiendo a modo de efecto disuasor, amenazando con un ataque nuclear. Y todo ello, al coste de tener a Ucrania combatiendo con una mano atada a la espalda, dándole lo justo para resistir, quizás ante la posibilidad remota de que Putin cayera, fuera sustituido por un líder aún más radical, o que la Federación Rusa se descompusiera en repúblicas donde cada una poseyera su arma nuclear.
Sin embargo, la cruda realidad es que nadie entró en esta guerra solo por altruismo. Estados Unidos vio la oportunidad de debilitar a Rusia para una década y poderse centrar en su agenda en el Pacífico, en su pugna con China. En Europa ayudamos a Ucrania como dique de contención ante la amenaza que de forma tardía asumimos que era el expansionismo ruso. Y pese a todo, de nada sirve lamentarse ya sobre si pudimos hacer más; la clave es si la UE realmente se cree que no hay vuelta atrás a febrero de 2022.
De un lado, porque las inercias del pasado pesan demasiado. Ya desde el inicio algunos dieron señales de estar esperando a que la enemistad con Putin fuera temporal, haciéndose notar los tentáculos de la diplomacia rusa. Y no se podrá reprochar demasiado en el caso de Alemania, que de la noche a la mañana hubo de enfrentarse a su pasado, rompiendo lazos con Rusia y reorientando su política exterior para enviar ayuda militar. La llamada de Scholz parece sintomática: la economía alemana dependía del gas ruso barato, tal que cierta melancolía aflora ahora, ante el momento de estancamiento que atraviesa el país.
Pese a ello, la UE no es igual que hace mil días: sus intereses hace tiempo han dejado de ser solamente los alemanes. Un nuevo eje defensivo, liderado por Polonia, e integrado por los países bálticos y de Europa del Este se ha ido fortaleciendo, procurando que Alemania no arrastrara los pies. Es más: que el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, y la jefa de la Diplomacia, Kaja Kallas, sean lituano y estonia, respectivamente, parece toda una declaración de intenciones por parte de Ursula von der Leyen. El clásico eje francoalemán se encuentra ahora con otros Estados que le hacen de contrapeso: la pugna política que se podría abrir pronto en Europa tal vez sea entre los nostálgicos del contexto previo a 2022, frente a los que no están para tolerar más compadreos con Moscú que comprometan su seguridad nacional.
Con todo, el problema de la Unión sigue siendo el mismo que antes de la guerra: no tiene capacidades defensivas propias. Nuestro mayor esfuerzo ha sido diplomático y comercial, pero no hemos hecho los deberes en materia de seguridad por si Donald Trump nos dejaba tirados. Ahora bien, sería muy cínico pretender que nada ha ocurrido en este tiempo. Si Rusia fue considerada una amenaza hasta el punto de empeñarnos en ayudar al país invadido, se hace raro pensar que vaya a dejar de serlo en adelante: partidos que desestabilizan nuestras democracias paseándose por el Kremlin, desinformación, y en definitiva, la sed imperial insaciable de aquel a quien durante años se le toleró casi todo por la premisa alemana de que si comerciábamos con Putin habría paz, al precio de hacer la vista gorda ante sus conflictos en el Cáucaso o el Este, o ante sus chantajes para evitar que subiera el coste de la energía.
En definitiva, Ucrania puede ser un punto de inflexión en la UE, o retratar nuestra hipocresía colectiva: a saber, que las buenas intenciones quedan en nada, si no van acompañadas de transformaciones profundas en el plano político, económico o militar. Si no asumimos los cambios de estos mil días, el pasado quizás nos volverá a atropellar, y a otros, hasta a invadir.
La dana golpea el ‘regionalismo’ de Feijóo
La capacidad autonómica y los recursos existen; otra cosa es que la gestión de Mazón haya sido nefasta y algunos se dediquen a impugnar el Estado territorial para taparlo
La catástrofe de la dana golpea el regionalismo del PP de Alberto Núñez Feijóo. El líder popular quería presentarse como esa derecha defensora del autogobierno y la pluralidad territorial, ganándose el favor de socios como el PNV y Junts, quizás necesarios para gobernar alguna vez. Pero el relato de ciertos altavoces de la derecha ante la tragedia en Valencia ha ido por otro lado: dar a entender que una comunidad autónoma no es capaz de gestionar una situación así, de forma que el Gobierno debía tomar el mando. Y ese argumento centralista servirá para que no dimita Carlos Mazón, pero deja en apuros a Feijóo.
En esencia, porque cabe preguntarse qué opinarán Carles Puigdemont o Aitor Esteban del insistente cuestionamiento de muchos medios afines al PP sobre la capacidad del Estado autonómico para hacer frente a un incendio o una inundación. Como ya recordamos aquí, no es cierto que una comunidad no pueda dar respuesta a un escenario de tal magnitud: al elevar el nivel 2 de emergencia nacional, la autonomía pasa a tener bajo su coordinación los efectivos del Estado que precise (Policía, Guardia Civil, Ejército…). El propio expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, explicó que hizo eso mismo cuando un grave incendio sacudió su región, y rápidamente el Ejército se puso a su disposición. El lehendakari Carlos Garaikoetxea, del PNV, coordinó en 1983 un efectivo para hacer frente a las inundaciones en Euskadi, accediendo bajo su mando a los tres Ejércitos, la Guardia Civil… Por aquel entonces gobernaba Felipe González, que tendió su mano para la ayuda que hiciera falta, pero sin perder Garaikoetxea el liderazgo de la catástrofe. Es decir, que la capacidad autonómica y los recursos existen; otra cosa, es que la gestión de Mazón haya sido nefasta, y algunos se dediquen a impugnar el Estado territorial para taparlo.
