La legalidad no admite agujeros negros. No en la Unión Europea, que es, por encima de todo, una construcción legal democrática ¿Sigue siendo creíble Ursula von der Leyen? El lunes causó un terremoto. Proclamó que el sistema internacional “basado en reglas” está amortizado. Y que como “ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses… debemos buscar formas creativas de abordar las crisis”. El martes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la desautorizó:
“Los europeos debemos defender el orden internacional basado en
normas”, los “principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”
y “el derecho internacional”. El miércoles, ella copió esa frase ante el Parlamento Europeo,
añadiéndole su “compromiso inquebrantable” al respecto. Pero no se
retractó explícitamente del texto inicial. Solapó ambos. Anuló el
primero en parte, pues no es sostenible una cosa y la contraria. Pero
dejó viva su propuesta de buscar formas creativas alternativas porque la actuación sujeta a ley no puede ser la única manera de defender a Europa. Esa tesis convalida y promueve las acciones ilegales. Más aún cuando antes aplicó el calificativo de “fórmula innovadora” y “creativa” al gulag para inmigrantes de Giorgia Meloni en Albania. O, en la prédica del lunes, se regocijó del asesinato del ayatolá déspota, por muy “celebrado”, sentimiento nunca elevable a categoría jurídico-política. La
legalidad no admite agujeros negros. No en la Unión Europea, que es,
por encima de todo y antes que un mercado y unas políticas ―discutibles y
reformables―, una construcción legal democrática, una “comunidad de
derecho”. Que tiene máximo e insoslayable rango constitucional en los primeros artículos del Tratado de la UE (el 2, el 3 y el 7): democracia, igualdad, Estado de derecho, derechos humanos, derecho internacional. El
derecho comunitario prevalece sobre los de los Estados miembros, según
los principios de primacía y efecto directo, consagrados en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De modo que acatarlo no es
cuestión menor, sino existencial. Sin la primacía del nivel federal,
denostada por los ultras, quebraría la argamasa de la unión: la propia
Unión. La proclama de Von der Leyen,
aún no subsanada, es tanto más letal por cuanto ella preside la
Comisión: la institución ejecutiva, y también colegisladora con
protagonismo máximo. Ejerce, según la expresión clásica, de guardiana de los Tratados.
La que los cumple y procura hacerlos cumplir por los demás incluso con
sanciones; la que “vela“ y “supervisa” su aplicación. Y, salvo en
política exterior y de seguridad (justo el jardín en que torcidamente se
entrometió), “asume” la representación de la UE (artículo 7). Clave:
como regla general dispone del monopolio de la iniciativa legislativa.
Las normas (¡cuyas bases ahora cuestiona!) “solo podrán adoptarse a
propuesta de la Comisión”. Mientras no rectifique como corresponde, Von der Leyen es, política e institucionalmente, pata coja. Merz
reactiva una Alemania más nacional en lo económico y más atlantista en
defensa, debilitando el impulso hacia una Europa más integrada Vuelve
el peligro alemán. ¿El de los años treinta? Quizá uno parecido al de la
Gran Recesión, el designio que denostó el añorado Ulrich Beck en “Una Europa alemana” (Paidós,
Barcelona, 2012). ¿Se acuerdan? Se refería a cuando “las crisis invitan
a la acumulación de poder”: en aquel momento económico-financiero,
aunque “en ciertas circunstancias pueden provocar su caída”. El peligro alemán de hoy es que el país-locomotora de la UE active
los rescoldos atenuados del prusianismo siempre latente. A saber,
nacionalismo egoísta en política económica, en vez de europeísmo. Ahora,
combinado con un atlantismo abrasador del europeísmo en política
exterior y defensa, clave no solo para la geoestrategia política, sino
también para la geoeconómica. Hace un año que recibimos al (todavía futuro) canciller Friedrich Merz
con grandes esperanzas europeas. Prometía abandonar el austeritarismo
de los liberales que emponzoñaron a su antecesor socialdemócrata, Olaf
Scholz. Retiraría el idiota “freno” constitucional a la deuda doméstica,
que constreñía a la potencia continental a la miseria infraestructural y
al estancamiento macroeconómico. Invertiría medio billón de euros en un
decenio ―buena parte en industria verde―, lanzaría la inversión militar y permitiría a los Länder endeudarse. Bravo.
Pero eso era, al cabo, un signo nacional correcto, más que paneuropeo; y
además, va tan lento que apenas levanta al muerto de la economía
germana. Cierto: error de quienes adivinábamos una pasarela entre ambos
polos. Todo tenía un enfoque estrecho, vitaminar la economía doméstica.
Que ya convenía era un mínimo elemento “tractor” de la eurozona. Desde ese suelo nunca se levantó a ningún techo. El antiguo banquero de inversión, que consideraba roja a Angela Merkel,
rechazó la expansión presupuestaria de la UE para financiar las nuevas
necesidades estratégicas: “no hay base para incrementar el Marco
Financiero plurianual en relación con el PIB”, sostenía en un paper oficial (junio 2025). También
perjuró completar la unión bancaria con el siempre pendiente Fondo de
Garantía de Depósitos comunitario, por no haber “ninguna razón [¿?] para
agrupar sistemas de responsabilidad que [ya] funcionan a nivel de los
Estados” (3 de julio). Y renegó de relanzar la deuda mancomunada en eurobonos
como método indoloro para financiar grandes proyectos a largo plazo:
las nuevas propuestas las lanzan el BCE y España en el Eurogrupo. Quizá
lo más sangrante es su atlantismo desaforado —pese a contrapuntos
puntuales, como su crítica de ayer a la suavización de las sanciones a
Rusia por EE UU—, con genuflexión ante la agresión arancelaria de Donald
Trump, y avalando su agresividad contra un sólido socio, España. Traición
con trasunto dinerario. Le deslumbran y comprará los F-35 cuyo uso
depende, en cada trayecto, de que el enloquecido dueño del Pentágono le
dé, cada vez, el ok. ¿Autonomía estratégica? No logra acordar con
Francia la trascendental inversión en el avión de caza europeo, el FCAS,
y su nube tecnológica. Promete construir “el ejército más poderoso de Europa”,
ay, ay, ay, que se trata de Prusia. Y luego ni siquiera es capaz de
enviar una lancha a Chipre para protegerla con balines de juguete.
¿Alemania europea? Já, pero con acento. En
un tiempo y desde casi todos los partidos, la política exterior se
guiaba por valores y principios generales antes que por el afán de
desgastar al rival Desde
el ataque a Irán, Alberto Núñez Feijóo blandió su fusil dialéctico en
favor de Donald Trump y contra la posición internacional de España. Justificó los bombardeos Trump-Netanyahu con una teoría capciosa: “Antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen”. Todos
los añadidos son mera pimienta contra su Gobierno. Como ese de que “lo
que ya es el colmo” de Pedro Sánchez es que “polemiza en público con
Trump”. ¿Mejor debatir en una guardarropía? El yerro del antipatriotismo
como parte del partidismo opositor no ha sido permanente. En un tiempo y
desde casi todos los partidos, la política exterior se guiaba por
valores y principios generales antes que por el afán de desgastar al
rival. Desmarcarse en esa política de tu Gobierno (tuyo aunque te irrite); o sea, de quien encarna en cada momento tu Estado (al que un patriota asegura pertenecer); es decir, de tu país (al que promete todo por la patria), solo era pensable en caso grave de extremo desvarío. Como el de apoyar una guerra (“preventiva”) sin previa amenaza-existencia de armas de destrucción masiva. Aunque la costumbre ya va siendo la contraria. Así sucede con el abuso ventajista de la pertenencia de España a la Unión Europea, apelando a sus instituciones en batallas domésticas carentes de sentido de país y al cabo archivadas. Pero que aprovechan a otros. Caso insólito entre los Veintisiete. Hoy
la novedad es el argumento dizque jurídico que se pretende coartada a
la agresión. Una disparatada jerarquía de derechos según la cual los
derechos humanos primarían sobre el derecho internacional. Cuando
uno y otros son inseparables. Cuerpo de su cuerpo y sangre de su
sangre. Lea el opositor a la cátedra de La Moncloa el Tratado de la
Unión, que “se fundamenta” en el “respeto” a la libertad, la democracia,
el Estado de derecho y los “derechos humanos”; que su “finalidad” es
“promover la paz”; y que en sus relaciones “con el resto del mundo”
promoverá sus “valores e intereses” y el “estricto respeto” al “derecho
internacional”, en especial a la “Carta de las Naciones Unidas”
(artículos 2 y 3). Todo en idéntico plano jerárquico, el de los primeros
artículos del título primero, el de más alto rango constitucional. No
antes o después, a volátil capricho propio. Lea enseguida
la Carta de la ONU, a la que los europeos debemos obediencia reforzada.
Prohíbe “los actos de agresión” (artículo 1). Obliga a los Estados a
arreglar sus controversias “por medios pacíficos” y abstenerse de “la
amenaza” o el “uso de la fuerza” contra “la integridad territorial” o la
“independencia política de cualquier Estado” (artículo 2). Permite, eso sí, la “legítima defensa”, pero
solo “en caso de ataque armado” desde otro país (artículo 52). La
diferencia entre las guerras de agresión, ilegales; y las acciones de
autodefensa, legítimas. Un abismo las separa. Urge
un Fondo de Garantía de Arrendamientos que evite los 20.000 desahucios
anuales por impago de alquiler. El Fondo de Garantía de Depósitos de la
banca puede ser un modelo El escudo social para la vivienda capotó. El Congreso rechazó la prórroga de la prohibición de los desahucios
por impago de alquileres, que endosaba el coste de la protección social
a los caseros privados. Pero eso no cancela el problema. Al contrario. Habrá más desalojos, más familias sin techo, más propietarios sin cobrar y más problemas de orden público. Habrá
un remedo de aquel escudo: la línea de avales orquestada por el
Gobierno en el RDL 1135 (10/12/2025) y ampliada recientemente. Compensará a los caseros
todas las rentas perdidas, los daños físicos, los costes asociados. Se
la dotará con 300 millones de euros, anunció el ministro Félix Bolaños. Pero quedarán pendientes, colgados de la brocha, los inquilinos insolventes.
Y planeará una incógnita sobre la eficacia del mecanismo. Uno similar
solo ha logrado compensar al 45% de los 6.400 solicitantes de
compensaciones durante cinco años. O sea, 2.850 propietarios por un total de 16 millones de euros (EL PAÍS, 23/12/2025): escasa apelación e implementación, irrelevancia. Así que debe ampliarse la ambición. Urge un Fondo de Garantía de Arrendamientos (FGA) que evite el ritmo de 20.000 desahucios anuales
por impago de alquiler (de los 27.000 totales). Modelo o referencia
puede ser el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos
bancarios (FGD). Creado en 1977 y ampliado después, el
FGD garantiza las imposiciones de los clientes hasta 100.000 euros (al
inicio, 15.000). Lo auspiciaron el Gobierno y el Banco de España
—dotándolo de sus recursos iniciales— y acabaron financiándolo, por
fases, los bancos. Cuando la Gran Recesión, los depositantes no panicaron
(hasta el tope indicado) y la banca preservó su indispensable
credibilidad. La gobernanza del fondo, incluso ahora que su capital es
del todo privado, es consorciada, entre los socios públicos y las
entidades bancarias privadas. Un esquema consorciado,
quizá entre Hacienda, Vivienda, propietarios e inquilinos, sería
ventajoso para el FGA. Al simbolizar la dualidad de la vivienda —derecho
ciudadano a la par que mercancía— erosionaría los fundamentalismos
inversos; corresponsabilizaría a todos los actores, en vez de
enfrentarlos; gozaría de la continuidad y estabilidad que se le supone
al Estado (Gobierno y autonomías); reduciendo al tiempo el burocratismo
retardatario, mediante sistemas de gestión mercantiles, más ágiles que
los administrativos… Eso es clave: si los caseros no ven rapidez, no
aportarán concurso ni recursos. Pues sin caseros no hay casas. Deberían aportar. Al inicio, quizá un 1% de los 10.588 millones de euros que según Hacienda suponen los rendimientos por alquiler de inmuebles
(en 2023; antes de reducciones fiscales) a los caseros físicos
(excluidas sociedades y rentas no afloradas): 105,8 millones, a razón de
nueve euros mensuales sobre el alquiler de cada piso medio (100
metros). Al final, ese mismo 1% sobre los 42.444 millones
generados por los 3,9 millones de pisos (20% en alquiler de los 19,3
millones de pisos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para
2024): 424 millones. Que duplican sobradamente lo urgente: sufragar los
216 millones necesarios para mantener bajo su techo a los 20.000 desahuciados anuales (a 900 euros/mes, aproximativos; por 12 meses) Trump
bombardea sin ninguna legitimación política internacional y mediante
una secuencia de amenazas, chantaje, ultimátum y acción bélica
imprevista A
la tercera va la vencida. Y es la tercera. Primero fue el bombardeo de
Teherán y sus nucleares el 22 de junio, apoyando a Benjamin Netanyahu.
Después, el secuestro del dictador venezolano Nicolás Maduro, asesinando
a docenas de sus guardaespaldas, el 3 de enero Y ahora, esta guerra regional, de nuevo en complicidad con el Estado genocida de Israel.