Sin embargo, el intento de echar balones fuera, descargando toda responsabilidad en La Moncloa, ha arrojado la cara más centralista del PP, algo que sería de esperar que a Junts y el PNV no les haga ninguna gracia. Parte de la estrategia de Feijóo en este curso era precisamente ganarse a esos socios, los únicos capaces de bloquear la acción legislativa de Pedro Sánchez. Ahora bien, el discurso popular ante la dana se acerca más al nacionalismo español de Vox, que al del regionalismo del expresidente gallego: en vez de correr a exigir al Estado que tomara las riendas, bien podría haber cuestionado primero el desempeño de su presidente territorial, asumido que las competencias autonómicas estaban ahí.
Por ejemplo, otros barones del PP han gestionado temporales también en la fase posterior o previa. Isabel Díaz Ayuso declaró el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid en 2021 por la nevada de Filomena, de forma que contó con efectivos de la UME para hacerle frente. En las últimas horas, la Junta de Andalucía dirigida por Juan Manuel Moreno envió avisos a la población ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.
Es probable que hasta el PP de Feijóo se haya dado cuenta de las incongruencias de su centralismo sobrevenido —e interesado—. Véase una declaración del líder popular hace unos días, alabando la actuación “solidaria” de las comunidades autónomas de su partido, frente a la presunta dejadez del Estado. Es decir, aludiendo a que “el Estado autonómico había funcionado”, pese a haber exigido el nivel 3 de emergencia nacional en Valencia, algo que no necesariamente dotaría de más recursos a la comunitat, sino que pasaría el mando al Gobierno de España.
El autonomismo es lo que hasta ahora parecía defender Feijóo: no solo por su origen como barón ruralista, sino también, a sabiendas de que este PP es fuerte en la mayoría de comunidades, haciendo cada cual de su capa un sayo. Ello le servía para diferenciarse de otras derechas, como Ciudadanos o Vox, incompatibles con los peneuvistas o Puigdemont. Pese a ello, el vendaval centralista es tan fuerte que ni el propio Emiliano García-Page (PSOE) se salva: propuso que una “autoridad independiente” de los políticos gestione las tragedias. Hay una España que desconfía del Estado autonómico cuando vienen mal dadas, o quizás nunca haya confiado en el modelo de descentralización. Quién sabe si no es también el caso de Mazón.
A la postre, el escenario actual aboca a que el president de la Generalitat Valenciana no dimita. Ello sería equivalente a asumir que una mala gestión política desde la comunidad impidió atenuar o frenar una tragedia humana. El PP nacional incluso contribuyó a alejar su dimisión con el hilo musical de fondo sobre que una autonomía era incapaz, rebotando las culpas en Sánchez. Y quizás ello servirá para salvar al líder valenciano, pero deja a Génova 13 ante el espejo de sus contradicciones. La dana golpea el regionalismo que quería exhibir PP: tirar de centralismo venderá mucho en Madrid y en la meseta, no así en Cataluña y Euskadi, que son los bastiones que mantienen a Sánchez en el Gobierno, y no casualmente, donde residen dos partidos que le podrían, alguna vez, dar el gobierno a Feijóo.
El fantasma del ‘cirujano de hierro’ en Valencia
Este debate no solo va de capacidades o recursos, sino de visiones territoriales más profundas
Existe la tentación, en el corazón de todo ciudadano, de que ante una tragedia aparezca un poder fuerte, como un dictador, que ponga orden a la situación de caos. España no es distinta. La disputa sobre quién tenía que tomar el mando en Valencia, si estaba la Generalitat Valenciana capacitada o Pedro Sánchez debió arrebatarle las riendas, ha bebido de ese imaginario. Recuperando la metáfora de Joaquín Costa sobre el “cirujano de hierro”, la gente exigía que alguien se impusiera al caciquismo, hoy traducido en lío partidista, y aplicara las medidas necesarias. Pero incluso ese relato autoritario es interesado, si atendemos a los hechos.
En esencia, porque no es cierto que la Generalitat Valenciana careciera de acceso a los recursos suficientes para hacer frente la tragedia, como dan a entender ciertos altavoces de la derecha. Al contrario: desde que el president Carlos Mazón declaró el nivel 2 de emergencia pudo disponer de los cuerpos del Estado que precisase: policías, guardias civiles, UME, Ejército, bomberos, etc. La prueba es que tras hacerlo formó varios grupos de trabajo con ministros coordinados desde la propia autonomía. Y todo ello, sin necesidad de un estado de alarma, como algunos han venido reclamándole a la Moncloa. Incluso, sin elevar el grado al nivel 3, el de “emergencia nacional”, algo que habría cambiado la titularidad del mando —de la comunidad al Gobierno— y no tanto, la capacidad de contar con esos efectivos necesarios. Y pese a todo ello, algunos insisten en que el Ejecutivo central debió haber apartado a Mazón, al considerar que su gestión fue nefasta.
Hete ahí el matiz importante: no estaríamos entonces hablando de un asunto de capacidad, no sería un tema de que la Generalitat no disponía de esos recursos o de que alguien se los estuviera negando. Nos encontraríamos ante la exigencia de que Sánchez apartara a un president por considerar que no está a la altura, por tanto, una cuestión más política que competencial o jurídica, que es distinto. Y todo ello, por recordar, en un contexto donde ni el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le atribuyó ninguna mala gestión a su barón territorial en las primeras horas, sino que culpó a la Moncloa, desviando así las críticas. Esa es la mayor hipocresía de esta catástrofe. Si Isabel Díaz Ayuso lleva días de perfil bajo, quizás sea porque está centrada en ayudar, o porque no piensa quemarse defendiendo a su colega valenciano.
En consecuencia, la gestión de la dana ha tenido un trasfondo político: se ha sostenido que la Generalitat no era capaz de enfrentarse a una tragedia de protección civil, que en el nivel 2 está bajo su competencia, en parte tal vez para difuminar responsabilidades. Aunque los relatos, claro está, qué importan para un ciudadano que lo ha perdido todo y solo espera que alguien le asista. Qué más da quién tome las riendas, cuando uno ha visto cadáveres flotar y ha salvado la vida de milagro. El respeto ante el sufrimiento de las víctimas debe ser máximo. Ahora bien, en el terreno de la fiscalización democrática debemos poder señalar lo concreto, cómo funcionan las leyes. Si no, dejamos espacio al oportunismo que socava los cimientos de nuestro sistema.
Primero, porque a cuenta del que las competencias serían presuntamente “muy difusas”, ha nacido el mantra del Estado fallido, que es miel para reaccionarios. El objetivo ha pasado por atacar el Estado en su conjunto, sin reparar en que esto no va de la estructura como tal, sino de las decisiones políticas de quien está al frente. Segundo, es intencionada la consigna de que la Generalitat es un órgano insignificante y un poder superior está obligado a suplantarla siempre. Los centralistas se han frotado las manos colocando su mensaje, dificultando con ello que la autonomía sea fiscalizada por sus acciones.
Sin embargo, el relato de un “poder fuerte” que nos salve está muy dentro de nuestro imaginario como seres humanos. Por eso, algunos ciudadanos se abrazaron al rey Felipe VI, desesperados. En lo simbólico acabamos sublimando nuestro deseo de que las cosas sean distintas. Y quizás por ese mismo motivo, algunos seguirán señalando a Sánchez, creyendo que debió apartar a Mazón, pese al cinismo de la derecha callando todavía lo que piensa de su barón regional. En parte, porque este debate no solo va de capacidades o recursos, sino de visiones territoriales más profundas: el centralismo frente al federalismo, o una desconfianza atávica hacia la legitimidad de las autonomías para actuar en las crisis.
Aunque un ejemplo demuestra que no siempre el imaginario del manu militari es sinónimo de más efectivo. El ministro Óscar Puente triunfa colgando en sus redes sociales los avances de los trabajadores de Fomento reconstruyendo las infraestructuras afectadas. Lejos de relatos testosterónicos sobre un cirujano de hierro, la democracia eminentemente va de que la gestión sea adecuada, ya sea mediante técnicos con chaleco reflectante o de altas instancias políticas. El debate sobre si debe tomar el mando una Comunidad Autónoma o el Estado puede ser a menudo legítimo, aunque en este caso concreto, tristemente, no va exento de tintes espurios o interesados.
El destrozo de Podemos y Sumar a la izquierda
El ‘caso Errejón’ no da la puntilla, sino que es un símbolo del profundo desgaste que venía atravesando este espacio político
El feminismo existía antes de Podemos y Sumar, y existirá después del caso Errejón porque no es un movimiento que inventaran ellos. En España, había izquierda antes del 15-M, y sobrevivirá, dado que tampoco fue una creación suya. Sin embargo, el daño que ambas formaciones dejan en el espacio contiguo al PSOE resulta más evidente hoy que nunca. Haberse apropiado de todas las causas de su generación, y de las precedentes, ha dejado por el camino un erial de liderazgos e ideas que durará al menos una década, tras caer sus caras visibles en un preocupante descrédito.
Basta observar el efecto disolvente que la nueva izquierda aplicó desde su salto a las instituciones en 2014, frente a una generación entera de jóvenes indignados, con el objetivo de desprestigiar a cualquiera que hubiera defendido antes esos mismos postulados. La tradición sindical, decían, se había vuelto acomodaticia con la patronal y en adelante sería Podemos el interlocutor verdadero frente a “los poderes”. Izquierda Unida, aseguraban, venían de “cocerse en su salsa de estrellas rojas” cosechando hitos más simbólicos que tangibles, por lo que ya llegaban a salvarnos los auténticos transformadores del sistema. Los políticos, así fueran del PSOE, suponían una “casta” alejada del pueblo, y los nuevos líderes demostrarían su humanidad colgando vídeos en que celebraban cumpleaños desde los ministerios. Las feministas clásicas eran unas “carcas”, y había que convertir a Irene Montero o a Ángela Rodríguez Pam en los nuevos referentes del movimiento. En definitiva, la nueva izquierda no pivotó tanto sobre ideas, sino sobre la autoproclamada virtud moral de quien las blandía, de modo que, hundidos estos en las urnas una década después, su legado también pasa por no creer que de las cenizas pueda salir otro proyecto competente.