No hay bendición posible, aunque el asediado sea un régimen cruel,
despótico, teocrático, y asesino en masa: el de los ayatolás. Alá y
Jahvé nos libren de ellos, pero por la vía que corresponde. Tres veces. Y
eso que no contabilizamos sus mafiosas tentativas contra Groenlandia y
Europa. Con este récord, el seudopacifista Donald Trump
convierte a EEUU de Estado gendarme a simple forajido. Es forajido quien
bombardea sin ninguna legitimación política internacional. Mediante una
secuencia de amenazas, chantaje, ultimátum y acción bélica imprevista,
no anunciada. En este caso, peor aún, pues el supuesto ultimátum ni
siquiera cumplía el calendario: vencía la semana próxima. Y los
bombardeos se han producido pocas horas después de la última ronda de
conversaciones. Las partes habían quedado convocadas también para la
semana entrante. Felonía. Existe un cierto modo de hacer
las cosas, decimos desde Montaigne. Como la manera del derecho
internacional, que no es un conjunto vacío, sino de reglas. Una “guerra
justa”, según las convenciones multilaterales, las resoluciones de NN UU
y los grandes tratadistas, es solo la que se declara en defensa propia;
supone una respuesta proporcionada a una agresión; cumple las reglas
universalmente aceptadas; ha agotado la vía diplomática; y cuenta con el
respaldo de la sociedad internacional, principalmente de la ONU. Nada
de eso se cumple en este caso. Nada es nada. Ninguno de esos requisitos
se ha cubierto. Así que el incumplidor se convierte en un salteador de
caminos y enemigo de la civilización democrática, aunque, paradoja
melancólica, sea quien más contribuyó a moldearla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el magnate orate aprieta el botón rojo, cuando se vanagloriaba de ser más pacifista que Gandhi? Una
hipótesis nada ingenua. Porque en EEUU se acercan las elecciones a
medio mandato, del 3 de noviembre. Había una manera directa de
esterilizarlas: prohibirlas, cambiar sus reglas, ahuyentar votantes de
color… Pero eso va cada día más caro en Washington. Hasta el conservador
Tribunal Supremo muestra dignidad. Al maleducado le queda una alternativa en trípode: la anulación del periodismo —del Washington Post
por Jeff Bezos; o la CNN, mediante compra de su propietaria, la Warner,
por la Paramount— siempre esos secuaces de la Casa Blanca; el dislate
de una renovada estrategia arancelaria (vean Trump, política económica terrorista, EL PAIS de ayer); y exhibir testosterona, bombardeando lo que convenga. Irán, sin ir más lejos. El mandatario estadounidense sigue siempre la secuencia de guerra relámpago hasta que alguien le para los pies La política económica de Donald Trump sigue la secuencia de los movimientos terroristas, en modo blitzkrieg,
guerra relámpago. Hasta que alguien le para los pies, como el Tribunal
Supremo (TS); o le desafía, como en primavera China, Brasil y los
mercados de bonos. Primero lanza de improviso aranceles
brutales. Imprevisibles: contra toda norma multilateral, y desbaratando
programas de inversión y business plans empresariales. Luego, en
reacción adusta a su primera recepción, multiplica el desconcierto,
causando pavor. Al cabo, interrumpe la digestión postraumática de sus
medidas. Y al dar marcha atrás, ridiculiza a quienes, humillándose,
pactaron con él. Designio sencillo: convertir la
incertidumbre en certeza solitaria. Lo único cierto será que nada hay
seguro. Ni probable. Al final, sólo su caótica y volátil voluntad. Su caso con Europa es paradigma de inconsistencia. Es TACO, por las iniciales de Trump always chickens out,
Trump siempre se acobarda, gallináceo. El 27 de julio de 2025 llegó a
un principio de acuerdo con Ursula von der Leyen —aranceles USA del 15%;
contra europeos, cero— junto a su golf privado en Turnberry (Escocia),
esa vergüenza diplomática. El 5 de agosto ya amenazaba con aumentarlos
si la UE no cumplía un plan de inversiones etéreo en EE UU (600.000
millones de dólares genéricos; 750.000 en compras de energía; y de
armas, aparte). Y lo repetía el 26, hasta que el 28 Ursula se allanaba a
todos sus requerimientos. El 17 de enero de 2026, volvía a la carga,
esta vez contra los ocho países europeos que enviaron militares a
Groenlandia para protegerla de sus fauces. Reacción unitaria
contundente; retirada TACO. Resurrexit. El 20 de febrero
el TS declaró ilegales sus aranceles. Enseguida prometía sustituirlos
por otros algo distintos (por ser diversos los productos afectados), con
distinta base jurídica. Del 15% para todos, también para la UE.
Apariencia de repetición, pero no: al ser de la misma cuantía, la
presunta rebaja (que tampoco lo es, sino ligera alza efectiva) daña
relativamente más a las exportaciones europeas que a otras (como las
chinas) que partían de niveles peores. Y ya esta semana, del 10%:
incluso mejorando (el tipo absoluto), empeora la posición europea
respecto de las demás. Vergüenza múltiple para la
presidenta de la Comisión, que había enmascarado su genuflexión en
Turnberry como “una elección deliberada” por “la previsibilidad y la
estabilidad”, al aportar “claridad” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24/8/2025). ¡Y
tragan sumisos dirigentes europeos con que el Parlamento debería
ratificar aquella horca caudina de agosto! Quizá, si se aclarasen
favorablemente sus variaciones actuales. Pero no por aquellas misérrimas
razones de falsa estabilidad, sino para esperar (y a ayudar a) que las
elecciones de mitad de mandato desestabilicen el 3 de noviembre la
mayoría trumpista en la Cámara de Representantes. De
momento, el magnate intenta evitar la derrota disfrazando su
irrelevancia económica con loas enfáticas. Pero en su primer año el paro
ha aumentado tres décimas, y el PIB ha crecido seis décimas menos,
mientras los aranceles solo mejoraron el déficit comercial un exiguo
0,2%. Tras tantas y tan agónicas Termópilas arancelarias. La confrontación entre el búnker trumpista y las fuerzas de cambio se va a prolongar Los aranceles a granel
eran la gran palanca de Donald Trump. Para someter al mundo exterior,
para ilusionar a los necesitados domésticos de protección, y para
equilibrar cuentas con nuevos ingresos que compensasen sus locas rebajas
de impuestos. Su cancelación por el Tribunal Supremo
le arrebata ese arsenal. Cuando menos, lo jibariza. Su impacto
inmediato se adivina en la despreciable reacción del magnate contra los
jueces máximos: son una “vergüenza”, dijo, mirándose al espejo. En lo económico, la sentencia
acrecienta la incertidumbre, mala amiga del dinero, que se retrae. Pero
la derrota del arbitrismo es aún más potente; lo incentiva. Ya ha
estimulado a la Bolsa local y disparará a las demás. La desafección de
los inversores, que despotrican de las reglas, pero sangran cuando se
desvanecen, ya fue factor clave para achicar el gran envite arancelario del 2 de abril de 2025. En lo político, descresta la expectativa de arruinar o esterilizar las elecciones legislativas
de medio mandato (3 de noviembre) que acariciaba el presidente.
Relegitimado el poder de los jueces como contrapoder, a la Casa Blanca
le será más difícil colocar patrullas paramilitares del ICE ante las
urnas para disuadir el acceso de latinos, negros y demás sospechosos.
Cuando, además, la protesta cívica le obligó a refrenar su dinámica de
convertirla en una reedición de las SS. En teoría, Trump podría multiplicar el unilateralismo económico, pero ya ha mordido el polvo judicial. O la represión política, elevando los asesinatos individuales a fusilamientos masivos. Pero una matanza a lo Tiananmén
(Pekín, 1989) es impensable en una democracia, alterada y desquiciada,
sí, pero con resortes de superviviente, como revela la prueba de
independencia de un Supremo ultraconservador; junto a la rebeldía de
tribunales inferiores (en jerarquía), el empuje ciudadano en el éxtasis de Minneapolis, la ofensiva de muchos gobernadores y alguna resistencia del periodismo al golpismo informativo. Así que la situación de doble poder entre
el búnker trumpista y las fuerzas de cambio; entre despotismo y
democratismo, se prolongará. Es la fase en que “lo viejo está muriendo y
lo nuevo no acaba de nacer”, el paradigma de Antonio Gramsci. Pero
logra nacer si convergen movilización ciudadana, presión exterior y
resistencia institucional (o abandono de la élite antigua). Así
sucedió en la Revolución Francesa, de la Fronda aristocrática a la toma
de la Bastilla. En la rusa, cuando la Primera Guerra Mundial cristalizó
la insurgencia obrera y la disidencia nobiliaria encarnada en los
Yusupov, que acabaron con Rasputín. En la sudafricana, al superponerse
el universo Mandela y los efectos del embargo internacional. O en las
transiciones democráticas europeas, de la española a la polaca. Los
despotismos suelen desplomarse verticalmente. Pero casi siempre por
fascículos. La vivienda es hoy el bien más urgente.
Y su política, la más difícil. Por varias razones. Por su naturaleza
dual, al tiempo un derecho constitucional (también doble, al techo y a
la propiedad), y mercancía. Así, se mueve entre dos polos muy
polarizados: ultraintervencionista (el tenedor, atacado por “rentista”) y
ultraliberal (el “okupa”, como antisistema). Lo que dificulta acuerdos
políticos. También por su reparto competencial,
fragmentado en tres niveles: Gobierno, autonomías y municipios. Y a
tenor del fracaso de la economía soviética, que algunos olvidan, exige
colaboración público-privada-tercer sector, de la que vamos flojos.
Además, es un bien duradero, que requiere inversión a largo plazo: salvo
repetición de mandato, ningún político recoge lo que siembra. Todos
ello conspira a favor del fracaso. Quizá por eso –y quizá no del todo a
sabiendas—, tres recientes propuestas del Gobierno exhiben un hilo
conductor común: la disposición de ingentes recursos financieros como
palanca para intentar desbloquear otros cuellos de botella. Que
retranquean la oferta: recelos autonómicos, inercias municipales. Al
menos, que por dinero no falle. Abrió fuego el pasado 20 de septiembre el proyecto para un próximo Plan Estatal de Vivienda
2026/2030, que recupera la construcción de VPO, cancelada en mandatos
anteriores. Duplicaba hasta 7.000 millones de euros (con aportaciones
autonómicas) las ayudas Next Generation. Y enfatizaba el apoyo a los
jóvenes, la rehabilitación y la construcción industrializada. La
inicial reticencia conservadora a establecer, como perseguía el
Gobierno, que las viviendas protegidas lo sean con carácter permanente
(impidiendo su privatización) ralentizó su despliegue. Pero Andalucía ya
ha modificado su legislación; Galicia fue pionera en ello; y Madrid,
aunque retrasada, está al caer. Otra gran inyección
parecería ser la moción parlamentaria del PP, del jueves, a fin de
“permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos
a inversión en vivienda asequible”, una idea estupenda de apariencia
original. Ya el 12 de enero
la propuso como novedad Alberto Núñez Feijóo en su “Plan Integral de
Vivienda”. Pequeño desliz, era copia redundante: está en vigor desde el
decreto-ley 15/2025, del 2 de diciembre de 2025. Ese
decreto libera a las corporaciones locales de una obligación que les
impone la austeritaria ley de estabilidad presupuestaria de 2012:
dedicar todo su superávit fiscal a reducir su deuda o a reservas. Les
permite disponer de los remanentes, con ciertos requisitos, para
inversiones “financieramente sostenibles”, como carreteras o…
¡vivienda!, siempre que sean de largo plazo. El decreto,
que es un enorme desconocido, rehabilita la excepción contenida en esa
ley, pero para el remanente de tesorería obtenido en 2024, y su
aplicación hasta final de 2027. Es otro cañón Berta. Si todas las
corporaciones se ponen manos a la obra, su total destinable ya a
promover vivienda pública asciende a 7.820 millones, según cálculo al
céntimo del Ministerio de Hacienda (3.745 millones los municipios; 1.288
las provincias y el resto, las escasas comunidades autónomas que lucen
superávit). Lo último, y clave, es el Fondo España Crece,
que absorberá 13.300 millones de recursos europeos no utilizados. Sea o
no exacto el apelativo de “fondo soberano”, la clave es su
disponibilidad, que Economía negocia con Bruselas y espera tener
operativa para antes de verano. Con una palanca de deuda
empaquetada por el ICO (entidad que exhibe un multiplicador de hasta
siete veces el capital), el Gobierno estima movilizar 60.000 millones, y
hasta el doble en concierto con el sector privado: de los que 23.000
millones irían a vivienda asequible, a razón de 15.000 unidades anuales.
Alicientes para la inversión privada: créditos blandos, con quitas de
hasta el 30%, y largas amortizaciones, de hasta 40 años en vez de los 20
habituales. Buen aperitivo. Como
somos casi la mitad de la población, que un amplio sector milite por la
igualdad de género, o se oponga, decanta el peso de la presión social:
para erradicar los abusos, o para que se eternicen ¿Qué
papel jugamos los hombres ante el delito sexual? Me refiero, claro, a
quienes no tenemos querencia por ningún exceso, ni siquiera por los
nuestros. Como somos casi la mitad de la población, que un amplio sector
milite por la dignidad y los derechos de la mujer, la igualdad de
género y de oportunidades (o se oponga, o se inhiba), decanta el peso de
la presión social: para erradicar los abusos. O para que se eternicen. Nuestro
desempeño global como varones no es glorioso. Las generaciones muy
adultas llegamos tarde al combate del feminismo, pero acabamos contribuyendo a su causa. A las emergentes algunos pugnan por reconducirlas al modo cangrejo: así crece la intolerancia machista entre los jóvenes. Puede
explicarse por la sensación de pérdida de preeminencia ante el
fulgurante ascenso de las mujeres, pero resulta execrable: la esclavitud
nunca se justifica ―tampoco la psicológica―, digan lo que digan los
enemigos de lo woke. Al contrario: viva lo woke, si ese
concepto describe la defensa de los débiles, los vulnerables, los
marginados, los desposeídos. Mejor ir contra la opresión que contra las
oprimidas. Tan repugnante como la resistencia a los
derechos de la mujer ―y en especial, a su intimidad― es la indiferencia.
Cínica, la que se vehicula con astucia, a través de la equidistancia.