De hecho, el caso Errejón no da la puntilla, sino que es un símbolo del profundo desgaste que venía atravesando la izquierda a la izquierda del PSOE. No por casualidad hace semanas que se oyen rumores de que Pablo Iglesias regresará a la arena política. De un lado, parece surrealista pensar que pueda volver a su modesto piso de Vallecas, como gesto para canalizar la indignación callejera de quienes hoy no tienen un techo. Del otro, Sumar está amortizado —solo fue un artefacto para presentarse a las elecciones, nunca un proyecto ideológico en sí mismo— y es evidente que Yolanda Díaz no ha resultado mejor líder política que ministra. Con todo, tampoco parece casual que afines al partido de Ione Belarra lleven días abriendo debates sobre el 15-M; Podemos da señales de que quiere volver a la palestra.
Sin embargo, el diagnóstico a la izquierda del PSOE sigue siendo tan erróneo como lo era hace una década: creen que esto va de nombres, los suyos, no de haber traicionado ideológicamente mucho de lo que una vez propugnaron —”lo personal es político”, decían—. Véase la batalla que mantienen a cuenta de las denuncias a Errejón, cuando en verdad nadie está para dar lecciones. Podemos todavía no se ha retractado del fiasco punitivo de la ley del sí es sí, sino que siguen culpando a los jueces de las rebajas de penas que ya anticipaban muchos juristas. En Sumar-Más Madrid nadie asume responsabilidades efectivas sobre por qué hasta ahora no se habían tomado cartas respecto a su exportavoz. Pretenden que la gente se conforme con un “perdonen la omisión” hasta que la justicia dirima el asunto.
Así pues, la izquierda alternativa necesita nuevos referentes, savia nueva; el problema es que no pueden aparecer de un día para otro por dos motivos. El primero es contextual: esos partidos ya han pasado por las instituciones —Iglesias fue vicepresidente— de modo que muchos ciudadanos de su generación están desazonados porque saben cómo les arrinconó el PSOE en el Gobierno, y también, tras haber comprobado que eso de asaltar los cielos es un maximalismo que luego acarrea frustración. Es más, el momentum de 2014 nada tiene que ver con el de 2024: la crisis de inflación no se ha saldado con recortes como sí ocurrió en los tiempos de austeridad, puesto que la Unión Europea aprendió de los errores y ha preferido esta vez abrir el grifo del gasto. El segundo factor es de capital humano: tras el 15-M, se produjo la entrada en las instituciones de gran cantidad de referentes de las mareas de profesores, médicos… descapitalizándolas. Por ejemplo, Ada Colau salió de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en Cataluña, y deja ahora su cargo como concejal en Barcelona. La propia ministra Mónica García participó de las mareas blancas por la sanidad en Madrid.
En consecuencia, el debate hoy en la izquierda no puede pivotar sobre hacer un refrito de lo existente, de perfiles e ideas ya conocidos. Haber instaurado la sensación de que nada existe más allá de ellos, y sus fracasos, es también parte del destrozo que dejan Sumar y Podemos. Igual muchos jóvenes no son conscientes de que antes de los partidos hubo movimientos sociales, causas conjuntas o militancia de base. Si uno mira a los nuevos indignados por la vivienda, es más probable que esté ahí el capital que le falta a la nueva izquierda, y no ya en la amortizada generación del 15-M.
El pacto de no agresión entre Ayuso y Feijóo
El presidente del PP y la líder madrileña se guardan lealtad mutua por conveniencia: él la deja crecer políticamente mientras ella le garantiza el apoyo mediático de la derecha de la M-30
La izquierda suele pensar que Isabel Díaz Ayuso intenta destronar a Alberto Núñez Feijóo. “No hay más que ver cómo ningunea su liderazgo en público” insisten algunas voces, observando el verso libre que es la presidenta autonómica. Pero en realidad es poco probable que esa afrenta ocurra por ahora. Existe una especie de pacto tácito de no agresión entre Ayuso y Feijóo, donde ambos se retroalimentan a conveniencia, por mucho que Génova 13 se finja a menudo en apuros por la actitud de la lideresa madrileña.
Basta recordar cómo Feijóo llegó al poder del PP: a lomos de la caída en desgracia de Pablo Casado, quien puso a Ayuso en la picota por los negocios de su hermano. Rápidamente, los altavoces de la derecha cerraron filas para defender a la que todavía hoy consideran su mayor activo. En cuestión de horas, Casado estaba fuera, lanzando así un poderoso mensaje: la presidenta de Madrid es intocable. Con perspectiva, la letra pequeña del desembarco de Feijóo fue asumir tácitamente esa premisa. El PP nacional aceptó que Ayuso lidere el PP madrileño, que goce de su cuota de protagonismo nacional, mientras no le buscan las cosquillas con la actualidad informativa sobre su pareja. A cambio, parece obvio que Ayuso ofrece paz —que Feijóo no acabará como Casado— a condición de que nadie vuelva a amotinarse contra ella. Demasiadas veces el gallego y su baronesa han colgado fotos juntos, tan ricamente, mientras la opinión pública creía que estaban peleados por la enésima refriega con Pedro Sánchez.