Si hubo caso, es que ella lo propició. Si confusión, es que ella no
aclaró su negativa. Si él se excitó, es que ella incitaba: la “minifalda
provocadora”, ¿recuerdan la despreciable sentencia del juez leridano Rodrigo Pita en 1989? Inversión de roles: quien acosa es quien se defendía. No
hay equidistancia legítima entre lo correcto y lo incorrecto. No es
imperativo que en un litigio todos sean igual de responsables,
culpables, delincuentes. El agresor es el agresor. Y la víctima es la
víctima. Pero antes de que eso se consagre judicialmente,
el presunto agresor tiene derecho a la presunción de inocencia hasta
una condena en sentencia firme (artículo 24 de la Constitución). Pero
eso no es pasaporte al abuso de poder del poderoso. La presunta víctima
de delitos sexuales tiene derecho a que su declaración se considere
prueba de cargo suficiente si resulta creíble, verosímil y persistente
(sentencia TC 119/2019). Sea el macho alfa prepotente rojo o azul, artista o político, biólogo o veterinario. Ocurra el hecho incriminable en Móstoles o en la República Dominicana. Bravo, bravos colegas. Los
periodistas también solemos cojear de ecualización. Es muy cómodo
situarse por encima de los protagonistas noticiosos. Nos regala pátina
arbitral, independiente. Trastocamos la indispensable ecuanimidad
(escuchar y tener en cuenta a todos) en imposible equidistancia (todos
son malos/todos eran buenos). Es un óptimo truco para no tener que
averiguar qué pasó, ni aquilatar quién hizo qué. Un buen recurso para la
vagancia. El
proteccionismo chirría o choca con la magnífica estrategia actual de
trenzar una extensa red de tratados comerciales, que reducen los
aranceles Entre made in Europe (fabricado en Europa); buy european (compre productos europeos); o european preference (preferencia europea) hay diferencias. Pero también una peligrosa ilación en secuencia creciente. El made in Europe identifica y pone en valor la calidad diferencial del producto. El buy in Europe da un salto hacia la presión endogámica. Y la “preferencia europea”, aclaremos qué significa. Muchos
no adoptan ese lema como una opción de preferencia en igualdad de
condiciones, que sería aceptable para dirimir en caso de duda entre
productos o servicios equivalentes de distinta procedencia. Sino como
quiebra total del principio de “igual trato básico” para los productos locales
y los importados tras pasar la aduana. Y que reverbera en la cláusula
de “nación más favorecida”, que obliga a extender a todos los demás las
facilidades dadas a otro socio. Esta es una gran regla del libre
comercio civilizado desde que existió en forma organizada. Pues
bien. Esa secuencia desde afirmar lo propio hasta negar lo ajeno es
similar a la de la evolución desde la “protección” de la economía propia
(algo asumible), hasta el “proteccionismo” excluyente de los demás (pura bazofia). Incluso el proteccionismo puede ser eficaz con limitaciones y condiciones propias de la excepcionalidad. A
saber: que se implante para un territorio en desventaja de partida, por
vulnerable ante el intercambio libre; si es temporal (y no en su
versión españolísima: eterno); ante una crisis o situación límite; si es
para favorecer el desarrollo de una tecnología o industria en fase
embrionaria (take off); si es selectivo para un producto o rama
(no universal); y que la ventaja otorgada a empresas locales, estas las
compensen cumpliendo su parte: invertir, invertir, invertir.
De forma que los consumidores, que ganan cuando se importa más barato, y
pierden si deben comprar nacional más caro, compensen a medio plazo la
pérdida de aquel beneficio. Excusen el recordatorio de este prontuario. A quienes más conviene es a los dirigentes europeos, que están afiliándose a la protección
(e incluso al proteccionismo), pues es más fácil agruparse contra el
ajeno que resolver litigios internos. Bien con la sana intención de
reconsiderar tratos desiguales, generosos, sin contrapartidas: ingenuos.
Bien con las muelas retorcidas de desquitarse a malas por los excesos
proteccionistas de EE UU (la brutalidad arancelaria) o China (la vía
soterrada de costes laborales artificiales a la baja y subvenciones
públicas al alza). Cuidado. Porque además el proteccionismo chirría o choca con la magnífica estrategia actual de trenzar una extensa red de tratados comerciales, que reducen los aranceles. ¿Va a buscar Europa parecidos efectos a estos por la puerta trasera, destruyendo su credibilidad? Un ejemplo de lo razonable: la protección a las baterías eléctricas propias,
una actividad embrionaria y vulnerable en la UE. Y en similar sector
tecnológico, de lo impresentable: las ayudas a la fabricación de placas
solares, que empezó más o menos igual que en China y va perdiendo la
carrera por no compensar su mayor coste laboral con mejor inversión
tecnológica. Las soluciones son sofisticadas. Solo la tontería es
simple. El empresario catalán de empresa rompe así la imposible equidistancia practicada por la CEOE Bravo por los empresarios con coraje. Por quienes empatizan con la regularización de medio millón de inmigrantes,
ya asentados pero carentes de documentación. “Celebro que el Gobierno
haya tenido la valentía de dar un paso” adelante, reaccionó Josep
Sánchez Llibre, presidente de Foment, la gran patronal catalana. Y es
que “los empresarios necesitamos la inmigración como el aire que
respiramos y el agua que bebemos”, esgrimió. También
Josep Ginesta, el secretario general de la patronal de los pequeños,
PIMEC, la apoyó por “su vertiente social“ y porque los empresarios
señalan “como su primer problema encontrar personal”. Ya en 2024 su
líder, Antoni Cañete, abonaba la medida en ciernes, porque “fomenta una
sociedad más inclusiva y cohesionada”. La gente catalana de empresa rompe así la imposible equidistancia practicada por la CEOE. Antonio
Garamendi se escurrió: “es una cuestión de Estado que debería llevarse
al Parlamento y no ser objeto de medidas unilaterales del Gobierno”. Tachín,
tachín, esa música secuestrada por el trumpismo implícito de un PP que
agita el “efecto llamada” de la regularización. A sabiendas de su
ficción. Y a un paso del ansia de Vox por deportar en masa. Incluyendo a
la Virgen de Montserrat, por negra e indepe. Los
de Foment y PIMEC priman la supervivencia empresarial, atenazada por la
escasa mano de obra, a la complacencia de sus radicales. Valoran la
seguridad jurídica, ante el desorden. Y evidencian un aliento de equidad
—aún si chirría con su habitual desdén a los impuestos—, frente a
réditos inmediatistas como pagar salarios inferiores, ahorrarse la cuota
patronal a la Seguridad Social, o renunciar al perverso dividendo de la
sobreexplotación a esos tan desposeídos que ni siquiera poseen papeles. El
“efecto llamada” es una falsedad, desmentida por las investigaciones
científicas. Está demostrado que la anterior regularización, de 2005,
“no generó un efecto llamada” (magnet effect); que “el empleo
legal de inmigrantes aumentó”, que los ingresos fiscales aumentaron a
razón de 4.000 euros por inmigrante regularizado”; y que “no hay
evidencia” de haber causado “un aumento del gasto público”; mientras que
“incrementó las oportunidades laborales de los emigrantes”, establece
el más importante trabajo académico sobre aquel precedente (“Unsderstanding the effects of granting work permits”, Ferran Elias, Joan Monràs y Javier Vázquez-Grenno, Journal of Labor Economics, 2.025). Los
capitanes patronales de algún principio tampoco acudieron al ágape con
la jefa del racismo catalán, Sílvia Orriols (Aliança), ideado para
normalizarla entre supuestos empresarios y frívola gente bien. Lo
convocó, en su golf privado ampurdanés, Emilio Cuatrecasas, el
negociante y delincuente fiscal confeso de ocho fraudes por un total de
4,1 millones de euros. Eximio piernas. Bruselas debería empujar un proceso de resurrección o de rescate de la OMC con el fin de reformarla o crear otra de nuevo cuño Los
recientes tratados comerciales de la UE profundizan su relación con los
socios mayores del grupo semi-no-alineado de los BRICS: Brasil (a través de Mercosur)
y la India se añaden al pacto de libre comercio firmado en 1999 con
Suráfrica y ampliado luego a sus vecinos. Y se flanquean de otros
trabados con diversos socios occidentales (Canadá, Japón, Australia),
pertenecientes al grupo transpacífico. Todo ello
alimenta, casi en sordina y empezando por lo económico, el propósito de
una alianza entre “potencias medias” como alternativa a un “mundo de
fortalezas” refractarias entre sí. En la línea propugnada en Davos por el canadiense Mark Carney. Y
que ha seducido tanto a dirigentes políticos como a una pléyade de
analistas relevantes. Como Anne-Maie Slaughter, de New America (“Es la hora de las potencias medias”, Project Syndicate); Martin Wolf, (“La realidad de un mundo tras la ruptura”, FT,) o Manuel Alejandro Hidalgo “Carney: el barquero y sus verdades”, Cinco Días). La
red de pactos antiproteccionistas bilaterales existentes (horizontales)
es ya densa. Puede afrontar nuevos pasos para resucitar o rescatar al
comercio multilateral. No solo es factible, también necesario. El primer mandato Trump congeló la Organización Mundial del Comercio (OMC),
impidiendo la renovación de los paneles arbitrales al morir, jubilarse o
acabar su período los árbitros profesionales que fueron pilar de su
mecanismo de solución de disputas. Y en este segundo
mandato entierra esa función, de facto sustituida por sus propias
decisiones personales y unilaterales. Que han cancelado la triple
esencia de la OMC: la cláusula-argamasa de la nación más favorecida
(NMF, o en inglés MFN, Most Favoured Nation, por la que las mejoras de
acceso comercial concedidas por un socio a otro se aplican a los demás);
la estabilidad normativa y la obediencia a las decisiones de los
árbitros. Este cul de sac deja cojos a los
múltiples pactos liberal/progresistas enhebrados. Claro que disponen de
instancias para dirimir sus litigios. El de la UE con Suráfrica fijaba
un doble escalón: primero, un intento de mediación; segundo, el
arbitraje bilateral. El de la UE con Mercosur
(artículo 21) es muy redondo. Pero estos y los demás carecen de un
organismo permanente con autoridad globalmente reconocida al que
recurrir; del consiguiente incentivo a la disciplina que supone una
palanca superior a la buena voluntad de las dos partes: la “presión de
los pares”, o sea de otros socios; y del potencial de la cláusula NMF. Los
políticos, encabezados por los europeos a los que llamamos Bruselas,
deberían empujar el proceso de resurrección o rescate de la OMC:
convocar cuanto antes un foro plural para tantear la mejor estrategia.
Disponen de diagnósticos para reformarla. O para crear otra de nuevo
cuño, sin el poder del líder que la ha esterilizado. Es un dilema
similar al de la OTAN, pero más practicable, pues el comercio suele ser
menos brutal que la defensa. Los más aficionados pueden rastrear las
tesis de Petros Mavroidis y de Ignacio García Bercero en el sitio del think-tank europeísta Bruegel. De
Feijóo les será difícil encontrar nada en la web del partido; y en los
registros periodísticos solo consta su insoportable levedad al calificar
las amenazas de Trump como “innecesarias” Muchas
veces las posiciones de la oposición doméstica en asuntos
internacionales son poco más que brindis al sol. No la comprometen, pues
no suele ser actora relevante hacia el exterior. Al menos no en igual
medida en que puede ser costosa para el Gobierno. Y el Estado al que
encarna. Pero interesan mucho a la opinión, porque son un
indicio de lo que harían si llegasen a encaramarse al poder. Además, ya
desde la dictadura, las relaciones internacionales constituyen un
terreno abonado para la política interna, por sustitución, referencia o
metáfora. Los periodistas añosos aún recordamos cómo bajo la férula tardofranquista debíamos referirnos a Felipe González (o Isidoro,
su nombre de guerra) no como el líder del PSOE (prohibido) sino como el
político español que sintonizaba “con posiciones equivalentes a las del
socialista francés François Mitterrand”… y circunloquios parecidos.
Así, con todos. Por país interpuesto. Por país
interpuesto, el cotejo de los líderes de los partidos derechistas
españoles con sus pares en el asunto de Groenlandia les desolará. De Alberto Núñez Feijóo les será difícil encontrar nada
en la web del partido. Y en los registros periodísticos solo consta su
insoportable levedad al calificar las amenazas de Donald Trump
—indicando que se la incautaría por las buenas o con violencia— como
“innecesarias” o, hale coraje, “desafortunadas”, y exigiendo al Gobierno
mantener con el déspota relaciones “respetuosas”. Já. Mientras,
el Partido Popular Europeo, encabezado por el ultra Manfred Weber, daba
muestras de dignidad, calificándolas de “afrenta increíble”, lo que le
llevó a votar en Estrasburgo contra la ratificación parlamentaria al acuerdo arancelario de la vergüenza formalizado el pasado verano. Más valiente se mostró el nacionalismo de los fascistas de Vox. Su duce
de camisa prieta calló hasta la mudez ante el peor asedio, de un amigo,
sufrido por Europa desde 1939. Uno de sus acólitos acertó a balbucear:
“No nos importa Groenlandia, no pensamos en ella”, y “nos declaramos
incompetentes en esta materia”. Gracias, defensores a ultranza de las
naciones soberanas. Pero incluso una colega más rotunda,
como la alemana Alice Weidel, de AfD, recriminó al magnate orate “por
incumplir la promesa electoral fundamental de no interferir en los otros
Estados”; o el lepenista Jordan Bardella advirtió de que “aceptar un
vasallaje, aceptar una sumisión sería un error histórico”. ¿Y cómo reaccionan ante los asesinatos y atentados de Minneapolis,
ordenados o inducidos y bendecidos por Trump? ¿Protestan la derecha y
la ultraderecha en el nombre de Alex Pretti, de Renée Good, de Ilhan
Omar? ¿Lamentan el secuestro del niño Liam por las SS disfrazadas de ICE? No dicen ni mu. Sus silencios los convalidan. Con
este pacto comercial, la Unión Europea entra por la puerta grande en el
subcontinente asiático y afianza sus lazos con el sur global Los dirigentes suelen olvidar la cara oscura de la luna. Ursula von der Leyen va de mayestática calificando el tratado comercial UE-India como “la madre de todos los acuerdos”. Porque será muy arduo de implementar. India
es un país de tradición rabiosamente proteccionista. En aranceles, pero
también mediante otros obstáculos, jurídicos, administrativos, de
modelos empresariales. La diferencia cultural con la UE, incluida la
cultura económica, es casi abismal: muy superior a la latinoamericana,
aunque menos que la china. Será el tratado más difícil de implementar, en comparación con casi todos los demás acuerdos comerciales europeos (45) con otros países. Pero
el estímulo para ambos socios es tan considerable, que puede apostarse a
que barrerá barreras, y a que se convertirá en el acuerdo más
esperanzador. Con sus 1.481 millones de consumidores, India decuplica
largamente la población de México y quintuplica la de Mercosur. El
comercio bilateral es para Europa residual en porcentaje (el 2,4% de
sus intercambios totales, mientras que a la inversa es el 11%), pero ya
superior en cifras absolutas (120.000 millones de euros) al que el viejo
continente mantiene hoy con Mercosur (111.000) o México (82.000): el
camino inexplorado por recorrer es extenso. Más aún si su crecimiento
del PIB supera, como últimamente, el 6% o el 7% anual. Además,
se trata de un solo país, y no de cuatro como con Mercosur (con
Bolivia, Panamá y Venezuela en el cancel), con lo cual los costes de
transacción de diferendos y fricciones deberían disminuir. Y al
periodizar con prudencia el descreste tarifario (que beneficiará a la UE
en 4.000 millones de euros) y al excluirse del acuerdo los subsectores
más sensibles y polémicos —sobre todo ganaderos y agrícolas— las
protestas gremiales se prevén irrelevantes. Pero hay un factor quizá más sustancioso que las tripas contables del tratado.
Su previsible impacto global en el panorama geoeconómico y geopolítico
mundial. Con esta operación, la UE entra por la puerta grande en el
subcontinente asiático, que registra un crecimiento exponencial, y que
resultaba muy lejano para ella en su conjunto. También afianza sus lazos comerciales y penetración en el sur global.
Concretamente en el grupo de los BRICS, en una relación iniciada
mediante el acuerdo con Sudáfrica vigente desde 2004 y confirmada con el
Brasil que encabeza Mercosur. Tres países de empaque, Sudáfrica, Brasil
e India, el núcleo de los no alineados en ese grupo, con buenas
relaciones pero no dependientes ni de Rusia ni de China.
Y en el caso de India, Europa aprovecha la brecha que le brinda el
estúpido despotismo arancelario (y del otro), aplicado contra ella por
Donald Trump. Evita que se eche en brazos de China, con la que mantiene
relaciones correctas pero siempre tensas, de rival poblacional,
geográfico y político. Estos pactos amplían y densifican
la red de casi cincuenta países vinculados a la UE mediante tratados
comerciales. Y reclaman a gritos la recuperación de un organismo
regulador multilateral, como el que ha sido la Organización Mundial del
Comercio. Es clave. Volveremos a la carga sobre ello. Era y es urgente paliar los pesares del usuario, que sí es corresponsabilidad de la Generalitat Son 400.000 trabajadores, estudiantes, profesionales, autónomos. Son los que día a día, año tras año, sufren la crueldad creciente de Rodalies,
las cercanías catalanas, pero solo de nombre. Sufren la desgracia
azarosa. Y la sistemática acumulación de errores y fallos de los poderes
públicos. Centrales (más) y autonómicos (algo menos); conservadores
(muchos más), progresistas (algo menos). Pero hay taza para todos. Puesta
en censo, es mucha más gente que la que habita en la segunda ciudad
catalana, L´Hospitalet de Llobregat, y tanta como está sumada a Santa
Coloma. Dos veces y media que Badajoz. Y cinco que Toledo. En los tres
últimos años han perdido 291 días de transporte, casi uno entero en desplazamientos fallidos. Para acudir al tajo, a la facultad, al médico, a esa tienda, al evento musical. O al entierro, al que llegaron ya cumplido. Gente
sobre todo trabajadora, hay menos afición al transporte público entre
los con-posibles. Gente joven, que no llega en bici; y mayor-mayor, a la
que le cuesta siempre llegar. Vulnerables a los cortocircuitos de la
movilidad, disponen de menos alternativas. Gente que
además cuenta con varios cinturones de seguridad
político-administrativa: confía en un Estado (España) obligado a
respaldarla; un cuasi Estado (la Generalitat) que le prometió cuidados
universales así los necesitase; y una ciudad-Estado hanseática de
prestigio taumatúrgico, Barcelona. Y de repente se topan con una
precariedad parecida o peor a la de la España vaciada, tienen poco y nada con que responder. Es la Cataluña saturada. El
diagnóstico del mal es obvio. La infrafinanciación del servicio estatal
ADIF-RENFE en unas líneas viejas de siglo y medio, casi dos centurias,
renovadas a dosis homeopáticas. Solo en 2010 y 2011 la inversión estuvo a
la altura (956 y 782 millones de euros). En tiempos de Mariano Rajoy, y
del procés que alimentaba ilusiones en vez de nutrir kilómetros,
bajó a una horquilla de entre 214 y 311 millones. Por miserable
ejecución del presupuesto: en decenio y medio han dejado de invertír más
de 5.000 millones de euros. Recientemente, el ritmo se ha recuperado, con 516 (en 2022) y 615 millones (2023): unas inversiones con ambición y
a borbotones. Imprescindibles, sí, porque procuran arreglo a medio
plazo. Pero, simultáneas y solapadas, ocasionan desarreglos en lo
inmediato. Y a la espera de una línea transversal por todo el
Principado: a larguísimo plazo. Ahora habitamos el
desarreglo. Que se agrava por el clima adverso: el trazado es angosto de
márgenes cercanos a taludes, con escasas escapatorias. Apto para
inundaciones y temporales inesperados: los pantanos catalanes desbordan
el 91% de su capacidad. Pesan los años, desde que nació el primer tren
peninsular, Mataró-Barcelona, en 1848. Pero era y es
urgente paliar los pesares del usuario, que sí es corresponsabilidad de
la Generalitat. Hasta el jueves pasado no se anunció una cohorte de 100 autobuses para suplir los desmayos del servicio, como sugeríamos en septiembre (“Las asignaturas pendientes de Salvador Illa”). Hoy, a punto de doblar otra “setmana tràgica”,
ese (tardío) refuerzo y la (difícil) información o la (fácil)
comunicación con los usuarios, siguen asmáticos y entrecortados. Dos
altos cargos han sido cesados. Tanto o más nos interesa a todos que se
arreglen los entuertos que sí tienen solución (provisional, parcial).
Autocares. Paneles. Alertas telefónicas. Complicidad de ayuntamientos y
conductores privados... Lo que convenga. La UE ha reaccionado a las amenazas sobre Groenlandia mezclando su poder blando con un miligramo de aparente poder duro Si
el mejor amigo te invade, o amenaza con invadirte armas en mano, es ya
tu enemigo. Eso ha descubierto Europa (la UE, más Reino Unido, Noruega…)
en el acoso de Trump a Groenlandia.
Algo que jamás hizo China, y solo en parte Rusia (casi nunca amiga) con
Ucrania (que no es la UE, aunque casi). El drama familiar occidental
deviene parteaguas histórico para la alianza atlántica (con minúsculas) y
su plasmación, la OTAN. Una ruptura, hasta sentimental, estrepitosa. De
efectos duraderos. O sea, total o parcialmente irreversibles. Porque
la amenaza hendía su supervivencia, la UE ha reaccionado, activando una
nueva arma, quizá sin plena conciencia de su valor, a imagen de la
honda del pastor David contra el gigante Goliat. Es minimalista (el
envío de cuatro barquitos, unas docenas de soldados), admite burlas del
tipo de la fuerza bruta, pero, de efecto contundente, desdibuja su
hegemonía incontestada. Hoy, David va ganando. Se garantiza la soberanía danesa
sobre la isla. Y la integridad territorial de Dinamarca. Y el derecho
de autodeterminación isleña, no decorativo, sino evocador de que una
anexión sería casus belli. Washington retira el “castigo” arancelario
contra los rebeldes que enviaron uniformados. Y se le otorga lo que ya
tenía: margen para acrecer su influencia militar y estratégica. Usará su
espacio, poseerá usos. Pero no adquirirá su propiedad. El valor del envío de meras patrullas militares
no se mide por su número y empaque sino por su misión de refuerzo
simbólico, de maniobra de advertencia. La clave es su carácter de
contraamenaza. Es el empleo de la honda trump (minúscula) para
devolverle la piedra amenazante a Trump (mayúscula): trump contra Trump. La
astucia empieza en la diplomacia. Consiste en extremar el posible doble
sentido, y doble uso, del discurso. Se asume la falsa coartada del
autócrata para expropiar —reforzar la presencia ártica frente al peligro chino y ruso—,
pero como avanzadilla en su ejecución: la OTAN real son esas patrullas.
Y se enmascara oficialmente (sin ocultar su objetivo real) el mensaje
de la operación: congelar la invasión trumpista. Se le añaden otras palancas. El farol europeo se densifica con la advertencia de retorsión arancelaria (por 93.000 millones) o el instrumento anticoerción con el que vetar a las tecnológicas de Musk y compadres. Y su inmediato resultado tangible, el pánico bursátil, el único becerro de oro al que adora el orate inmobiliario. Y se amplía con discursos nada defensivos (inolvidables Mark Carney y Emmanuel Macron en Davos) y el despertar de la bella durmiente, la Comisión Europea. Incluso se contrata el grasiento y miserable servilismo del mayordomo Mark Rutte,
encargándole regalar al déspota los sofismas con que esconder su falsa
victoria, esto es, su derrota. Poder blando aderezado con un miligramo
de aparente poder duro. Europa ha vuelto. El aplazamiento del acuerdo comercial con Mercosur es un negocio ruinoso en sí para la UE El aplazamiento del acuerdo comercial Unión Europea (UE)-Mercosur por el Parlamento Europeo (por 10 votos de diferencia) abre un vacío dramático para Europa. Si la Comisión pasa por encima y decide aplicarlo provisionalmente desde ya —para lo que dispone de competencia— superará ese agujero, pero se arriesga a abrir un conflicto institucional. En
caso contrario, la petición parlamentaria al Tribunal de Justicia
(TJUE) para que examine el texto, lo congela un año y medio o dos. Y en
modo torticero, pues ese es su objetivo, apelando a un truco procesal:
casos anteriores similares ya han sido validados por la Corte (Singapur,
en 2017). En ese escenario el drama resulta, desde la óptica
geoeconómica, triple. Uno, facilita a Estados Unidos un salto sin cortapisas hacia una hegemonía incontestada en toda Latinoamérica (LatAm), aplicando la doctrina colonial del “patio trasero” de James Monroe.
Dos, en su defecto, empuja a China para disputar allí las posiciones
europeas (los tres actores se disputan la primacía). Y tres, debilita su
credibilidad para negociar el tratado comercial en embrión con India,
un espacio con 1.400 millones de habitantes, cinco veces más que
Mercosur: la contraparte se dirá que si la UE es incapaz de ratificar lo
acordado, ahorremos esfuerzos. Pero además, el rechazo
es un negocio ruinoso en sí para la UE, un alucinante autogol. El
estudio más reciente cuantifica en 3.000 millones de euros anuales la
minoración de las exportaciones europeas, y en 4.400 millones el fallido
aumento del PIB (The cost of delaying the ratification of the EU/Mercosur trade agreement, ECIPE, diciembre 2025). Mayor suicidio para el promotor del boicoteo, Francia.
Su industria perderá mucho, pero su sector primario quedaba en
equilibrio: las ganancias en vino y leche compensaban las pérdidas en
carne de vacuno. Y el efecto negativo en esta (0,3% en la renta de los
ganaderos) era ínfimo comparado con la duplicación de sus precios desde
2019 (Alexandre Gohin y Alan Mattews, The European Union/Mercosur association agreement: implications for the EU livestock,
Journal of Agricultural Economics, 26/9/2025). Con su
hiperproteccionismo, el Hexágono ha caído desde el año 2000 de segunda
exportadora mundial a sexta, y España le pisa los talones. La
experiencia española con Marruecos debiera vacunarnos a todos: gracias a
los acuerdos con la UE, el reino alauita ha rebasado a España por su
exportación a los Veintisiete… en volumen; pero sigue muy por debajo en
valor. El imperativo hoy es diversificar a otras zonas las exportaciones que Estados Unidos dificulta mediante aranceles.
Veamos el ejemplo chino. Pese a una presión arancelaria intensísima, en
2025 ha logrado aumentar sus ventas al exterior —a todo el mercado
mundial— en un 5,5%, medio punto más que su PIB (5%). Mientras que la UE
ha visto reducir las suyas en un 6,5% (hasta noviembre del mismo año;
datos de TradeEconomics, Eurostat); España es una excepción, las
incrementó un 0,6%. Es muy relevante que las ventas europeas destinadas a Estados Unidos cayeran
entre agosto (los aranceles rigen desde final de julio) y noviembre un
10%; pero el último mes, un 20,3%: pésima tendencia. O se compensa en
LatAm, en India y otras zonas, o ¡ay! de la primacía comercial europea
en el mundo. Hay otras sinrazones en el bloqueo del Parlamento, atizado por los ultras de ambos signos. Contra
lo que propagan, “todos los productos importados [de Mercosur] deben
respetar las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE, sin engorde
con hormonas o tratamientos antibióticos”, escribe el gran experto
francés Jean-Luc Demarty (L’accord Mercosur: un succès européen, un naufrage français, Telos, 13/1/2026). Otra cosa son los controles que efectúe cada Gobierno. Pero eso es asunto nacional, no europeo. No es cierto que la nueva financiación autonómica vaya contra los principios de igualdad y solidaridad El “chantaje indepe”
es una falacia. Un invento. Una andanada contra todos los catalanes,
sobre todo los constitucionalistas de siempre. Un veneno contra la
conciliación. Y un estímulo tontaina a rupturistas irredentos para que “lo vuelvan a hacer”: algunos se dirán que, puestos a recibir desprecios, mejor recuperar la pureza. Esa
consigna del chantaje pretende definir el marco, denigrar el contenido y
desacreditar el fin de la nueva reforma en el sistema de financiación
autonómico. Pero se acuñó y voceó hace tiempo. Mucho antes de conocerse
siquiera el esquema de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan
separatista ella. Cuando se destruye una novedad antes de alumbrarse,
peligro para el destructor. Su credibilidad se desmorona si el resultado
final desarbola la crítica. Un acerado detractor de los catalanismos fiscales en casi todas sus fórmulas, el director del think tank Fedea, Ángel de la Fuente, desarticula ese lema en Un primer análisis (Fedea policy paper, 2026/01).