Para Feijóo tiene una utilidad ese dejar hacer ante el carácter rebelde de Ayuso: logra conservar el puesto, que no es poco, tras no alcanzar La Moncloa en las elecciones del 23 de julio de 2023. La presidenta autonómica no es solo ella, sino también, los apoyos mediáticos a la derecha que la veneran desde dentro de la M-30. Por mucho que algunos de sus respaldos crean que Feijóo es un fusible temporal, y que la verdadera elegida es ella, no moverán ficha mientras que esa pax mutua se mantenga. Saben además que Ayuso tiene unos años por delante porque se debe a su mayoría absoluta en Madrid. No está para aventuras nacionales todavía. Y visto el cierre de filas en la mañana del 24 de julio, es evidente que los poderes a la derecha asumieron que, al menos por el momento, es el turno del gallego. Feijóo ha recogido el guante: pese a ser el líder más regionalista que ha tenido el PP en años, se ha dejado poner el cartel en las manifestaciones contra la amnistía los días pares, mientras que los impares le hace ojitos a Junts. Para su baronesa queda eso de guiñar el ojo al votante de Alvise o de Vox. División de funciones.
El caso es que a esa imagen de la todopoderosa Ayuso contribuye su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Sus publicaciones en la red X anunciando que alguien del entorno del Gobierno irá “pa’lante” —expresión que usa para dar a entender que la justicia abrirá investigaciones— arrojan la imagen de quien parece tener buenas fuentes en las bambalinas capitalinas, o quizás, quiere ser así percibido. Dijo Rodríguez que José Luis Ábalos sería imputado entre el miércoles y el martes de esta semana, y no fue hasta ayer que la Audiencia Nacional pidió investigar al exministro Ábalos. Precisión o farol, que lo valore cada uno.
Sin embargo, el presentar a una Ayuso temible aún cumple varias funciones: mantener el pulso frente a Sánchez, alejar el foco de fiscalizar su gestión al frente de la Comunidad, y disuadir al resto de barones de cuestionarla en público. Los altavoces que la idolatran sospechan precisamente que otros dirigentes, como el andaluz Juan Manuel Moreno, podrían postularse también, si en un futuro se disputara el liderazgo del partido. Por ejemplo, ya van esparciendo que acudieron todos a las citas con el presidente del Gobierno, simplemente, como forma de darle a ella la espalda, la única que no asistió. El PP está hoy dividido entre la institucionalidad —quienes exploran mejoras para su comunidad, dialogando con el PSOE nacional— y quienes creen que hay que montarle a Sánchez una guerra ideológica sin cuartel. Ahí están Ayuso y sus apoyos, los mismos que una vez respaldaron a José María Aznar o a Esperanza Aguirre.
A la sazón, la forma en que Feijóo gestiona el partido es un arma de doble filo para Ayuso: deja abierta la posibilidad de que no sea alguna vez su sucesora. El expresidente gallego quiere que este PP sea de los barones, como fue el PSOE de los años noventa: que cada presidente autonómico haga de su capa un sayo, planteando el discurso más conveniente en su región, y que sean ellos los fuertes, aunque él aparezca opacado. Ahora bien, aunque Feijóo y Ayuso se tengan lealtad mutua a conveniencia —lo más probable es que la madrileña sea fiel, y espere a su momento— nadie asegura que vayan a ser leales también los barones con ella, a futuro. Es el punto ciego del pacto tácito de no agresión: Feijóo debe desde el 23-J su puesto a los altavoces de la M-30; cualquier otro barón popular, no; y podría ser mucho más libre de plantarle batalla algún día a la hoy absoluta baronesa.
El cinismo de Podemos y el 15-M, como aviso
Los partidos que han ocupado La Moncloa durante seis años fueron a la manifestación de la vivienda a borrar su parte de responsabilidad
A Podemos se le ha ocurrido que la Fiesta Nacional del 12 de octubre pase a celebrarse el 15-M, a modo de exaltación de una presunta efeméride común. El cinismo se describe solo: ¿quién está mejor en España con respecto al año 2011? Tal vez hablen por ciertos miembros de su partido que en poco tiempo saltaron de las plazas al escaño, pero tantos otros jóvenes de entonces, adultos hoy, no han salido de su precaria posición. Al contrario: la manifestación por la vivienda ilustra que el 15-M solo sirvió para anestesiar el paulatino declive de la mayoría social en nuestro país, pero hay quien ha empezado a despertar con frustración.
Bastaba con escuchar las protestas en Madrid ante la subida de los alquileres: si hace 13 años la juventud se quejaba de que nunca podrían comprarse una vivienda, los de ahora se lamentaban por no poder ni arrendar la de su casero, aspirando como mucho a una habitación. Sin embargo, ese drama no es más que el resultado del hundimiento de la clase media a lo largo de las últimas décadas, por más que la agitación en la política española haya dado la sensación de un gran cambio social. Según datos del INE, entre 2008 y 2020 los salarios aumentaron un 14,99%, mientras que el IPC lo hizo un 13%; es decir, una subida mínima en términos reales, siendo incluso un cómputo previo a la pandemia y la guerra de Ucrania. Tanto es así, que desde que la inflación aprieta, muchas familias se han vuelto a empobrecer. La OCDE afirma que los salarios en España no han recuperado aún el nivel adquisitivo previo al coronavirus, mientras que el riesgo de pobreza está repuntando. Es decir, que entre 2008 y 2024 no se aprecia un despegue en el nivel de vida en los hogares, y todo ello, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea han sustituido las recetas de austeridad de la crisis financiera por el “escudo social”, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas de salario mínimo.