Sostiene que lo esencial de esta nueva reforma en la financiación —que
critica en aspectos instrumentales— es el “reparto más equitativo de sus
recursos”. En efecto, la gran brecha, entre las comunidades más favorecidas y las que menos, asciende hoy a 1.500 euros per cápita. Y se reduce con el cambio a 500 euros. Murcia y el País Valenciano eran las peor tratadas. Aún
estado por debajo en la aportación de recursos a la caja común, salían
perdiendo en el proceso de redistribución: y ahora (siendo nada indepes)
son las que más mejoran. Y las que quedan igual que antes (aunque se
las compensará por otra vía) eran las relativamente más privilegiadas,
Extremadura y Cantabria. Así, sostener que la propuesta “golpea los
principios de igualdad y solidaridad”, como hacen algunos demasiado
adivinables, es bizco. Sorry, no encaja con las cifras. Ocurre
que la media docena de reformas anteriores también fue impulsada por
Cataluña. Sobre toda la cesión a las autonomías del 15% del IRPF (1993);
del 30% (1997); del 33% y también del 35% del IVA (2003) y del 50% en
ambos (2009). Siempre se la criticó por ser avanzadilla; todas las
gregarias acabaron apuntándose. ¿Cuándo? Al verse que el
aumento de recursos rompía los prejuicios de que el sistema fuese de
suma cero y que todo cambio privilegiase a su impulsor, cuando solo
mejoraba su posición. Ahora, una clave de esta reforma
vuelve a ser el aumento de la participación en impuestos estatales (al
55% en el IRPF y al 56,5% en el IVA): el progreso es evidente. Pues el punto fuerte del sistema es descentralizar el gasto; y el débil, la inversa en el ingreso, que lo convierte en un esquema federal imperfecto. Otra
vez la prueba del algodón no llega hoy, sino cuando cada una deba
decidir si asume o rechaza la mejora (por cierto, perfeccionable). Que
es general para el conjunto y particular para cada una. El
autor de la filtración “fue el acusado o una persona de su entorno”,
atribuye la sentencia del Supremo, que infiere que “el correo
filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado”. ¿Quién?
¿Cómo? ¿Cuándo? Ursula, la pata coja
Vuelve el peligro alemán
Y Feijóo cogió su fusil
Otro escudo social para la vivienda
EE UU, de gendarme a forajido
Archivado En
Ir al contenidoTrump, política económica terrorista
Archivado En
¿Cómo acabará el ‘doble poder’ en EE UU?
Dinero a espuertas para vivienda
Los hombres, ante el acoso sexual
‘Made in Europe’: solución o trampa
Empresarios con coraje
Al rescate del árbitro comercial mundial
Archivado En
¿Groenlandia, Minneápolis? ¿Qué piensan las derechas españolas?
Archivado En
UE-India, el acuerdo más difícil y el más prometedor
Archivado En
400.000 sufridores, y desde hace años
Archivado En
La nueva arma de Europa contra Trump
Archivado En
Autogol europeo
Archivado En
El “chantaje indepe” es una falacia
Archivado En
Tampoco saben por qué lo condenan,,, 9.12.25
Juzgaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin fijar claramente en ningún momento a causa de qué hechos: si por filtrar unos correos del abogado del presunto delincuente fiscal Alberto González Amador, o por emitir una nota informativa desmintiendo el bulo de que a este se le negaba “desde arriba” un pacto favorable con la Fiscalía, pretendido para minorar sus penas de cárcel.
Si García Ortiz ignoraba de qué se le juzgaba, mal podía defenderse. Una mella insólita, en un Estado de derecho como el nuestro, al derecho de defensa, la clave de los derechos democráticos, que seguramente deberá restablecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Superior a cualquier supremo.
Y le han condenado como autor de un delito inexistente, o equivocado o traspapelado. Por el “delito de revelación de datos reservados, art. 417.1” del Código Penal, reza la sentencia. Cualquier estudiante sabe que ese delito de datos reservados figura en el artículo 197.2, y no en el 417.1. ¿Errata? ¿Ignorancia? ¿Confusión mental? En todo caso, asunto nada menor, sino grave, pues el oficio de juez —aunque sea del Supremo— obliga a la máxima exactitud sobre el precepto presuntamente quebrantado, su justificación, su escala punitiva. Su ausencia, ¿causa de nulidad?
Por si acaso, la mayoría de la Sala le condena por ambas cosas, ambas delictivas. Y ambas sin pruebas. Alude como sustitutivo de ellas a una “unidad de acción” entre la filtración y la nota. Sin justificar —solo sugiriendo— ninguna acción delictiva en ninguna de ambas.
De hecho, atribuye la filtración al condenado, pero no hay condenado cierto y concreto —algo extraño al derecho penal—, sino en condición anónima, inconcreta, ambigua, etérea, desdoblable. “Fue el acusado o una persona de su entorno y de su conocimiento” el autor de la filtración, atribuye. Y: “el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado”, infiere. ¿Quién, en verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Condena al “entorno”, o al entornado? Y alega la sala que dispone de un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente”, ¿de qué? Un cuadro de sospechas, prueba cero.
Podría la Sala haber reconocido claramente —y con más elegancia— que carecía de pruebas, y apoyarse en su propia sentencia 532/2019, que solo exige indicios serios, múltiples, coincidentes, pero a condición de que sustenten una acusación dotada de una “probabilidad prevaleciente” (criterio 20) con respecto a otras hipótesis: pero claro, no hubo lugar, esas ni siquiera se examinaron en el juicio oral, se relegaron al olvido, no generaron diligencias de investigación: todo estaba atado, desaliñadamente bien atado, desde el inicio.
También debela la publicación de la nota informativa. Sería delictiva porque “el deber de confidencialidad no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido de tratamiento público”, dice el tribunal. Lo contrario de lo que defendió la sala de admisión el 15 de octubre de 2024: “No había información revelada, ante el conocimiento público de los hechos”. O como fijó su sentencia 866/2008, “si el destinatario” de la información reservada “es un profesional de la información, “el secreto ya no es propiamente un secreto, la reserva de la información ya ha desaparecido”.
“Adversus factum suum quis venire non potest”. O sea, nadie puede ir válidamente contra sus propios actos. Ni tan siquiera, o menos que nadie, el Tribunal Supremo.
El fantasma de Puigdemont
El líder de Junts ha llevado a su partido a la irrelevancia
Para saber qué ocurre, debemos entender incluso lo que ni se explica ni se explicita. El fantasma que desvela las noches de Carles Puigdemont es triple: terror a la competencia de la ultra Aliança Catalana; desconcierto por no saber capitalizar sus propios logros; angustia personal de seguir deambulando lejos, como apátrida errante.
El drama arranca de que la parafascista Aliança pisa los tobillos de Junts en el territorio C-25, que conecta esa autovía, el eix transversal de la Cataluña interior, carlista, entre Girona y Lleida. Los alcaldes posconvergentes palpan que su mordiente les descabalga, replican sus recetas ultras. El hieratismo metálico y descortés de su portavoz en el Congreso le hurta presentar como éxitos también propios —parciales o inconclusos— la amnistía, el avance del catalán o el plan de otra financiación autonómica. En vez de apuntárselos (los ultras castizos sí los achacan a su “chantaje”), los desdeñan.
Así que, huera de triunfos aparentes y dirigentes enérgicos en la asignatura Democracia, la burguesía media retrocarlista, de residencia urbana en Vic, Manresa o Ripoll, y atávico arraigo cultural rústico, está huérfana. Añorará el democristianismo nacionalista de Jordi Pujol, sí, por mesiánico, pero sueña con deportaciones nazis: contrata a negritos o moritos inmigrantes para empacar embutidos, camisas o tornillos, y al tiempo pretende cancelarlos, los pobres siempre molestan. Por eso se pasa en masa al nacionalracismo de Aliança. Y contamina a capas de la tolerante burguesía barcelonesa. La Convergència de los montagnards ya se despide de ustedes.
El procés fue hijo, como el Brexit, de la desazón posterior a la Gran Recesión de 2008. Con fragua tardía (el pseudorreferéndum de 2017), pero empecinada. La menestralía y las clases medias decepcionadas de expectativas, crisis industriales y ensoñaciones seculares, se subieron al monte. El puigdemontismo las encarnó: trocó el pragmatismo convergente en táctica lindante con lo antisistema: ese abismo entre el Prat de la Riba constructor de la Mancomunitat y el coronel Macià del putsch idiota en Prats de Motlló.
El sendero de regreso era estrecho, pero pareció viable. Las palancas de los siete diputados “decisivos”, de la sorpresa, el sobresalto y el ultimátum continuo, mal que bien, le funcionaron. Ahora se aboca a converger con los ultras, en sintonía también tardía, cuando ya afloran, de Holanda a Nueva York, sus antónimos.
El de Waterloo tira por la borda sus encajes de bolillos, y ni siquiera el entregado jefe de la patronal, el excompany de lluita Josep Sánchez Llibre reencontrado, podrá patrocinarle más: ¿Con apoyo de qué vanguardia? ¿Con qué dinero limpio? Sin alcaldes, y con siete escaños estériles, ¿qué instrumento le queda? La nada. ¿Qué destino? La irrelevancia. Y el triste devenir personal de un redivivo holandés errante.
Nucleares, ¿sí, gracias?
Los grupos favorables vienen apretando el acelerador y convendría un debate sereno y detallista antes de tomar una decisión
El grupo de presión pronuclear viene apretando el acelerador. A recuelo y apoyado por la supernuclearizada Francia logró un éxito: incorporar esta fuente al catálogo de “energías limpias” de la Unión Europea, basándose en que no lanza emisiones contaminantes, las que calientan el globo.
Mientras, el activismo ecologista y los favorables a las energías renovables ―originadas en fuentes naturales que se reponen más rápido de lo que pueden consumirse― viven una paradoja. De un lado, se imponen a las energías fósiles, sobre todo en producción de electricidad; de otro, no logran vencer a la inclinación hacia una limpieza (sui géneris) con la apelación al riesgo de catástrofe. Recordemos: Three Mile Island en EEUU (1979), y los estallidos de Chernóbil (URSS, 1986) y Fukushima (Japón, 2011).
España ejemplifica esa contradicción. La electricidad fabricada con renovables modernas alcanzó el 47% del total en 2024 (y otro 12% con hidroeléctrica); contra un 21% la nuclear; un 12% los ciclos con gas; un 1% el carbón y un 7% la cogeneración y residuos (El sector eléctrico español en números, 2024, Fundación Naturgy).
Discutimos de las cinco centrales españolas (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellos), de si debería prorrogarse su vida más allá de su cierre previsto entre 2027 (Almaraz) y 2035 (el resto), sin computar ese riesgo: solo se hará si se produjese algún (improbable pero posible) incidente.
Aparcada esa inquietud como si fuera inerte, la discusión es más pragmática, y menos elevada. El Gobierno impuso tres condiciones a toda ampliación de su vida útil: ningún sobrecoste al contribuyente; seguridad; garantía de suministro. Las eléctricas propietarias han solicitado ampliar Almaraz por tres años.
Ello responde a una lógica económico-empresarial: está ya amortizada, así que todos sus resultados se convertirían en beneficio repartible… salvo los destinados a modernizar la planta, según la pauta del Consejo de Seguridad Nuclear. Y un argumento sobre suministro: difícilmente su cuota del 21% pueden reemplazarla las demás con igual eficacia (las renovables apenas se almacenan). Atención, la economía podría sufrir.
Pero escasa relevancia tiene su (ahora congelada) petición de rebaja fiscal. De los 7.592 millones de impuestos estatales aportados por el sistema eléctrico (2023), solo una novena parte, 795 millones, corresponde a figuras impositivas específicas a la nuclear (siendo su aportación superior al doble, el 22% ese año, según “La Fiscalidad del sector de la energía eléctrica”, Fundación Naturgy). En un sector boyante, las tres grandes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, acaban de confirmar su previsión de cierre de beneficios para 2025: 10.600 millones de euros.
En el lado contrario figuran otras cuitas. Que el coste de lo nuclear (64 euros el Mw/h) es inferior al fósil, sí, pero casi el doble del solar (Lazard). Que la prórroga de Almaraz siente precedente automático para todas, sin evaluar las diferencias. Y que impulse una renuclearización que absorba recursos de la prioridad renovable y su investigación (en almacenamiento). Todo eso y más, también lo “ideológico” (riesgos e insuficiencias de unas y otras) debería formar parte de una nueva discusión serena y detallista.
Cuando la mentira política irrumpe en un drama humano: el momento 11-M de Mazón y Feijóo
El duelo no deriva hacia la fase de aceptación, digestión y superación hasta que se desvanecen sus agravantes políticos, causados por la infausta gestión de los gobernantes más directos
Hasta el final, Carlos Mazón ha mantenido su principal valor moral, el engaño, el falseamiento intencionado de la realidad. Su dimisión (en diferido de un año) no es una marcha completa, sino parcial e interesada: como president, pero no como diputado ni como dirigente del PP. Así busca garantizarse sueldo público y protección de aforado.
Su reconocimiento de errores no ha sido tal, sino autoexculpatorio. Alegó que su yerro, “sobre todo” fue “mantener la agenda del día” de la dana. No es veraz: ninguna agenda le obligaba a eclipsarse más de cuatro horas. Ese no estar donde debía, y cambiar 11 veces su explicación (¿alguna cierta?) es la clave de la ruptura del contrato que vincula a gobernante y ciudadanos.
Igualmente enmascara los hechos su protector, Alberto Núñez Feijóo, tan dubitativo como indubitado prestador de su apoyo. Al recibir su renuncia como “una decisión correcta” se contradice a sí mismo, pues pretendía aplazarla. Y si era lo correcto y constituye “una lección” para los demás, ¿por qué no se la exigió antes, cualquiera de los 370 días transcurridos desde la catástrofe?
El falseamiento de la verdad, la mentira sistemática y reiterada, el engaño estructural a los ciudadanos —eso que hoy encuadramos como “posverdad” o “realidad alternativa” (“El fin del mundo común”, Máriam Martínez Bascuñán), o “posvergüenza” (“La vacuna contra la insensatez”, José Antonio Marina)— es la cosecha política del período, coherente con su hilo conductor.