Así que la izquierda tiene un problema: quienes salieron a protestar por la vivienda no eran soldados de la fachosfera, sino una parte de su base social que, entre estancada y precaria, agota sus últimas reservas de paciencia o ilusión por ir a mejor. La prueba está en cómo se afanaron los partidos PSOE, Podemos y Sumar a encabezar la manifestación. Clamaban contra Isabel Díaz Ayuso porque las comunidades son las que tienen competencias para hacer vivienda pública, pero en verdad, los partidos que han ocupado La Moncloa durante seis años fueron a borrar su parte de responsabilidad. No coló: Sumar y Podemos fueron muy criticados por su asistencia y recibieron hasta abucheos.
Cabe preguntarse si el trío de la izquierda está perdiendo pulso de la calle. Podemos, claramente, sí: ya solo están para heredar lo que quede de Sumar, olvidando que muchos veinteañeros no saben qué fue el 15-M porque eran niños entonces. Sumar acusa su desgaste como socio de la coalición: al ver el enfado en redes sociales se desmarcó del “bono alquiler”, pese a ser parte del acuerdo de Gobierno que suscribió con el PSOE. El presidente Sánchez apareció blandiendo esa medida el día después de la manifestación, ante una incredulidad generalizada: muchos economistas sostienen que, al disponer ciertos jóvenes de ese cheque, los caseros no verán problema en subirles el precio, agravando el problema.
Sin embargo, no será Sánchez el más perjudicado de los tres por el clima de queja con la vivienda: si el bipartidismo de PP y PSOE no muestra voluntad efectiva al respecto es porque asume que la paz social se sostiene hoy, aun con pinzas, a los lomos de garantizar el statu quo de quienes ya tienen algo. Como la brecha generacional ilustra, entre 2008 y 2022, los mayores de 65 a 74 años al menos mantuvieron sus niveles de riqueza, mientras que la de los jóvenes se desplomó. No es casual. A ello han contribuido políticas como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, o la inacción ante el mercado del alquiler: muchos rentistas no son millonarios, sino clase media de antes, precisamente, porque reciben ese sueldo complementario. En cambio, demasiadas ayudas del Gobierno a la juventud acaban siendo estéticas, como el susodicho bono del alquiler o el pase Interrail. Y ello deja entrever la crudísima realidad de nuestro país: si en la crisis de austeridad muchas familias daban las gracias a la pensión del abuelo, porque les permitía sobrevivir frente a despidos y desahucios, hoy toda una vicepresidenta, como María Jesús Montero, asume que en verdad, los padres o abuelos no quieren las pensiones para ellos, sino para paliar la precariedad de sus hijos o nietos. Es decir, que la política descarga en los lazos familiares su fracaso frente a las nuevas generaciones.
En resumen, los nuevos indignados —jóvenes y no tanto— ya no tienen quien les represente, dado que ni Ione Belarra ni Yolanda Díaz son hoy capaces de metabolizar el malestar como antaño. “El Gobierno más rentista de la Historia”, que no progresista, escribió un grupo de chavales en su pancarta. El cinismo del Podemos del 15-M es solo un aviso: la izquierda a la izquierda del PSOE ya no es contestataria de nada, sino una simple comparsa folclórica frente a la latente indignación.
Los jóvenes sin piso no interesan en España
La enorme desigualdad que la vivienda provoca a largo plazo amaga con dañar seriamente nuestra democracia
La tragedia del acceso a la vivienda se solucionará cuando haya verdadera voluntad política en España. Creen las malas lenguas que al Partido Popular y al PSOE en verdad no les interesa que bajen los precios: a fin de cuentas, muchas familias tienen invertidos todos sus ahorros en un piso en propiedad, o incluso, en una segunda residencia, esperando obtener una mayor rentabilidad a futuro, vendiéndolas o alquilándolas. Esa mentalidad es notable entre la generación del baby boom, pero aunque la teoría fuera alocada, los jóvenes tampoco deberían ser ignorados: la enorme desigualdad que la vivienda provoca a largo plazo amaga con dañar seriamente nuestra democracia.
La duda es si las medidas aplicadas hasta ahora han servido para algo. Por parte del Gobierno y sus socios, la Ley de Vivienda de 2023 quizás no dé los réditos deseados. El control de los alquileres en Cataluña ha contribuido a una reducción de un 5% de los precios en las zonas reguladas y sin embargo, la contrapartida es que se ha desplomado el número de contratos, avalando la teoría de la reducción de oferta. Se suscribieron alrededor de un 17,2% de alquileres menos, ya sea porque se han retirado pisos del mercado, se ha apostado por alquiler no regulado de temporada, o han prorrogado los contratos existentes. Por tanto, el problema de la gran demanda insatisfecha permanece, aunque unos pocos acceden a una vivienda algo más barata. Es más, aunque se apostara por la vía intervencionista forzando a los caseros a poner su inmueble en alquiler —como exigen algunos partidos a la izquierda del PSOE— quizás la escasez de techo persistiría.