En su fase final, en torno al primer aniversario de la dana, y más en los cinco días transcurridos entre el homenaje de Estado a las víctimas del 29-O hasta el pasado lunes, todo ha circulado a la velocidad de la luz. España, pero antes que nadie el Partido Popular, sigue en medio de un tsunami político con precedente por el estallido de la posverdad, aunque con origen distinto: el del 11-M de 2004, cuando el atentado terrorista al tren de Atocha.
En un maremoto, nada en el paisaje vuelve a ser lo mismo. La perturbación dura tanto cuanto la máxima intensidad del dolor permanezca arraigada en las víctimas: 193 asesinados entonces, 229 muertos en el temporal que arrasó l’Horta. El duelo indignado no deriva hacia la fase de aceptación, digestión y superación hasta que se desvanecen sus agravantes políticos, los causados por la infausta gestión de sus gobernantes más directos.
Y por su empecinamiento en negarla. Un año es mucho más que cuatro días. Demasiada ignorancia del malestar social generado no solo por la muerte de la gente querida, sino por la humillación infligida a sus próximos, huérfanos de empatía, nunca convocados y siempre atacados porque protestaban. La revictimización. También en esto hay similitudes entre el Madrid de 2004 y la Valencia de hoy. Y en el sendero de traspasar a otros las responsabilidades propias: a los manifestantes de la jornada reflexión, entonces; al sanchismo, ahora.
El momento catalizador del desenlace de Mazón fue el homenaje en la Ciudad de las Artes, que cristalizó como su funeral político. Ahí la persistente protesta cívica de los ultrajados se sustanció al fin de forma institucional y solemne —de la calle al palacio—, ante la jefatura del Estado… y ante todos. El responsable de ampararlos y acompañarlos, su president, no solo no estuvo donde debía estar cuando debió: seguía sin estar con ellos y con nadie. Peor aún, acudiendo, como si estuviese, a la fiesta triste —pero consoladora— en desaire a los festejados que esta vez ya no le invitaban a compartir nada.
Ahí confluyó el recuento de datos sobre lo sucedido recopilados por la investigación judicial de la insobornable magistrada Nuria Ruiz Tobarra, tan discreta que ni siquiera conocemos su imagen. Y por la periodística.
Ambas han confluido en perimetrar la barbarie de la desgobernanza en el peor temporal, hasta las horas fatídicas del escondrijo en un restaurante. Y 37 minutos de total desconexión, que hubieran debido salvar vidas. Mientras seguía sin estar, en el centro de coordinación de emergencias, donde debía, pues tenía competencia para dar órdenes y coordinar a sus consellers, según el artículo 28 del Estatut. Así, el secreto ha quedado desvelado y el secretismo, desarticulado: tanto como quien lo empleó para protegerse de la vergüenza de sí mismo.
El perdedor inmediato del 11-M fue José María Aznar, el aznarismo duro. Tuvo que despedirse del respetable envuelto para siempre en el hálito de la mentira de que “era ETA” y no el yihadismo. El daño colateral fue para su colaborador Mariano Rajoy, que vio aplazado su acceso al poder. Lo esencial fue el digno empeño de víctimas y ciudadanos. También ahora, cuando finiquita Mazón y su protector Feijóo se encumbra a protagonista principal del drama. Sin padrino, no hay ahijado.
Una sombra se cierne sobre el Supremo
La lupa vuelve a ponerse sobre el alto tribunal tras la polémica instrucción del caso del fiscal general por el juez Ángel Hurtado
El tribunal que inicia mañana la vista contra el fiscal general del Estado no sólo examina a Álvaro García Ortiz. También se examina a sí mismo. Debe extremar su celo, se juega la credibilidad del Tribunal Supremo entero. Y del Poder Judicial: la Fiscalía es parte del mismo (Constitución, artículo 124). Y del Estado de derecho.
Desde el Supremo se invadieron competencias del Legislativo y del Tribunal Constitucional en el asunto de la amnistía, y cristalizó la autodenigrante rebeldía contra el proyecto de reforma judicial. Ahora, la lupa vuelve a sí mismo. A la sombra que le sobrevuela y condiciona: la polémica conducción del caso del fiscal por el instructor Ángel Hurtado (El infame juicio al fiscal general). Una toga sesgada, que descartó delito en la más grave corrupción institucional, el caso Gürtel, y a su pesar (escrito), condenada.
La instrucción antifiscal ha sido como “una obra de ficción”, denunció el magistrado Andrés Palomo en un voto particular. La debeló porque “no existe un fundamento indiciario suficiente”; “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”: aludía al correo del primer filtrador, el abogado del acusador, González Amador, reconociendo el delito de este. Así, sin pruebas ni indicios sólidos, si en la vista no aflorasen otros, sería imposible una condena, salvo impensable prevaricación.
La tumbaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pues el instructor descartó pruebas clave, como las testificales de periodistas que informaron. Y cuando el escándalo le impelió, las oyó sin escucharlas, alegando que no delataron a sus fuentes: olvidaba el secreto profesional, o sea, la Constitución (artículo 20). Bochorno. Reprochable según sentencias del TEDH (sentencias Perna, Vaturi, Saidi y PSl) sobre violación del “derecho a un proceso equitativo”, su joya de la corona garantista.
El tribunal debe celar por su ecuanimidad, independencia, imparcialidad. Está en juego otra joya, el “derecho a un tribunal independiente”. La imparcialidad primigenia proviene antes que nada de la independencia de cada uno —juez, árbitro, o periodista— respecto de sí mismo, sus prejuicios y sesgos. Urge el autoanálisis sobre si embestidas contra una ley, presencias en concentraciones rebeldes, o rígidas instrucciones que dieron en nada encajan en esa exigencia. Se lo saben, lo sabemos.
El TEDH exige a los togados, ay, además de “independencia”, su “apariencia” de tal (sentencia Dragosevic contra Croacia). Y sospecha de si es compatible el “juzgador” que intervino en la fase previa “de instrucción" (Saraiva de Carvalho contra Portugal): ¡Cinco de los siete magistrados que sentenciarán abrieron la causa —mediante el auto del 15/102024, que ya entró en el fondo del asunto—, y nombraron al instructor! Verde y con asas.
Impuestos e imposturas
Lo más relevante no es el número de subidas, sino la recaudación en relación con el PIB
Los aumentos de impuestos, si no se acompasan con las rentas y/o la reducción de la inflación, suscitan agravios, incluso malestar social. A veces enconado desde la política.
La impostura tradicional reitera la curva de Laffer: a mayor reducción de impuestos, sostiene, más estímulo inversor, más recaudación, menor déficit público. La realidad la desmiente. Ronald Reagan disparó déficit y deuda. La debacle fiscal de Francia trae cuenta de las reducciones impositivas de Emmanuel Macron, concuerdan sus (iniciales) partidarios, como el respetado Jean Pisani-Ferry.
Algunos no reconocen ese fracaso francés ni el simultáneo milagro español. Aunque alberga fallos evidentes en vivienda y desequilibrios entre rentas salariales e inflación.
Y alientan sinsentidos. El último es que el Gobierno de izquierdas ha aumentado 97 veces los impuestos, alega el PP. Se basa en el Impuestómetro 2025 (2/4/2025) del ultraliberal Instituto Juan de Mariana, que entre otros excesos equipara cualquier revisión catastral al alza de siete impuestos, critica Hacienda. Según esta, con iguales criterios el Gobierno Rajoy aprobó 137 subidas fiscales entre 2012 y 2018. Entre ellas, alzas de hasta siete puntos en los tipos impositivos del IRPF; subidas de hasta tres puntos en el IVA; y subidas de Sociedades tan defectuosas que los tribunales han cancelado muchas de ellas. Deberemos abordar con calma el grado de eficacia de las reformas Montoro.
El número de subidas sería indicio de enfermiza obsesión impositiva (hachazos fiscales, impuestazos…), arguye el anarcocapitalismo, para el que no hay impuesto bueno salvo el que se suprime, sin considerar el recorte (¿recortazo?) del gasto público, sea social, en infraestructuras o en modernización económica indispensable. Siempre que no los ejecuten los afines.
Pero lo más relevante no es el número de subidas, sino la recaudación en relación con el PIB, que depende tanto o más de la marcha de la economía (más crece, más se recauda) que de las subidas de impuestos. Es la “presión fiscal”, donde España tiene aún una asignatura pendiente: acercarse a la media europea. Reducir esa brecha permite recuperar el reducido gasto público relativo y/o equilibrar cuentas. En el sexenio Rajoy (2012-2018) aumentó dos décimas (la presión fiscal de la eurozona se redujo del 41,7% sobre el PIB al 41,1%; y la española bajó del 36% al 35,2%). En el siguiente (hasta 2024) la brecha se redujo: la recaudación subió del 35,2% al 37,3%, mientras en la eurozona bajó del 41,1% al 40,9%: la brecha es de 3,6 puntos (datos de Eurostat). Hay aún recorrido al alza, pero decreciente. Y mejor que sea digerible.
Enciende polémicas la tributación de Sociedades, que se redujo a la mitad tras la Gran Recesión, y se recupera lentamente. Los grandes grupos empresariales pagan solo un 7% sobre sus beneficios en España. Gran asimetría con las pymes. Sus defensores alegan que se han internacionalizado, contribuyen fuera, y sortean la enojosa doble tributación. Pero eso no explica todo el abismo con el resto, pesan las discutibles exenciones o desgravaciones (por I+D, creación de empleo…), que están más a su alcance. Como también sus operativas en o desde paraísos fiscales, de difícil cuantificación.
Donde no nos podéis fallar
El Gobierno debe mantener el listón del espectacular récord económico que ha conseguido España en los últimos siete años
Señoras y señores del Gobierno: en esto no nos podéis fallar. “Esto” es mantener el listón del espectacular doble récord que ha conseguido España, en siete años, vuestro mandato hasta hoy: en economía y empleo. Vuestras torpezas amenazan con malograr vuestros éxitos.
Datos desnudos: la española vuelve a ser por segundo año la economía avanzada que más crece. Más que Estados Unidos, y el cuádruple (2024) y triple (2025) que la eurozona. Pas mal. Tras la Comisión, el BCE, la OCDE y el FMI, ya hasta la oposición lo reconoce, a regañadientes.
Datos desnudos: el mercado laboral, gracias a la inmigración, rebota. Registra récords positivos desde antes de 2008: el 10,45% de paro (a septiembre). Todavía el doble de la UE, esa crítica legítima. Pero aún más inferior a los picos domésticos: el 25,7% a igual fecha de 2013, y el absoluto del 26,94% a final de ese año, con Gobierno de Mariano Rajoy: hay, ay, quien lo olvida.
Y España se encarama al récord de empleo de toda su historia: 22,3 millones de ocupados contra 19,3 millones a medio 2018: tres millones de empleos netos creados con el Gobierno de coalición.
Claro que quedan asignaturas pendientes: vivienda; recuperación insuficiente del poder adquisitivo y la renta per capita; lento aumento de la inversión; productividad regulín; absentismo creciente. En suma, insuficiente alcance de la redistribución operada, contra la tesis del reaccionarismo. Traducción: malestar social; deterioro del sentimiento económico, azuzado por los catastrofistas (Termómetro 5D, EL PAÍS, 14/10); auge extremista.
Para más inri, saltan alarmas, pues afloran torpezas:
Primera. El retraso en aprobar el decreto de ayudas (500 millones) a los enfermos de ELA casi un año tras aprobarse la ley. Y cuatro años largos desde que entró al Congreso la primera proposición. La culpa no es solo del Gobierno, pero también.
Segunda. El error de plantear alzas exageradas para la cotización de los autónomos a la Seguridad Social. No vale escudarse en que respondían al pacto de 2022 para garantizar la equidad de sus aportaciones con las de otros trabajadores y la sostenibilidad de las pensiones. No al esfuerzo imposible. No al globo sonda sin explicación. No a planes sin colchón social. Dato desnudo: de la primera propuesta a la final, el tope de la horquilla para los cotizantes máximos se ha reducido ¡en 14 veces! El letal exceso desemboca, al cabo, en brutal reducción.
Y tercera, esa suicida idea populista para la vivienda. Congelar precios (no solo toparlos, que dio algún fruto, aunque contradictorio, en zonas tensionadas) a todos los alquileres, reduciría aún más la asmática disponibilidad de pisos. Pensar solo en mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, si la oferta se desploma, es un tiro al pie de la razón progresista. Y al corazón de la sociedad.
-------------------- SEGUIR PASANDO
La rendición de Europa ,,, 5.8.25
Ni mercados, ni empresas, ni líderes nacionales suscriben el entusiasmo de Von der Leyen por un pacto comercial que destruye el multilateralismo
El acuerdo arancelario Donald Trump-Ursula von der Leyen supone una severa y rotunda rendición económica y política de Europa. Y, por tanto, un pésimo servicio de la élite comunitaria —la Comisión y el Consejo— a los ciudadanos europeos, a su economía, a sus empresas y a su posición en el mundo.
Cierto es que no se trata de una rendición incondicional, ni definitiva: algunos de sus términos aún podrían revertirse (pero también empeorarse) a la hora de peinar los flecos pendientes. Cierto que lo malo podría haber sido peor (pero también mejor). Cierto que Trump no será eterno, pero la historia reciente revela cuánto cuesta remover los obstáculos proteccionistas una vez edificados, y volver a la casilla de partida de un comercio liberal y reglado.
Así que más vale no contentarse con paliativos inciertos ni hacerse trampas al solitario, contra lo que nos invita Von der Leyen afirmando que “lo hemos conseguido” (el acuerdo) “y esto es bueno, muy bueno”. Nadie quiere sentarse a la mesa de su humillación personal e institucional junto al campo de golf escocés del magnate orate: tampoco los mercados, y ni siquiera los más partidarios del pacto, como el canciller alemán Friedrich Merz, que le prestó una asténica recepción.
Porque es un pacto malo, muy malo. En caso de confusión, hay que atenerse a los datos. Y estos nos dicen que el acuerdo empeora la situación de la Unión Europea (UE) y mejora la de Estados Unidos. Una comparación cierta, fría y honesta debe realizarse entre la situación arancelaria previa a la llegada de Trump y la de la entrada en vigor del acuerdo. No sobre hipótesis de qué podría haber sucedido. No sobre cómo podría haberse evitado de haber cristalizado no se sabe qué daños derivados de distintas amenazas, chantajes y triquiñuelas negociadoras de titiriteros.
El hecho estilizado es que la UE pasa del superávit en la balanza comercial de mercancías y servicios, al déficit; y que con EE UU sucede lo contrario.
Eso ocurre ya solo contabilizando el arancel (impuesto a la exportación) básico del 15%, que según la Comisión afectará a 780.000 millones de euros (de los 851.000 millones de productos exportados a EE UU en 2024): es, pues, un nuevo impuesto de 117.000 millones (el 15% de 780.000 millones), y es nuevo porque lo impone Trump; antes no existía. Restados del superávit europeo de 157.000 millones en mercancías obtenido en el año base de 2024, el saldo positivo para Europa quedaría en solo 40.000 millones, y eso sin minorar la suma con el arancel especial trumpista al acero y el aluminio, ni tampoco otros aún posibles.
Y como la balanza de servicios ya arrojaba ese año un saldo favorable a EE UU por 48.000 euros (que se mantendría igual al no gravar Europa los tecnológicos, financieros o jurídicos de la gran potencia), el saldo conjunto de ambas balanzas arrojará (de no haber cambios adicionales en los flujos mutuos) un superávit de 8.000 millones para Washington, contra el anterior superávit de 48.000 millones en favor de la UE.
Ese cambio de signo, de positivo a negativo para los europeos, es el trazo esencial del negocio culminado, con independencia de su considerable impacto en la erosión del PIB europeo, que algunos estiman moderado, de unos 0,4 puntos. Pero al que habrá que añadir el efecto equivalente de la depreciación del dólar, mientras se mantenga; y el de retraimiento general del comercio global.
Y ni siquiera esas cifras lo abarcan todo. La más amplia balanza de pagos, además de mercancías y servicios, computa las inversiones y transferencias: entre las primeras destacan los 300.000 millones de euros que los europeos destinan anualmente a inversiones financieras en EE UU, dado el raquítico mercado de capitales de la UE: les sonará, pues el estupendo informe Letta ha denunciado con énfasis esa limitación doméstica.
La Comisión pugna por enmascarar esta realidad. Aduce que el 15% del arancel básico viene a equivaler al 10% que ya sufrían los europeos durante la negociación, más un 4,8% anterior por efectos de la cláusula de “nación más favorecida” (la MFN de la Organización Mundial del Comercio, OMC). Malabares de tahúr: este 10% nunca fue aceptado (hasta ahora) y este acuerdo se perpetra al margen de la normativa de la OMC y contra toda idea y cláusula multilateral, quizás su peor consecuencia de fondo. El término de comparación más correcto es la cuantía del arancel medio vigente aplicado previamente por EE UU a las exportaciones europeas: el 1,43% en 2023 (The economic impact of Trump’s tariffs on Europe, Bruegel, 17/4/2025). O sea, que no solo no es lo mismo, sino que empeorará en ¡más de diez veces!
El trato dispensado por Trump a la UE y asumido por Von der Leyen evoca, salvadas las evidentes distancias, el aroma del llamado pacto colonial, o en francés, exclusif. A saber, el conjunto de relaciones entre metrópolis y colonias desde el siglo XVI y XVII, durante el Antiguo Régimen, basada en el poder del monopolio: la metrópolis obligaba a las colonias a venderle materias primas a precios bajos; las transformaba en productos manufacturados que engatillaba de vuelta —más caros—, a sus posesiones de ultramar, privándolas de los precios beneficiosos propios del libre comercio. Así el Reino Unido hundió la pujante actividad textil de la India y se erigió en campeón de la revolución industrial, irradiada desde Manchester.
El compromiso de compras de energía a EE UU por 650.000 millones de euros en tres años, y las inversiones por más de 500.000 millones en distintas áreas, armas aparte, son falacia peligrosa. No dependen de la Comisión, no hay texto del acuerdo que los ampare (una semana larga después), ni juez para evaluar su cumplimiento. Ni siquiera los agónicos paneles arbitrales de la OMC. Así, el capricho de Trump puede reabrir en cualquier momento todo el paquete. Y el liderazgo europeo opina, ay, que eso ¡otorga estabilidad al comercio y predictibilidad a la inversión empresarial del bloque!
La presidenta ha barboteado una explicación del desaguisado en modo langue de bois, el charloteo: “Queríamos reequilibrar la relación comercial y queríamos hacerlo de una manera que el comercio continuase entre nosotros: creo que hemos acertado de lleno el punto exacto que queríamos encontrar”. El punto exacto es convertir el signo positivo en negativo. Patético. Antes postulaba un trato “equilibrado” y “justo”: ahora el equilibrio cede paso al reequilibrio, en favor ajeno. “Es lo mejor que hemos podido conseguir”, qué implícita confesión de impotencia frente al lema previo según el que: “la UE no permanecerá inerte si sus empresas y trabajadores son penalizados injustamente”.
Más creatividad ha desplegado el comisario de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic. Afirma que el pacto “no solo está relacionado con el comercio” sino que tiene que ver con la seguridad de Ucrania”: o sea, con un compromiso de Washington con Europa para defenderla de Vladímir Putin. Pero si negoció en esos términos, ¿ostentaba la competencia para reemplazar a la Alta Representante, Kaja Kallas?, ¿en qué texto figura el detalle de esa conclusión?
Este dramático episodio, con el reaccionario proyecto presupuestario; los vetos alemanes a los eurobonos y a la unión bancaria; las dudas sobre la evolución del Pacto Verde; el ilegal enfoque contra la inmigración mediante campos de concentración en países pobres terceros; la reiterada pasividad ante los bombardeos de exterminio en Gaza y los asesinatos a quienes forman colas para conseguir alimentos, esbozan un panorama sombrío en Europa. Plagado de retrocesos. ¿Cabalgamos hacia un Thermidor?
Despreciar a 22 millones de trabajadores ,,, 4.8.25
Algunos minimizan este dato pese a ser el récord absoluto en la historia de España
España ha superado en junio los 22 millones de trabajadores ocupados. Algunos minimizan o desprecian este dato. ¿Acaso 22,27 millones son pocos?
¡No! Es el récord absoluto en la historia de España. Es el doble de trabajadores desde 1984 (11 millones). Supera con creces el mejor registro de la EPA anterior a la Gran Recesión, el de 2007: 20,7 millones. Y de los posteriores al revés pandémico de 2020: adiós a las dos grandes crisis.
Además, el septenio que va de mitad de 2018 (primer Gobierno de Pedro Sánchez) a mitad de 2025 ha generado casi 3 millones de empleos nuevos: 2,93 millones (de 19,34 millones a 22,27), a razón de 418.591 anuales. Políticamente, compárese con la promesa electoral de Alberto Núñez Feijóo en 2023: crear un millón largo de empleos en una legislatura y llegar a 22 millones, algo más de 250.000 anuales. Cifra superada por la realidad de los 418.591 promedio de las siete últimas anualidades. Más: en el último año y medio se han generado 1,071 millones de empleos (cotéjese con el millón de Feijóo a lo largo de lo que preveía serían sus primeros… cuatro años).
La consiguiente reducción del paro marca también récord: el 10,29% sobre la población activa a final de junio. Es la cifra más baja desde 2008, justo antes de que la Gran Recesión nos atenazase: también, pues, al fin superada. Y dos veces y media inferior al récord histórico anual de desempleo, el 25,7% que en 2013 se alcanzaría con Mariano Rajoy en el Gobierno. Acertaba el PP con su añejo lema: “la mejor política social es el empleo”. Sí, pero, ¿gracias a quién?
Cierto que las alzas salariales no han crecido al mismo ritmo que la creación de empleos. Es una asignatura en parte pendiente. Que suscita críticas solventes. Aunque no si provienen de quienes militaron contra los aumentos del salario mínimo: situarse contra el alza retributiva y lamentarse de su escasez es ventajismo.
El aumento del empleo ha sido factor clave del espectacular crecimiento económico sostenido a lo largo del último septenio. El PIB español ha crecido un 31 % (de 1,21 billones de euros en 2018 a 1,59 en 2024), casi duplicando el ritmo de la eurozona, del 17,9% (de 12,9 billones a 16,4). Aunque al distribuirse entre más cabezas, el PIB per cápita se resiente. Otra asignatura pendiente.
Último. Y esencial. Del empleo total creado desde 2024, el 83% corresponde a foráneos y tenedores de doble nacionalidad: inmigrantes y similares. “Los trabajadores extranjeros han ayudado a expandir el suministro de mano de obra, compensado sus déficits e impulsado el crecimiento económico”, sintetiza el muy solvente director general de Economía del BCE, Óscar Arce (“Foreign workers, a lever for economic growth”, 8/5/2025): son palanca. Tanto, que según otros cálculos han generado el 80% del alza del PIB en el último quinquenio (La Vanguardia, 10/7/2025). Echarlos sería suicida.
Europa renquea frente a Trump ,,, 4.8.25
Bruselas por el posibilismo frente a la coerción de EE UU, entre aranceles, ‘dumping’ fiscal y presión militar
Europa renquea frente a los aranceles de Donald Trump. Nada de escandaleras. Los negociadores de Bruselas han combinado prudencia y firmeza en las negociaciones, para escapar de su amenaza proteccionista, sí. Aunque hayan primado posibilismo a rotundidad, la prudencia era exigible, para salvar un interés inmediato clave, el (vulnerable) superávit europeo en la balanza comercial bilateral de mercancías; y otro, de largo plazo, la apertura del comercio mundial, donde la UE es campeona.
La flojedad venía de origen: la tradicional obsecuencia de los 27 (y de la Comisión) ante EE UU. Afloró antes del último repecho negociador mediante concesiones externas a lo comercial. Cuatro, en concreto:
a) el olvido de una cuota comunitaria en la “tasa Google” a las multinacionales decidida en 2021 para cofinanciar el paquete de recuperación pandémica Next Generation;
b) la renuncia a incluirla junto a otros impuestos europeos para el paquete presupuestario septenal (2028/2034);
c) el obsequioso aplauso de Berlín, París, Roma y la Comisión al descuelgue unilateral de Washington del acuerdo en la OCDE sobre el mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las multinacionales: claro dumping fiscal favorable a EE UU. Y dañino para la UE (donde es exigible por directiva comunitaria). Una renuncia que para más inri de la competitividad en las empresas europeas se compensa con otro impuesto a las que facturen no ya más de 750 millones de euros, ¡sino más de 100!;
d) la ominosa genuflexión europea –salvo España-- ante el diktat de Trump en la OTAN de aumentar el gasto militar a un 5% del PIB, cuyo grueso se dedicará a comprar armas made in USA.
El problema es que los negociadores europeos han acentuado gratis esa flojera, a veces por omisión. ¿Cómo?:
Primero, por no blandir ni en la mesa, ni ante la opinión de EE UU, la evidencia de que su proteccionismo ha depreciado al dólar. Y encarecido el euro: en un 13,7%% entre el 10 de enero y este viernes. Es un recargo de igual cuantía a las exportaciones europeas. De efecto equivalente a un arancel invisible, aunque de duración incierta.
Segundo, por aceptar el marco mental de Washington, focalizado solo en la balanza de mercancías. Favorable a la UE con un superávit de mercancías por 197.500 millones de euros en 2024. Y no haber enervado la balanza de servicios, favorable a EE UU por 148.000 millones: solo se discutía sobre el flujo en el que los europeos no tenían otra carta que la de perdedor.
Tercero, por haber rehuido enfatizar el posible uso del instrumento europeo “anti-coerción” (reglamento 2023/2675 de 22/11/1023): la amenaza chantajista de Trump, contraria a la OMC, es coerción de manual, superior a las de China contra Lituania que originó esa norma. Que justo permite entrar a saco en el sector servicios: como los tecnológicos, de plataformas a satélites, esa catapulta de la élite trumpista. Incluso, al límite, prohibiendo su entrada en Europa. Esconder esa arma es exhibir vocación de perdedores.
Cuarto, por haber arrastrado los pies ante el llamamiento de los economistas Olivier Blanchard y Jean Pisani-Ferry reclamando un veloz liderazgo para formar “coaliciones de voluntarios” (al margen de EE UU) que restañen el multilateralismo perdido. La idea, agrupar a todos los países que representan el 85% del comercio mundial, por solo el 15% EE UU (veáse su luminoso Europe´s challenge and opportuniy: building coalitions of the willing, Bruegel y Peterson Institute, 13 de febrero).
Perezosamente, cuatro meses largos después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo recogió, jibarizado, en una asmática y olvidada charleta a la cumbre europea del 26 de junio. Sin fuerza conjunta no hay fuerza mayor frente al hegemón..
Este presupuesto europeo es reaccionario
El “ambicioso” anuncio de Ursula von der Leyen no se corresponde con la realidad
Este presupuesto europeo es reaccionario. La Comisión ha presentado el paquete para siete años (2028-2034), o Marco Financiero Plurianual, con grandes campanadas: “será el más ambicioso jamás propuesto”, alardeaba la presidenta, Ursula von der Leyen.
Falso. La ambición se mide de entrada por el tamaño. Si lo comparamos con el paquete actual (2021-2027), que la propia Comisión sumaba propagandísticamente con los fondos Next Generation (contra la recesión pandémica), es muy inferior: 1,8 billones de euros contra 2,018 billones.
Pero la ambición también se muestra rala si se compara con lo que ahora le interesa a la jefatura de Bruselas: el paquete actual, pero sin agregarle la inyección NGEU. Se ufana la Comisión de que el nuevo Marco alcanzará un 1,26% de la renta nacional bruta de los Veintisiete, contra un 1,13% el actual. Comparación engañosa: de los 13 puntos básicos de diferencia, 11 se destinarían al repago de la deuda mancomunada, en vez de refinanciarlos para mejor momento. Así que el dinero fresco nuevo se contrae a un 0,02% de la renta bruta. Una broma.
La ironía amenaza con ser más pesada si la inflación en la UE del próximo periodo sigue superando al crecimiento: eso significa que el “poder adquisitivo” del presupuesto menguaría. No es imposible. En los penúltimos ejercicios del paquete actual, o sea, este 2025 y 2026, está encogiéndose: las previsiones oficiales de Bruselas para el PIB son del 1,1% este año y del 1,5% el próximo, en ambos casos inferiores a los aumentos de precios. Y no parece que el panorama internacional prometa muchas mejoras, al menos a corto plazo.