El Banco de España calcula un déficit de 600.000 pisos hasta 2025 porque la población está creciendo a un ritmo más rápido que el número de viviendas —se construyen unas 90.000 al año—, y se sabe que muchos de los pisos hoy disponibles no están en las zonas donde hacen falta. En definitiva, de poco sirve culpar a la derecha por no limitar el precio de los alquileres en las comunidades donde gobierna, como hace el Ejecutivo, asumiendo que sería la solución a todos los males. Sí se podría reprochar al PP oponerse en el Congreso a otras cuestiones más específicas, como la Ley del Suelo que quiso impulsar el Gobierno para agilizar los planes urbanísticos. Es un consenso entre expertos, como el catedrático José García Montalvo, que necesitamos más oferta para que bajen los precios. Y son precisamente las comunidades –—hoy, en su mayoría bajo control de los populares— y los ayuntamientos quienes tienen competencias para construir vivienda pública. Aunque parece haberlo entendido el president Salvador Illa, las palabras deben materializarse: el expresident José Montilla también prometió 50.000 viviendas en su momento, incumplidas, y de los pisos anunciados por Pedro Sánchez aún no se sabe.
Así pues, si hay una cuestión de Estado donde PP y PSOE deberían cooperar es la vivienda por la cantidad de administraciones a las que implica: ningún partido podrá colgarse la medalla en solitario, y los resultados serán a largo plazo. Es más, dado que el bipartidismo se precia de ser el garante del sistema frente a sus extremos, nada podría ser más antisistema hoy que condenar a las siguientes generaciones al crecimiento de la desigualdad que implica no tener un techo asequible.
La situación actual causará desasosiego, pero lo peor está aún por llegar. Una parte de la generación joven presente todavía podrá heredar alguna vivienda, o recibir ayuda de sus padres, como elemento corrector de su precariedad. Ahora bien, para las siguientes generaciones el patrimonio familiar se acabará volviendo un factor aún más decisivo como perpetuador de las injusticias sociales. De un lado, habrá un grueso de ciudadanos que no reciban nada de sus parientes, dependiendo solo de su salario, atrapados así en un bucle de vulnerabilidad infinito: vivir en alquiler incrementa ya el riesgo de caer en la pobreza por la crisis de precios. Del otro, se irá creando un club de multipropietarios: entre 2002 y 2017 el grupo de hogares que más creció fue el que poseía tres o más propiedades, pasando del 9% al casi 20%, los que tenían dos hogares o más subieron del 29% al 42%; el porcentaje con cuatro propiedades o más en alquiler aumentó del 5% al 11%. Dinero llama a dinero, cabe imaginarse la fractura social si la concentración de riqueza se acaba multiplicando, mientras otros no poseen absolutamente nada.
En consecuencia, los riesgos democráticos son evidentes, sabido que la desigualdad es peligroso vector de polarización política. Se vio en la crisis de 2008: el empobrecimiento de la clase media detonó un auge de los populismos en Europa y de la ultraderecha, con heridas que todavía siguen supurando. Si la austeridad provocó entonces un desgarro social apabullante, asistiendo a diario cómo se desahuciaba a familias enteras de sus casas por la fuerza, el drama de que los jóvenes actuales no accedan a una vivienda, por silencioso, no será menos traumático. “Toda realidad ignorada prepara su venganza” avisa Ortega en La rebelión de las masas. Los jóvenes sin pisito realmente no interesan a la democracia en España.
Si Vox y Alvise no están derrotados aún
La democracia española ha cantado victoria demasiado pronto sobre el declive de la ultraderecha
La ultraderecha anda revuelta en España: Vox ha perdido mucha visibilidad desde que se salió de los gobiernos del Partido Popular, mientras que Alvise Pérez está siendo investigado por la financiación de su campaña electoral. Sin embargo, quizás sea naif creer que a la ultraderecha española le queda dos telediarios para su desaparición. En ningún sitio está escrito que las pulsiones reaccionarias tengan que volver a reunificarse alrededor del Partido Popular, o que la ultraderecha sea una moda pasajera que no pueda arraigar.
Basta observar la evolución reciente de ese espacio en nuestro país. Se estima que Se Acabó la Fiesta (SALF) bebió en las pasadas elecciones europeas de bastante voto que en 2019 había recalado en la formación de Santiago Abascal. Es decir, que los vasos comunicantes que salen de Vox no siempre regresan hacia el PP. En este caso, la opa de Alvise pudo ser en parte la consecuencia de la debacle que había sufrido Abascal en los comicios generales de 2023, perdiendo cerca de 600.000 votantes. Entre los motivos están que Vox tal vez se haya vuelto demasiado institucional o mainstream para sus partidarios, en sintonía con lo que viene ocurriendo en muchos países de alrededor, como en Francia. Cuando la ultraderecha de turno lleva tiempo en el debate público, se acaba produciendo una suerte de normalización de su discurso, dejando de generar el mismo impacto que en sus inicios, dando así espacio para que surjan nuevos competidores más duros. Por otro lado, la incapacidad de aplicar muchas de sus medidas populistas desde los gobiernos acaba desgastando los partidos antisistema, tal que nuevas formaciones capitalizan ese malestar. Ello explica por qué Vox decidió romper con el PP a cuenta de la inmigración: su salto al grupo del húngaro Viktor Orbán en la Eurocámara tiene muchas implicaciones, y una de ellas es el intento de volver a ser aquella fuerza populista o de choque que era en 2018, alejándose del posibilismo de una Georgia Meloni percibida ahora como sistémica porque intenta mover a la Unión Europea para que acepte sus políticas migratorias.
Así que la democracia española quizás haya cantado victoria demasiado pronto. Que los altavoces del PP hayan decidido liquidar Vox de un tiempo a esta parte, porque ya no les resulta tan útil contra la izquierda y los independentistas como antaño, o para llegar a La Moncloa, no quiere decir que la derecha vaya a reunificarse. Que Alvise pueda caer en el descrédito político no implica directamente que sus adeptos vayan a pasarse como si nada a la abstención o a las filas de Alberto Núñez Feijóo. Existen varios factores estructurales en nuestra sociedad que alimentan el reaccionarismo y no son flor de un día.
Primero, porque la base social de la ultraderecha bebe a menudo de las fakenews, de la desinformación, pero existen además otros factores de socialización, de creación de imaginarios, que van más allá de un contexto puntual. Ese cuerpo ideológico va desde la reacción al feminismo, vestido como una especie de agravio hacia el hombre, hasta la exaltación del individualismo, o de la desconfianza hacia el Estado o las élites políticas, que ciertos streamers pregonan en sus redes sociales. Esos marcos no son irreversibles per se, pero claro está que harán mella durante largo tiempo entre muchos jóvenes, adultos del mañana, que ya solo quiera votar a quienes reafirmen esos esquemas de pensamiento. Mientras es difícil imaginar a Feijóo moviéndose en esas tesituras, Alvise deleita a sus seguidores explicándoles los sueldos que se cobran en el Parlamento Europeo.
Segundo, la brecha generacional también hace de las suyas para cimentar el voto a la ultraderecha. Resulta llamativo que en dos realidades tan distintas como las elecciones en Brandenburgo y en Austria, sendos partidos ultras ganaran en todos los tramos de edad, menos en los mayores de 60 años, donde lo hicieron la socialdemocracia y los conservadores clásicos, respectivamente. Quizás sea el “factor miedo”: las generaciones que todavía conservan memoria del pasado tal vez teman a la involución democrática porque saben lo que cuesta conquistar un sistema de libertades. En cambio, muchos jóvenes actuales creen que la democracia existió siempre, una ‘desmemoria’ que les empuja a votar sin reparar tanto en las eventuales consecuencias de su decisión. Un efecto parecido ocurrió en nuestro país con el cambio político de 2015: el bipartidismo se mantuvo generalmente fuerte entre los mayores de 55 años, que curiosamente son los votantes que se socializaron durante la Transición, mientras que un buen grueso de gente joven se identificó en su momento con las demandas de los nuevos partidos —Ciudadanos, Podemos—, al no tener miedo a la involución o a romper nada.
Tercero, hay otro elemento de la brecha generacional que disuade el voto al bipartidismo y tiene que ver con el statu quo: en España se ha extendido un clima de opinión entre algunos jóvenes sobre que los partidos clásicos, como el PSOE o el PP, solo velan por los intereses de la generación del baby boom. Por ejemplo, ya es llamativo que la generación por encima de 65 años haya conservado sus niveles de bienestar material en las últimas décadas, mientras que la gente joven no deja de caer en esos mismos ránquines. De ahí nace la impresión sobre que los temas de los jóvenes interesarían “menos” a la vieja política, porque no son un potente caladero electoral. El fracaso en resolver el problema del acceso a la vivienda fortalece ese imaginario: en un contexto donde la juventud se siente excluida del sistema, es lógico que voten a partidos que lo impugnan, ya tengan estos menor o mayor elaboración teórica en sus postulados. Es un error creer que el malestar no puede vehicularse mediante personajes oportunistas, que alimentan su sed de protesta o nihilismo vital, aún sin darle verdadera solución.
Por último, polémicos debates como el relativo a la cuestión migratoria han empezado a exceder lo racional para adentrarse en el terreno de las percepciones o los prejuicios. Es curioso que en el último CIS muchos españoles vean la migración como el principal problema de la sociedad, pero no crean que les afecta a ellos directamente. Tal vez lo que les preocupa no sea su bolsillo, sino otra cosa: lo netamente identitario, el miedo a un presunto “borrado” de la cultura autóctona. Por ejemplo, es el discurso de la soberanista y xenófoba Aliança Catalana. De poco parece servir en esos casos el esfuerzo por combatir datos sobre las tasas de criminalidad entre los migrantes, sobre si reciben más o menos prestaciones públicas, o reseñar su aportación económica nuestra sociedad.
Ante ese panorama, quizás Vox, Alvise (SALF), o quien sea que aparezca en nuestro país para enarbolar los discursos de la ultraderecha, no estén tan derrotados como parece. La pregunta ahora no es si la ultraderecha se transformará, sino cómo lo hará: no está claro que el propio sistema democrático pueda metabolizarla, ni que el PP la pueda borrar tan fácilmente, pese a ser la ilusión con que algunos populares ya han empezado a fantasear.
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