De modo que esta es una propuesta de presupuestos estancados, o restrictivos: en plata, reaccionarios. Justo cuando se pregona la necesidad de invertir más en defensa, en seguridad, en acción exterior, en un nuevo papel de Europa en el mundo… La realidad es que el borrador de las cuentas quintuplica la previsión del gasto militar europeo, hasta 131.000 millones; y la de acción exterior, hasta 200.000 millones. Pero a costa de ―no además de― las inversiones en políticas como la convergencia territorial y social: de hecho prevé cancelar el fondo de cohesión.
Para enmascarar el fiasco se acentúa la redenominación y reagrupación de cada partida, fondo o política, impidiendo su comparación homogénea. La doble conveniencia de modernizar la organización del presupuesto, y al tiempo de facilitar la comprensión de cómo evoluciona, podría lograrse mediante gráficos de equivalencia. Se admiten apuestas: salvo presión de la opinión y del Parlamento, jamás los tendremos.
Y a todo esto, ni siquiera hemos entrado en el otro cambio político sustancial: la anulación de las regiones como protagonistas activos (fondos estructurales) y su absorción por los Estados centralizados. Al menos no se vanaglorian de cercanía al ciudadano ni de federalismo. Practican lo contrario.
Cataluña no es enemiga
No es un peligro. El pacto Generalitat-Estado debe entenderse como oportunidad para mejorar el sistema autonómico
Los lemas propagandísticos aportan nada. El de “cupo separatista” es débil: si hay cupo, o sea, contribución al Estado de lo que una comunidad recauda para pagar los servicios centrales que recibe, es que está inserta, adscrita o integrada a ese Estado. Discútase si esa contribución se calcula adecuadamente; y si se le añade una aportación adicional “solidaria” para nivelar al alza a las menos prósperas, que es explícita en ese pacto.
Que sea “la sentencia de muerte para España” es falso e insidioso: desde hace decenios existen el concierto vasco y el convenio navarro, así como sus cupos derivados, y España sigue viva.
El pacto recuerda que “Catalunya siempre ha liderado” la mejora de la financiación autonómica. Es exacto. Desde 1983 (cesión del 15% del IRPF), al otorgamiento de la mitad de lo recaudado en impuestos clave, o las competencias en sanidad. Eso ha suscitado recelos, comprensibles desde la óptica del honesto menos próspero. Pero inaceptables desde el meridionalismo eternamente subvencionado. Muchos han seguido su ruta, asumiendo lo que criticaron como privilegio. Por eso el acuerdo pretende ser “generalizable a otras comunidades”.
Si es “generalizable”, ¿hay agravio? Seamos precisos. El sistema de financiación no predica un igualitarismo irresponsable, ni siquiera la “igualdad” abstracta, a la que contribuyen tanto o más otros mecanismos: la Seguridad Social, o los fondos estructurales europeos.
Sino que persigue (y seguirá postulando) una “nivelación de financiación” que otorgue a cada administración autónoma, a parecido esfuerzo fiscal, similares recursos por habitante ajustado para financiar los servicios esenciales del Estado del bienestar (educación, sanidad, servicios sociales). Lo asegura el Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales del acuerdo de 2009 (el último). Que absorbe el 75% de los recursos tributarios correspondientes a cada autonomía. Eso seguirá así aunque se modulen cantidades. La igualdad de oportunidades en servicios sociales está garantizada. Pues nadie la discute.
Así, Cataluña contribuirá, como territorio con renta superior a la media, a los gastos del Estado que la benefician (el cupo), y a la solidaridad niveladora con una aportación adicional. ¿Cuánta? La que se proponga bilateralmente y se acuerde multilateralmente. Quien niegue la bilateralidad, que se apreste a organizar policía y prisiones propias, para no restar autogobierno a quienes van más allá de las competencias básicas.
A partir de ahí, todo es complejo, pero evidente en la comparativa federal internacional. Un sistema autonómico no consiste solo en descentralizar gasto, sino también ingreso.
De ahí, una agencia tributaria propia, consorciada, delegada o coordinada según los distintos modelos disponibles (RFA, Australia, Canadá, EEUU…). Consagra la responsabilidad propia, el principio de “internalización de costes”. Y una mayor capacidad normativa (no exclusiva: a pactar grados). O una correspondencia entre lo aportado y lo recibido del sistema, se llame “ordinalidad” o proporción, y se arbitre como sea menos injusto: que hoy lo es. Todo eso, al menos. Porque Cataluña no es enemiga.
Por qué Feijóo debe aprender inglés
Aprender idiomas le reduciría el tiempo y el esfuerzo dedicados a empeños inútiles
Alberto Núñez Feijóo debe aprender inglés. Hace tres años advertimos de que su ignorancia lingüística era una desventaja (EL PAÍS, 24/10/2022). Pero al ritmo europeo de hoy, es ya un peligro: peor si un día lograse encaramarse al Gobierno.
Aprender idiomas le reduciría el tiempo y el esfuerzo dedicados a empeños inútiles. Como resucitar y vocear las insidias del comisario Villarejo y de los altos cargos corruptos de Interior con Mariano Rajoy contra el suegro (¡fallecido!) de Pedro Sánchez. Y concentrarse en elaborar alternativas en vez de ponencias huecas de programa, aunque llenas de lemas (echar okupas, echar inmigrantes, echar nacionalistas) como la ponencia del reciente congreso del PP.
Pero lo esencial es entender, empatizar, negociar y acordar con los demás líderes. En directo. Mucho más que hace tres o 30 años. En la cumbre europea del 26 de junio, la sesión restringida se celebró solo en inglés, como viene sucediendo en otras. Los intérpretes se quedaron sin faena.
Si Feijóo la hubiera escuchado (y entendido), habría constatado que su rival, Sánchez, no está aislado, sino que es uno de los que, con Macron, Meloni y Merz (mejor que su plúmbeo antecesor Scholz) más influyen, también por su manejo idiomático. Habría oído a un primer ministro del Benelux jaleándole. Lamentando la cumbre de la OTAN que decidió, la víspera, subir el gasto militar al 5% del PIB: “esa cena ha sido la más cara de mi vida, deberíamos habernos opuesto, como Pedro, todos sabemos que no cumpliremos”.
Así que esto ha cambiado desde la era de Felipe González y Helmut Kohl. Son legendarios (y ya de museo) los susurros a sus jefes de los embajadores Javier Elorza y Joachim Bitterlich, ¡emitidos desde debajo de la mesa! Completaban y contextualizaban a los intérpretes. Y peinaban flecos de los pactos hilvanados por sus mayores.
El aprecio a la riqueza lingüística y la pluralidad cultural –también a los otros idiomas españoles distintos del castellano—brindaría a Feijóo pátina constitucionalista y diálogo con los centroderechas periféricos. En vez de humillar a los 19 millones de ciudadanos que habitamos sociedades bilingües.
Aproveche el esfuerzo del Gobierno y sus aliados por consagrar el estatus del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Porque además de enriquecer derechos lingüísticos servirá seguramente de palanca para configurar un sistema multinivel viable: un número reducido de lenguas de trabajo; traducción (pagada por la Unión como hasta ahora), de los documentos relevantes a los 24 idiomas oficiales; e interpretación (financiada por cada socio) de los intercambios verbales en las instituciones. O sea, combinar el reconocimiento solemne con la viabilidad práctica cotidiana: hoy las combinaciones posibles de interpretación cruzada son 552; con más socios, serán infinitas... Ah! Y requerir a todos los presidentes destreza idiomática.
La parálisis del Eurogrupo
El club que reúne a los ministros de Finanzas del euro no sale del letargo desde que en 2020 el portugués Mário Centeno cedió su liderazgo al irlandés Paschal Donohoe
Todo el G-7 se arrodilla. Aplaude el 28 de junio que Washington se retire del acuerdo de la OCDE que imponía un impuesto sobre sociedades del 15% mínimo a las multinacionales. Alemania, Francia e Italia, obligadas a ese gravamen por directiva europea, embarran a sus empresas con una nueva competencia desleal de EE UU. Ni la Comisión ni el Eurogrupo se quejan.
El canciller alemán Friedrich Merz mata la unión bancaria. “No hay absolutamente ninguna razón” para agrupar en uno los fondos de garantías de depósitos (FGD) actualmente “a nivel de los Estados miembros“, declara el 3 de julio, por miedo a cargar con los fallidos en bancos de otros socios, el risk sharing. El FGD común es la pata coja de la Unión bancaria. Aplazarla va contra los compromisos de los cinco presidentes de 2014 y 2015 y contra el proyecto de directiva de la Comisión de 2014.
Y chirría contra el non paper de los cinco grandes socios al Eurogrupo, incluida Alemania, de “progresar en proyectos concretos de la unión bancaria”. Ni Comisión ni Eurogrupo mueven pestaña. Enorme contraste con el activismo ciego, irresponsable (patrimonialmente) e incompetente de Bruselas (carece de competencias) sobre una opa bancaria de moda en España.
La Comisión, al menos, hace cosas. Cada día menos estupendas: apoyar las actuaciones racistas e ilegales de Italia y Dinamarca deportando inmigrantes, fomentar un gasto militar desmedido en favor de la industria norteamericana. Pero el Eurogrupo no sale de la parálisis desde que en 2020 el portugués Mário Centeno cede su liderazgo al irlandés Paschal Donohoe, ya encauzados los fondos Next Generation contra la crisis pandémica, financiados mediante eurobonos, el éxtasis.
De esa presidencia nada surge. No importa la invasión rusa de Ucrania en 2022; la asfixia de la inflación; el derrumbe del multilateralismo por los aranceles trumpistas; la pérdida de competitividad de la eurozona al revaluarse el euro más de 14% desde una semana antes de su toma de posesión; o la reapertura del debate sobre el posible papel del euro como moneda de reserva, lanzado por el BCE. En el mejor de los casos, todo se salda mediante comunicados asmáticos de trámite carentes de propósito subyacente (EL PAÍS, 18/6/2025).
Mientras, los proyectos eco-financieros estrella del bienio 2014/2015, la culminación de la unión bancaria y la de la unión del mercado de capitales (UMC) sestean. Hay dos excepciones, ninguna gracias al liderazgo de la decrépita institución. A saber, una genérica hoja de ruta inconcreta propuesta por Francia y Alemania y aprobada en marzo de 2024. Y la etiqueta común “Finance Europe”, de unos activos equiparables voluntarios para financiar pymes, lanzada por España y Francia y asumida por el Laboratorio Europeo de Competitividad de los seis grandes países (más Luxemburgo), con la colaboración de la Comisión. Una especie de imaginativa “cooperación reforzada” de voluntarios a pequeños pasos.
Todo ello a la espera de que arranque una iniciativa mayor inspirada por los informes Letta (que propone reinvertir en Europa los 330.000 millones de ahorro europeo desviados anualmente a EUUU) y Draghi, que postula 800.000 millones de inversiones anuales adicionales para recuperar ritmo.
El Sabadell lanza una bomba de racimo
La venta de la filial británica TSB supone hasta siete reveses para el opante BBVA
La venta al Santander de la filial británica del Sabadell (TSB) por 3.100 millones de euros es una bomba de racimo. Que se fragmenta en siete reveses explosivos:
*Alarga el calendario, ya retrasado, a final de año. Y hasta el primer trimestre del 2026 no se abonaría el dividendo por el TSB.
*Captura la plusvalía del TSB para los “de casa”. Los 2.500 millones (de los 3.100 obtenidos) de dividendo extra prometidos irán a los accionistas del Sabadell, no se diluirán entre todos los del BBVA. Quien venda no lo cobrará (son 50 céntimos por acción, un 16% más). Aunque el opante recibiría una parte, en la medida en que lo sea y en su proporción, si hubiese comprado acciones del opado y las mantuviese al ejecutarse la venta del TSB, el primer semestre de 2026.
*Eclosión bursátil: la acción del Sabadell se ha disparado. La prima de la oferta inicial del BBVA a sus tenedores era del 30%. Se ha desplomado. Y ha llegado al 10% y el 11% negativo. Eso refuerza el consenso de los analistas de que la ecuación de canje de la OPA está desfasada.
*Lluvia de dividendos fidelizadores. Sumados los 2.500 extra a los 1.300 millones en curso este año y a los 2.100 millones de 2024, el reparto a los accionistas del Sabadell alcanza 5.900 millones: la rentabilidad por dividendo ronda el 28%. Fuerte estímulo para disuadirles de vender. Reforzado, pues tributarían a Hacienda por IRPF entre el 19% y el 30% de lo recibido.
*Presión al BBVA para mejorar su oferta, a resultas de lo anterior. ¿En cuánto? Al menos en ese 10%/11%; a lo que quizá habría que añadir entre diez y veinte puntos que calculan los analistas. Algunos harán la cuenta de la vieja por efecto óptico: como la prima inicial ofertada era un 30% positiva hace un año, ahora se debería esperar un total del 40% para igualarla. Pero la prima suele reducirse en el periodo de la opa, la absorbe el opado —en este caso ha sucedido con creces—, aunque luego, si se cancela eso pueda no ser sostenible. Todo apunta o a una mejora de la OPA, o a su fracaso (cualquier incentivo al accionista del opado gravita contra el opante).
*Adiós, sinergias. Los ahorros de costes se empantanan por la suspensión durante 3/5 años decidida por el Gobierno. El retraso reduce su aportación (en términos de interés compuesto del capital sustitutivo) entre más del 30% y más del 50%. Y la sinergia estrella, achatarrar la tecnología del Sabadell y reemplazarla por la del BBVA, choca con la autonomía de gestión ordenada para ambos.
*Reestructuración más cara. Adiós definitivo al badwill (fondo de comercio negativo de Sabadell: el valor de capitalización era inferior al de libros) de 2.134 millones con que BBVA calculó financiar la reestructuración. Ahora ese fondo del opado es súper-positivo; habría que amortizarlo de golpe y cargar la reestructuración a capital del opante. Lo que estrecharía su holgura de solvencia hacia el 12%. Alerta para el BCE.
0 comentarios:
Publicar un comentario